ABC. DOMINGO 17 DE ABRIL DE 1977. PAG. 2.

PRIMER OBJETIVO: LA DISTENSIÓN

Desde el momento mismo en que comenzó a correr el rumor de una posible legalización del «Partido

Comunista» español, ABC expresó su criterio contrario a tal medida: la razonó con motivaciones no sólo

históricas, sino en argumentos pragmáticos, prácticos y actuales que siguen vigentes.

El Gobierno ha seguido una línea distinta a la expuesta por este periódico y deseamos de corazón que no

se haya equivocado. Antes bien, coincidimos con cuantos piensan que ahora, más que nunca, el Gobierno

ha de ejercer sus funciones con autoridad.

La falta de credibilidad de que le acusaba la llamada «oposición democrática» ha resultado ser injusta. No

lleva camino de ser cierta la acusación de parcialidad a que dieron lugar los rumores de la presentación

como candidato del presidente Suárez. Pues bien: concluida la laboriosa operación de ganar la

credibilidad, la gran ocasión que tiene ahora el Gobierno entre sus manos es la de manifestar la autoridad

de su arbitraje.

La tensión producida por el reconocimiento del «Partido Comunista» era un riesgo que suponemos que el

Gobierno consideraba como previsible. La tensión prevista se ha producido. Ahora debemos todos

colaborar a serenar los ánimos y provocar la distensión. El reconocimiento es un hecho, y como tal,

aunque con disgusto, lo acatamos y ofrecemos al Gobierno nuestro apoyo en esa labor de distensión,

necesaria para llegar a la confrontación electoral, sin traumas y con serenidad.

Si el espíritu del editorial conjunto publicado ayer (1) por diversos periódicos nacionales era ése, lo

suscribimos. No obstante, hay tres objeciones que quisiéramos dejar claramente expuestas con la

redacción de ese comunicado:

1.° La acusación de considerar «sectores antidemocráticos» a quienes se han opuesto a la legalización del

«Partido Comunista» es inexacta y no significaba un ataque «contra el procedimiento político en curso».

Antes bien, consideraba y considera un error tal legalización, por el entorpecimiento que podría suponer y

tememos que suponga precisamente contra la correcta aplicación de la democracia en España.

2.º La afirmación de que «de un modo premeditado se ha querido provocar a los militares y crear un

ambiente de peligro nacional» la consideramos ligera e impremeditada. Ni a nadie con responsabilidad

política se le ha pasado por la cabeza tal dislate; ni las Fuerzas Armadas lo hubiesen tolerado ni tenemos

conocimiento de que nadie haya conspirado en este sentido. Mas si nuestra información, en lo que a esto

atañe, es más incompleta que la de los redactores de ese texto, condenamos el hecho con la misma

firmeza que ellos.

3.º Agradecemos no haber sido invitados a firmar el mencionado documento previsto, pues nuestra

aceptación hubiera estado condicionada a la sustancial modificación de los párrafos a que nos referimos

en los apartados anteriores. La acusación de «sectores antidemocráticos» a quienes han expuesto

noblemente su oposición a la presencia del más antidemocrático de los partidos del mundo es injusta, por

no decir que es interesada. La referencia al Ejército no es afortunada, pues ni nuestros mandos militares

son permeables a ligerezas de correveidiles (no mencionados por el citado escrito) ni a textos escritos con

menos fortuna que buena fe.

En consecuencia, acatamos la decisión gubernamental, aunque no nos guste, ni en su fondo ni en la forma

en que ha sido realizada, y apoyaremos cualesquiera medidas del Ejecutivo hacia la distensión política y

la concordia, dentro del orden y el ejercicio, en sus funciones, de su propia autoridad.

(1) En página 9 de nuestro número de hoy encontrará el lector el editorial aludido.