ABC. VIERNES 26 DE AGOSTO DE 1960.

LA EXENCIÓN DEL GRAVAMEN SOBRE LA RENTA A DETERMINADOS INCREMENTOS DE

PATRIMONIO

Normas a que han de ajusfarse ios posibles beneficiarios

El "Boletín Oficial del Estado" publicó ayer una orden de la Presidencia del Gobierno por la que se

aprueban las normas para la aplicación del decreto-ley por el que se eximen de la contribución general

sobre la renta Determinados incrementos de patrimonio.

He aquí el texto de la parte dispositiva de la citada orden:

"Primero.—Los incrementos no justificados, de patrimonio exteriorizados a partir de 13 de los corrientes

por la´s obras o adquisiciones a que se refiere el articulo primero del decreto-ley número 8/1960, de 10 de

agosto, no se sujetarán a gravamen por contribución general sobre la renta ni, en consecuencia, se

integrarán a ningún efecto en la renta imponible, siempre que se cumplan Jos requisitos señalados en la

citada disposición y los establecidos en esta fecha.

Tampoco se someterán a gravamen por el citado tributo ni formarán, parte de la repta imponible los

incrementos no justificados de patrimonio exteriorizados a partir de 13 de los corrientes y hasta el 29, de

abril de 1961, inclusive por las adquisiciones a que se refiere el artículo segundo del decreto-ley.

Segundo.—Gozarán de los beneficios antes citados los incrementos no justificados de patrimonio

comprendidos en el párrafo tercero del artículo noveno de la ley de 16 de diciembre de 1954, que se

pongan de manifiesto medíante las obras o adquisiciones que a continuación se citan:

1) Construcción de nuevas Viviendas urbanas o para obreros agrícolas, comprendidas estas, últimas en

las leyes de 20 de julio de 1955 y 12 de´mayo de 1956; si se trata de viviendas acogidas ai régimen de

viviendas de renta limitada u otro régimen de protección que lo sustituya en lo sucesivo, su superficie

construida no podrá exceder de 200 metros cuadrados, y deberán terminarse en el plazo de dos años,

contados desde la fecha que se señale para su comienzo.

Cuando se trate de viviendas no acogidas a la legislación reguladora de las de renta limitada, su superficie

no podrá exceder de la indicada en el párrafo anterior, pero su iniciación habrá de llevarse a cabo antes

del primero de enero de 1961 y concluirse en el plazo de dos años, a partir de la fecha señalada para su

comienzo.

Se considerarán como construcciones de viviendas las edificaciones, obras y servicios complementarios a

que se refiere el articulo segundo dé la ley de 15 de julio de 1954 y el 10 del Reglamento de 24 de junio

de 1955. siempre que se cumplan las condiciones que señala el artículo 109 de este último, cuando sea de

aplicación. En las viviendas no acogidas al régimen de las de renta limitada, las condiciones y proporción

de los locales y edificaciones serán las señaladas para las viviendas del primer grupo de las de renta

limitada.

2) Edificación de nuevas plantas en inmuebles urbanos. Las viviendas que resulten de estas

ampliaciones verticales, estén o no acogidas al régimen de las de renta limitada, no podrán tener una

superficie construida superior a la indicada en el apartado i) de este número, excepto si la mayor

superficie resulta obligada por la estructura y distribución de las plantas inferiores del inmueble ampliado,

a juicio de los órganos del Ministerio de la Vivienda, a quien se atribuye la calificación de obras en el

número quinto de esta orden.

3) Obras de consolidación y conservación de carácter extraordinario, reputándose como tales las que

reúnan las siguientes condiciones:

a) Que así se califiquen por los órganos del ^Ministerio de la Vivienda, señalados en el número quinto

de la presente disposición.

b) Que su importe exceda del 10 por 100 de la cantidad que resulte de multiplicar el módulo

establecido en el artículo primero cíe la orden de II de abril de 1957, o el que en lo sucesivo se fije, por el

´número de metros cuadrados construidos del edificio o vivienda que se pretenda reparar.

c) Que las obras no estén comprendidas en el artículo 112 del texto articulado de l>i Ley de

Arrendamientos Urbanos, de 13 de abril de 1956.

d) Que cada una de las viviendas del inmueble en que se realicen las mismas no tenga «na superficie

construida superior a 400 metros cuadrados, aun cuando la total del inmueble exceda de esta cifra.

4) Mejora de viviendas insalubres, considerándose como tales las que obtengan la calificación de

insalubridad de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de la Vivienda.

5) Adquisición de solares, siendo preciso que se verifique mediante escritura pública, en la que se

hará constar que se realiza acogiéndose a lo prevenido en el decreto-ley para edificar viviendas

de las comprendidas en el mismo y que el adquirente se compromete a solicitar la calificación provincial

de las obras, con presentación de los documentos prevenidos en el articulo tercero, en el plazo ´de

seis meses, a contar de la fecha de la adquisición, y a terminar las viviendas en el plazo improrrogable de

dos años, contados desde la fecha que por la Dirección General de la Vivienda se señale para su

comienzo. Asimismo han de obligarse a edificar totalmente e! solar adquisitivo de acuerdo con las

ordenanzas y planes de ordenación! urbana que rijan en la zona en que esté emplazado aquél.

Cuando la superficie del solar adquirido exija planificar la construcción en el mismo en distintas etapas, la

Dirección General de la Vivienda lijará la feciha de comienzo de cada una de ellas, y d plazo para

computar la obligación de edificar, a efectos de acogerse a los beneficios del decreto-ley, comenzará a

contarse para cada etapa a .partir de la fecha señalada por la citada Dirección General.

6} La primera adquisición directa al promotor de una edificación urbana o -parte de ella que se hubiere

construido al amparo de los regímenes de viviendas bonificables o de renta limitada, destinada a

domicilio habitual y permanente del interesado y su familia, p para arrendarla a terceros. La adquisición

deberá hacerse constar en escritura pública, otorgada a partir de la fecha de publicación del decreto-ley de

10 de agosto de 1960 y antes del día 30 de abril de 1961.

A estos efectos se considerarán comprendidas en el párrafo anterior las adquisiciones que se .verifiquen

de las entidades de crédito a quienes corresponde el otorgamiento de préstamos complementarios, según

las disposiciones en vigor, siempre que los inmuebles se hayan adjudicado a dichas entidades en virtud de

procedimientos seguidos para hacer los créditos que, como consecuencia de aquellos préstamos, tuvieren

contra el promotor de la vivienda si reúnen ¡os requisitos antes señalados.

7) Las aportaciones en los actos de fundación o en ampliaciones de capital a sociedades inmobiliarias

dedicadas a la construcción de viviendas de renta limitada de las reguladas por orden de 5 de noviembre

de 1955, siempre que -las mismas soliciten y obtengan de la Dirección General de la Vivienda la

concesión de este beneficio para las aludidas aportaciones en cada caso. A las solicitudes respectivas

habrá de acompañarse siempre Un estudio económico financiero de los planes de la sociedad. Las

peticiones se resolverán discrecionalmente, previo informe del Ministerio de Hacienda.

Las sociedades a quienes se conceda el beneficio referido en el párrafo anterior quedarán obligadas a

destinar estás aportaciones integramente a la construcción de nuevas viviendas.

Las acciones, títulos o justificantes representativos de las cantidades aportadas habrán de estar

depositados en un Banco inscrito en el Consejo Superior Bancario a nombre del titular respectivo hasta

completar un período de tres años, a partir de la aportación, y no podrán cederse ni enajenarse durante

dicho tiempo ni seivir de garantía a cualquier operación de crédito o similar.

ABC. VIERNES 26 DE AGOSTO DE 1960.

Tercero.—Los interesados que deseen acogerse a los beneficios del decreto-ley de lo de agosto de 1960,

con excepción de los promotores de viviendas de renta limitada, que se atendrán a lo dispuesto en el

número cuarto de esta orden, deberán formular la correspondiente solicitud al Ministerio de la Vivienda,

que se presentará ante la Delegación Provincial correspondiente al lugar donde hayan de realizarse las

obras, a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden, en la que se hará constar:

a) Nombre y domicilio fiscal del interesado.

b) Lugar de emplazamiento de la obra.

c) Datos justificativos de la financiación de la obra.

d) Importe de la inversión que se pretende realizar, con expresión de la parte de la misma a que haya de

atenderse con el incremento de patrimonio para el que se solicitan los beneficios del decreto-ley.

e) Calendario de la obra.

A la solicitud se acompañarán los documentos siguientes, según la clase de obra a realizar:

1) Viviendas urbanas para obreros agrícolas y nuevas plantas en inmuebles urbanos

a) Proyecto y presupuesto redactados por técnico competente y visados reglamentariamente

b) Justificación, mediante acta notarial, de que las obras no se han iniciado al formularse la solicitud,

2) Obras de consolidación y conservación de carácter extraordinario:

a} Memoria descriptiva de las obras que pretenden realizarse y justificación de que su importe excede del

límite señalado en -el apartado 3) del número segundo de esta orden.

b) Proyecto y presupuesto redactados por técnico competente y visados reglamentaria mente.

c) .• Justificación, por medio de acta notarial, de que las obras no se han iniciado al formularse la

solicitud.

3) Mejora de las insalubres: calificación de insalubre, expedida de acuerdo con el apartado 4) del

número segundo de la presente orden y los documentos enumerados en el apartado anterior.

Cuarto.—Los promotores de viviendas de renta limitada que pretendan obtener, la desgravación de

incrementos no justificados de patrimonio a que se refiere el decreto-ley deberán presentar ante las

Delegaciones Provinciales del_ Ministerio la solicitud inicia! de construcción para cualquiera de los

grupos y categorías_ para los que esté abierto el período de admisión, indicando en ella que se aplique a

las inversiones que -realicen el régimen de desgravación del referido decreto-ley.

Tratándose de las adquisiciones a que se refieren los apartados 5 y 6 del número segundo de esta orden,

será suficiente, a efectos de calificación por la Dirección General de la Vivienda, con que los interesados

formulen la correspondiente declaración acompañando los documentos justificativos de la inversión anís

los órganos de! Ministerio de 3a Vivienda expresados en el número tercero. En cuanto a las aportaciones

a sociedades inmobiliarias, se solicitará la calificación, uniendo el estudio económico prevenido en e¡

apartado 7) del número segundo.

Quinto.—A la vista de las solicitudes formuladas y de los documentos presentados, las Delegaciones

provinciales del Ministerio de la Vivienda formularán propuesta a la Dirección General de la Vivienda

para que acuerde calificar provisionalmente las obras cuya ejecución se solicita, como acogidas a

los beneficios del decreto-ley de lo de agosto de 1960, señalándose en la resolución que se dicte el plazo

de comienzo y terminación de las obras, así como su importe y las inversiones que el interesado pretende

acoger a ios citaclos beneficios.

Si se trata de obras de cuantía inferior a 100.000 pesetas las Delegaciones provinciales acordarán, por

delegación de la Dirección General, tal calificación, dando cuenta a ésta de la resolución adoptada.

En todo caso se dará traslado dé las resoluciones a la Delegación de Hacienda del domicilio fiscal del

interesado, y además las Delegaciones provinciales del Ministerio de la Vivienda comunicarán

mensualmente a la Delegación de Hacienda de la misma capital, por relación, las obras aprobadas

provisionalmente en el mes anterior por ellas o por la Dirección General de la Vivienda y que hayan de

realizarse dentro de la provincia.

Terminadas las obras el interesado se dirigirá a la Delegación provincial -del Ministerio de la Vivienda,

que dispondrá la correspondiente inspección comprobatoria, cuyo resultado se hará constar en acta

suscrita por e´ interesado, el arquitecto director de 1a_s obras y el del Instituto Nacional de la Vivienda.

Un ejémplar del acta será unido_ al expediente, acordándose por la Delegación provincial, por delegación

del director general de la Vivienda, o proponiendo a éste, según que el importe de la misma exceda o no

de 100.000 pesetas, la resolución definitiva, en la que se determinará la obra realizada, el importe total de

la misma, las inversiones efectuadas y el plazo de ejecución. Esta resolución se comunicará al interesado

y a la Delegación de Hacienda en su domicilio fiscal, y el traslado de ella servirá para justificar el hecho

de la inversión y que_la misma se ha efectuado ajustándose a lo dispuesto en las normas establecidas en

esta orden.

Contra ios acuerdos de calificación provisional o resoluciones definitivas podrán los interesados recurrir

en alzada ante el ministro de la Vivienda, cuya resolución agota la vía gubernativa.

Sexto.—El reconocimiento y aplicación df los beneficios fiscales para los incrementos de patrimonio en

la contribución general so-bre la renta se harán por las oficinas de Hacienda, previa presentación de las

resoluciones expedidas por las de Vivienda acreditativas de estos derechos, y siempre que se cumplan,

aparte de las condiciones ya señaladas en esta orden, las que a continuación se indican:

a) Que la Administración no haya iniciado, con conocimiento del contribuyente, ninguna actuación

acerca de los referidos incrementos de patrimonio anterior a la fecha en que se pusieren de manifiesto.

b) Que figure de modo expreso e indubitable en la declaración que se ha de presentar por contribución

general sobre la renta el importe de los incrementos exteriorizados por las obras proyectadas o las

adquisiciones realizadas, y en su caso la parte invertida durante el año a que la declaración se refiera. Esta

declaración habrá de presentarse ineludiblemente en plazo y forma reglamentarios, y a la misma habrá de

acompañarse el justificante de la correspondiente calificación de los órganos del Ministerio de la

Vivienda.

c) Que la inversión realizada se mantenga durante un período de tres años, salvo que el beneficiario

falleciese antes del transcurso del indicado plazo, en cuyo caso los herederos a quienes se adjudiquen los

bienes en pago de su haber hereditario vienen obligados para mantener el beneficio a no realizarlos

durante el plazo y en los mismos ^armiños en que lo estuviera el causante.

Sin embargo, cuando se trate de la enajenación de los locales a que se refiere e! párrafo tercero, apartado

primero, del número segundo de esta orden, no se considerará interrumpido el plazo de los tres años si el

vendedor, con posteriores reinversiones de los. productos en construcciones u obras de las comprendidas

en el decreto-, ley de 10 de agosto de 1960, y realizadas en el plazo que señala el articulo noveno de Ja

ley de jó de diciembre de 1954, completa los tres años.

Si las obras o adquisiciones realizadas al amparo de la presente orden se enajenasen antes de transcurrir

tres años a contar de la fecha de terminación o de adquisición, quedarán sin efecto los beneficios fiscales

a que se refiere el decreto-ley de 10 de agoste de 1960, sometiéndose z. gravamen el respectivo

incremento de patrimonio, y en su caso las plusvalías obtenidas en ti realización, segum las condiciones

generales señaladas en la ley reguladora del tributo.

Igualmente quedarán sin efecto los repetidos beneficios fiscales si no estuvieren terminadas las obras

vencido el plazo señalado por el Ministerio de la Vivienda para su ejecución, y en todos "los supuestos -

de no obtención de la calificación definitiva o de descalificación de las construcciones acordada por el

citado. Departamento, así como el incumplimiento de cualquiera de los requisitos a que se refiere el

apartado 5) del número segundo ´de esta orden en los casos de adquisición de solares.

Séptimo.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley de 23 de diciembre de 1959, el

Ministerio de Hacienda estará facultado para investigar los hechos que condicionen el derecho a los

beneficios tributarios.

Contra los actos económico-administrativos denegatorios del reconocimiento de los beneficios fiscales

podrán interponer los interesados los recursos que autoriza la legislación reguladora de la contribución

general sobre la renta."