EL PAÍS, miércoles 24 de junio de 1981

El divorcio de UCD

LA APROBACIÓN definitiva de la ley de Divorcio por el Congreso de los Diputados incorpora, por fin

felizmente, al ordenamiento jurídico español una norma inexcusable en una sociedad moderna y

democrática. Se ciega así la posibilidad de seguir manteniendo en nuestro país las prácticas de la doble

moral y el doble lenguaje, rasgo típico de las estructuras y mentalidades autoritarias, en un aspecto tan

fundamental para la vida cotidiana de los ciudadanos. Y se viene a solucionar así la existencia en España,

incluso cuando el adulterio era un delito sancionado en el Código Penal, de una forma de disolución del

vínculo matrimonial costosa e hipócrita, reservada a una casta de privilegiados a través del monopolio en

la materia de las autoridades eclesiásticas.

Ya iba siendo hora de que los ciudadanos sin recursos económicos, huérfanos de contactos en las alturas o

incapaces de simular dramas calderonianos, perversiones sádicas, o reservas mentales, pudieran disponer

de un procedimiento judicial para solucionar, ante los Tribunales del Estado, situaciones familiares

conflictivas o fracasadas. La mala fe o el fanatismo de los críticos del divorcio civil obligan a repetir la

perogrullada de que esa posibilidad está abierta a todos, pero no obliga a nadie. Los católicos que aceiten

la indisolubilidad del vínculo pueden elegir otros caminos, distintos al divorcio, para sobrellevar un

matrimonio frustrado. Pero al menos se acabará la inconcebible farsa de que el matrimonio canónico

fuera de hecho, la única forma que las parejas encontraran para regularizar jurídicamente su vida en

común. Tampoco sobra, por lo demás, la obvia constatación de que muchas personas que contrajeron

matrimonio canónico siendo católicos han perdido, con el paso de los años, sus creencias religiosas. Por

esas razones, hubiera sido simplemente monstruoso negar el derecho a divorciarse a las parejas casadas

por la Iglesia, fuera la devoción o la obligación el móvil de su paso por la sacristía.

La ley de Fernández Ordóñez es un texto moderado, ajustado a los principios constitucionales de libertad

religiosa y de aconfesionalidad del Estado y respetuoso con los sentimientos y creencias plurales de la

sociedad española. Severamente criticada por los partidarios de una regulación más flexible y abierta del

divorcio, esta norma ha sido objeto de una desaforada y apocalíptica campaña descalificadora desatada

por grupos y medios de opinión hipotecados con el nacional catolicismo.

El horror al divorcio civilizado y tolerante por mutuo acuerdo y el deseo de circunscribirlo a los casos de

culpabilidad de uno de los cónyuges, ilustran la extraña concepción de la moral de nuestros modernos

Torquemadas.

Pero lo más grave de esa polémica es su abierto propósito de suministrar municiones para una batalla

fundamentalmente política. No es la ultraderecha quien trata únicamente de explotar para sus fines

pesadamente temporales la llamada guerra del divorcio, una de cuyas más estrafalarias y cómicas

estampas fue el veto interpuesto por monseñor Marcelo González para que el ministro de Justicia no

presidiera la procesión del Corpus Christi en Toledo, La farsa puesta en escena por el sector

democristiano de UCD en el Congreso, a propósito de la votación secreta en que fue derrotada la cláusula

de dureza introducida por el Senado, se inscribe en la vasta, ambiciosa y meditada operación iniciada con

la ofensiva contra Adolfo Suárez e intensificada, después del 23 de febrero, para expulsar de UCD a

liberales y socialdemócratas, homologar al centrismo con la internacional cristiano demócrata y formar,

con o sin Leopoldo Calvo Sotelo como presidente una gran derecha que incluiría no sólo a los hombres de

Fraga, sino también a los sectores menos asilvestrados de la agrupación ultra conservadora que pastorean

Silva Muñoz y Fernández de la Mora.

El tiempo dirá si la derrota gubernamental en la votación de la cláusula de dureza fue una emboscada

tendida por los liberales y socialdemócratas, o una maniobra sacristanesca para provocar una crisis dentro

de UCD. Descubriremos así la trama que une al divorcio matrimonial con el que sucede en el seno del

partido. También el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días o semanas permitirá analizar

con más detenimiento y perspectiva el alcance de las tensiones suscitadas dentro del centrismo por los

líderes democristianos. Baste ahora con señalar que las críticas dirigidas contra el procedimiento de

votación secreta de las leyes resultan incomprensibles y abochornantes cuando median, como ocurre en el

tema del divorcio, cuestiones de conciencia. Y suena también a desatino la pretensión de que la derrota de

la cláusula de dureza, y la aprobación de esta ley de Divorcio, han sido un fraude político a los electores

centristas. No hace falta ser Funes el Memorioso, personaje de un relato de Borges, para recordar que las

elecciones de 1977 y de 1979 fueron ganadas por una UCD protegida por la fotografía de Adolfo Suárez,

en tanto que la única comparecencia ante las urnas de unas siglas democristianas, pese a estar defendidas

por un hombre tan íntegro y honesto como Joaquín Ruiz-Giménez, acabó, hace cuatro años, en una

hecatombe electoral.