La batalla política se centró en el aborto y las incompatibilidades

M. P. O., Barcelona La ley de despenalización parcial del aborto y la aplicación de la ley de

incompatibilidades al colectivo médico, han centrado la batalla política entre el Gobierno y la oposición

de derechas en el ámbito sanitario. Tras un tormentoso debate parlamentario y un agitado recurso ante el

Tribunal Constitucional, la ley de despenaliz ación parcial del aborto comenzó a aplicarse en el verano de

1985. Aunque la ley es tan estrecha que sólo puede acogerse a ella una ínfima parte de las mujeres que

desean abortar, su aplicación estuvo rodeada de un considerable escándalo en el que mediaron querellas

judiciales contra los médicos practicantes de los primeros abortos y una flagrante vulneración del derecho

a la intimidad de las primeras mujeres que solicitaron acogerse a la ley. La batalla tuvo especial crudeza

en el ámbito sanitario, con graves anatemas contra los médicos dispuestos a practicar abortos, hasta el

punto de que llegó a temerse que la ley no se pudiera aplicar. También en el ámbito social hubo revuelo,

con la creación de comisiones pro vida cuya actividad se fue desinflando a medida que pasaba el tiempo y

se comprobaba que la ley se aplicaba sin más repercusiones adversas. El ministro de Sanidad afrontó

impasible esta campaña, sabedor de que se hubiera producido igualmente aunque hubiera sido otro el

alcance de la ley. Aunque con dificultades, el ministerio ha logrado garantizar que en cada comunidad

autónoma exista al menos un centro público en el que se practiquen abortos. Son los únicos, puesto que

ningún centro privado ha solicitado acreditación para hacerlo. Esto ha sido interpretado como prueba de

que la ley es tan corta que no ofrece posibilidad alguna de lucro. El número de abortos realizados al cabo

del año es mínimo. El ministro se ha negado a facilitar la cifra exacta, pero no sobrepasa los 300, mientras

más de 20.000 españolas siguen abortando cada año en el extranjero y se cuentan por miles las que lo

realizan clandestina pero toleradamente en España. La ley no ha satisfecho ni las peticiones feministas ni

las de los sectores moderadamente progresistas, de modo que, al término de la legislatura, calmadas ya las

aguas en la derecha, han comenzado a oírse voces de quienes reclaman una nueva legislación menos

restrictiva, entre las que figura la de los fiscales progresistas. Estas reclamaciones han merecido menos

atención del Gobierno que las procedentes de la derecha, y algunos ministros han hecho declaraciones

anunciando que, de momento, no se piensa modificar la ley. En la aplicación de la ley de

incompatibilidades también hubo mas ruido que nueces. En la práctica, no representó una liberación

significativa de puestos de trabajo que permitiera paliar el problema del paro médico, de modo que el

descontento abarca a un sector más amplio que el de los pluriempleados recalcitrantes. La ley se ha

aplicado sin modificar paralelamente las condiciones laborales y salariales de los médicos de la Seguridad

Social, que cobran retribuciones notablemente inferiores a las que creen merecer por su calificación

profesional. A las protestas de los sectores de derechas se ha sumado el descontento de segmentos que

defienden simplemente una postura profesional. Éstos alegan que, al no ir acompañada de una política de

incentivos profesionales adecuada, la ley todavía fomenta más la desafección de los médicos hacia las

instituciones sanitarias.