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NACIONAL

MIÉRCOLES 18-2-81

Se reanudan las actividades parlamentarías

El Congreso planteó un debate a fondo sobre el tema de las torturas

MADRID (Herminio Pérez Fernández). Tenso e intenso debate, en el primer Pleno del Congreso de los

Diputados, al reanudarse sus actividades, tras mes y medio largo de vacaciones. El tema de las torturas y

malos tratos a detenidos por la Policía fue objeto de siete interpelaciones acusatorias al Gobierno. La

oposición se volcó exigiendo contestaciones minuciosas, información amplia y detallada, sanciones y

dimisiones y, sobre todo, medidas para que lo ocurrido con el supuesto etarra Arregui Izaguirre no vuelva

a suceder.

INCIDENTE.— Solo un incidente que reseñar, sin embargo, cuando el portavoz socialista, señor Peces

Barba, terminaba su extensa intervención, en la que había aludido reiteradamente al señor Arregui, el

vicepresidente primero del Gobierno, teniente general Gutiérrez Mellado, tomó la palabra para manifestar

que, sin querer ignorar la gravedad del tema, sí quería puntualizar que el señor Peces Barba se había

referido varias veces ai señor Arregui. Yo me permito recordarle que el señor Arregui era un terrorista de

ETA, cosa que no ha dicho en ningún momento.

En ese instante, desde los escaños socialistas, una voz gritó: «¡Un ciudadano igual que otro!»

Desde tos escaños centristas otra voz, no identificada, replicó contundente: «¡Cállate, imbécil!»

Hubo quien creyó que estas últimas palabras habían sido pronunciadas por el teniente general Gutiérrez

.Mellado que, en ese momento, se sentaba en su escaño, aún con el micrófono en la mano. Así se dijo por

algún medio informativo:- Sin embargo, no fue así. La voz salió de escaños situados más arriba del

«banco azul».

LA INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ROSÓN.— Tras escuchar las siete interpelaciones de la oposición,

el ministro del Interior, señor Rosón, dio lectura a un amplio y minucioso informe sobre el desarrollo de

los hechos en torno al caso Arregui, la forma en que llegaron a conocimiento de su Departamento y las

decisiones adoptadas inmediatamente por él: cese del jefe de la Brigada Regional fie Información y del

responsable de tos Servicios Sanitarios de la Dirección General de Policía, pasando a disposición de la

autoridad judicial cinco funcionarios del Cuerpo Superior de Policía.

«Al haberse puesto en conocimiento de la autoridad judicial ¡ los hechos objeto de esta interpelación

dijo— será dicha autoridad la que, en definitiva, determine las responsabilidades a que pudiera haber

lugar y adopte, en vía penal, las resoluciones correspondientes, sin perjuicio de las que procedan en vía

administrativa, en estricta aplicación del vigente régimen disciplinario.»

Señaló también que el «Consejo General del Poder judicial ha celebrado Pleno extraordinario para tratar

en profundidad las repercusiones que, en e( ámbito dé sus atribuciones, puedan derivarse de la muerte de

José Ignacio Arregui.

Las explicaciones de Rosón no convencieron a los interpelantes.

FALLOS Y LAGUNAS.— Reconoció el ministro del Interior que en la aplicación de la ley Anterroristas

a la qué calificó de instrumento válido, eficaz y necesario— se han revelado fallos y lagunas, que tendrán

que ser corregidos los unos y superados las otras, en el más breve plazo posible. Admitió también faltos y

anormalidades en los Servicios Sanitarios de la Dirección General de la Policía y en los responsables de

las Dependencias policiales, al no detectar el origen de las lesiones que presentaba el detenido. El

Gobierno desea que estos fallos y lagunas se «aperen y por eso estima que podrían

establecerse, con carácter general, garantías adicionales.

EL PESO DE LA LEY.— El señor Rosón terminó su exposición diciendo: «La muerte de José Arregui es

un caso específico y concreto con el que se encuentran relacionadas, por haber intervenido en su

detención e interrogatorio, unas personas determinadas. Si se demuestra en Derecho, la sospecha que hoy

recae sobre esas personas, de haber actuado con desprecio a tos derechos humanos del detenido, ha de

recaer sobre ellos el peso de la Ley. La responsabilidad alcanzará no sólo a los autores, sino a los que se

hayan amparado, con su consentimiento o silencio. Pero esta actuación individualizada no puede ser

instrumentada por nadie con fines políticos desestabilizadores del Estado, la democracia y la paz civil.

Esta muerte no puede ni debe suscitar el menor movimiento de simpatía o apoyo hacia el criminal

terrorismo de ETA, su entorno y sus implicaciones políticas. Esta muerte no puede ni debe ser utilizada

para detener o entorpecer la acción del Estado en una lucha antrterrorista, en la que se juega su propia

existencia la convivencia democrática.»

El Gobierno —terminó— ha dado luz a los hechos y el Gobierno ha tomado las medidas, administrativas,

jurídicas y políticas puntuales que le correspondían tomar. Son las actuaciones judiciales y las

investigaciones que se llevan a cabo-las que han de aclarar tos hechos y señalar ios responsables.»

ACUSACIONES DE LA OPOSICIÓN.—La larga serie de acusaciones al Gobierno por parte de tos siete

grupos parlamentarios que formularon interpelaciones se inició con una extensa intervención del portavoz

de Socialistas del Congreso, señor Peces-Barba, que calificó la muerte de José Ignacio Arregui como ttn

hecho «de suma gravedad» desde el punto de vista ético, jurídico y político. Anunció que este debate no

puede terminarse aquí, porque los socialistas lo continuarán en el debate de investidura y presentarán una

moción cuyas consecuencias tendrá que afrontar el nuevo Gobierno.

Le siguió en el uso de la palabra el portavoz del PCE, señor Carrillo, que afirmó: «Creo que aquí todos

estamos contra el terrorismo y todos consideramos necesaria la Policía para combatirlo. El terrorismo es

una plaga que hay que extirpar; una clara y peligrosa amenaza contra el Estado democrático.» La cuestión

de fondo es «la falta de seguridad que representan los actuales miembros integrantes de la dirección del

aparato de garantías». «En nuestro país hay torturas —añadió— porque entre los que dirigen la Policía

están los mismos que han aplicado esas prácticas durante largos años.»

Reconoció el señor Carrillo el mérito del señor Fernández Ordóñez a! «haber dado la señal de alarma

frenta a un caso evidente de tortura».

El señor Trías de Bes, en nombre de la Minoría Catalana, anunció su deseo de quitar tensión y

dramatismo a la situación, porque hoy más que nunca se necesita serenidad, reflexión y objetividad y

trabajar para que hechos así no vuelvan a repetirse. Fue la voz de la ponderación y el equilibrio.

Por los Socialistas Vascos habló el señor Solchaga, que se refirió especialmente al daño ocasionado con la

muerte de Arregui a los resultados positivos conseguidos en el País Vasco con la visita de los Reyes y con

la favorable reacción del pueblo contra él asesinato del ingénieron Ryan. Pidió una reorganización en

fondo y forma del aparato policial del Estado.

Por el PNV el señor Azcárraga reconoció la situación de acoso en que se encuentran las Fuerzas de

Seguridad en el País Vasco, pero afirmó que eso no les da derecho a tomarse la justicia por su mano. Los

responsables .de la muerte de Arregui han dado un batón de oxígeno a quienes desean la involución.

E) señor Bandrés, hablando en nombre de la izquierda del Grupo Mixto, subrayó que las cosas están muy

mal, sobre todo vistas desde elPaís Vasco. Si habíamos avanzado diez pasos hace unos días, ahora hemos

retrocedido doscientos. Aseguró que la ley de Seguridad Ciudadana «no tiene otro objeto que facilitar la

tortura» y recordó las numeros-sas ocasiones en que había denunciado ta existencia de torturas y malos

tratos. Leyó una carta que en tai sentido había dirigido al presidente Suárez poco antes de su dimisión.

Terminó exigiendo responsabilidades in-cluyendo al ministro del Interior y al fiscal, por negligencia.

Una breve intervención del señor Fraga —que había sido aludido por el señor Bandrés— le permitió

afirmar: «No he sido ni seré cómplice ni encubridor de ninguna clase de torturas. Tampoco abogado

defensor de terroristas.» Anunció que acababa de recibir la noticia de la dimisión del director general de

la Policía y de todos los comisarios generales. Y añadió: «Si queremos seguir desarmando a la nación

podemos seguir haciéndolo. Yo, desde luego, no colaboraré.»

La última interpelación fue expuesta por el señor Arredonda, del Grupo Andalucista.

INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA.—Ante las alusiones que, por dos veces, le hizo el

señor Carrito, el ministro de Justicia, señor Fernández Ordóñez, intervino brevemente para subrayar la

independencia de la Justicia y explicar la intervención que, a instancia suya, ha tenido en este caso él

Ministerio Fiscal.

El señor Carrillo agradeció sus explicaciones, considerándolas satisfactorias y lamentando que quizá

dentro de pocos días ya no sea ministro de Justicia.

ANUNCIO DE MOCIONES.—En el turno de réplica todos los interpelantes manifestaron que no se

consideraban satisfechos con la respuesta del ministro del Interior y anunciaron que se reservan el

derecho de presentar, en el plazo de tres días, sendas mociones sobre el caso.

Con ello se interrumpió la sesión, que luego continuó a puerta cerrada para tratar sobre un suplicatorio.