GOBIERNO Y SINDICATOS, ENTRE LA ESPADA Y LA PARED

(o como cubrir las apariencias sin mayor merma de prestigio)

• A las dos semanas de la firma, con toda ostentación triunfalista y con aires de «compromiso histórico»,

del llamado «Pacto de la Moncloa», todos sus acuerdos se han convertido, como algunos anticipaban, en

agua de borrajas. El Gobierno pretendió reservarse su aplicación de acuerdo exclusivamente con sus

propios criterios, proporcionando con ello el detonante para que todo el entramado se viniera abajo.

Queda bien de manifiesto, por ello, que no se trataba de una estrategia compartida para sacar adelante la

nación, sino simplemente de ganar ventaja en la proximidad al poder. Partidos y Centrales Sindicales

disponen ahora ya de una excusa suficiente para poder discrepar de lo que firmaron y justificarse ante la

opinión pública. Incluso ha habido alguien que amenazó (movimiento comunista) con iniciar toda una

campaña de reivindicaciones populares y manifestaciones públicas a todos los niveles para exigir una

convocatoria inmediata de las elecciones sindicales. De cualquier forma, la negativa social a los topes

gubernamentales no ha podido ser más rotunda. Víctor Martínez Viana, de la Confederación General de

Trabajadores Independiente me destaca, en primer lugar, su extrañeza por el hecho de que el Gobierno

haya aceptado como interlocutor tan sólo a dos Centrales Sindicales, UGT y CC.OO., olvidándose de las

demás. En su opinión, es necesario que hubiera sido respetada la retroactividad de los convenios

aprobados y en vigor y que hubieran sido los propios trabajadores y empresarios los que, directamente,

hubieran negociado sus condiciones de trabajo. Especialmente grave interpretan la posibilidad de que se

lleve a efecto una reducción del personal de un cinco por ciento en las empresas y hacen notar la ausencia

de la promulgación de una amnistía laboral correlativa a la política. Por lo que se refiere al patrimonio

sindical estiman que debe ser puesto a disposición de todos los trabajadores valorando la cobertura de

cada Central Sindical por el número de afiliados (constatado ante notario) y no por el número de votos.

La respuesta oficiosa del Gobierno a este movimiento contestatario del Gobierno no se ha hecho esperar.

El Comité Ejecutivo de UCD en uno de sus prolijos comunicados, califica de «irresponsable la actitud de

los sectores políticos y sindicales que intenta desafiar el cumplimiento y boicotear la aplicación del Pacto

de la Moncloa». ¿Estamos, por lo tanto, ante el inicio de una guerra declarada en materia de

conflictividad laboral? Parece claro que los Sindicatos no pueden imponer una disciplina política a los

trabajadores para frenar el descontento por la pérdida del nivel de vida y de las condiciones de trabajo.

Pero, obviamente, tampoco pueden situarse enfrente secundando los acuerdos de austeridad y orden

laboral acordados en la Moncloa. La situación es delicada para las Centrales Sindicales marxistas porque

pueden quedar —en la medida en que no lo estén ya— absolutamente desprestigiadas como supuestos

portavoces y defensores de los intereses de los trabajadores. De momento, parece haberse impuesto la

táctica de la disuasión; la consigna lanzada es esta: vamos a conseguir acaparar puestos claves en las

elecciones municipales y sindicales y entonces, desde una situación de fuerza, presionaremos sobre el

poder para exigir nuestras revindicaciones. En realidad, se trata sólo de buscar dilaciones. El sindicalismo

marxista está ahogado por su compromiso político, que le obliga a servir la disciplina de sus respectivos

partidos en contra, muchas veces, de los intereses de sus afiliados. El restante capítulo de la actualidad

política viene reflejado en el tema constitucional. Corroborando el anuncio formulado en su día por

Alvarez de Miranda y que provó todo un escándalo en los círculos políticos, Cifra ha difundido un

despacho en el-que se estima que se necesitarán dos años para aprobar la docena de leyes básicas que en

principio, son precisas para desarrollar el texto constitucional. Subrayó lo de «en principio», porque más

tarde será necesario regular por lo menos otros tantos temas, que van desde la condición jurídica de los

extranjeros hasta el estatuto de los funcionarios públicos. Y destacó que, según estipula la propia agencia,

al cabo de esos dos años las Cortes podrían disolverse. Medios políticos consultados no ponen de relieve

los peligros que concurren en esta situación de vacío institucional durante un período tan prolongado, lo

que equivale al período constituyente más prolongado de nuestra historia próxima. Como referencia

cercana geográficamente hay que anotar que tras la «revolución del clavel» en Portugal se tardó,

aproximadamente, seis meses en elaborar unas bases constitucionales. Dos años sin un orden de

convivencia estable reconocido y aceptado por la mayoría de la nación es un grave riesgo para una nación

que necesita restablecer con urgencia su confianza en las instituciones como paso ineludible para un

desenvolvimiento económico social aceptable. No se puede pedir incremento de las inversiones en un

clima de incertidumbre. No se puede solicitar cooperación en un común esfuerzo nacional desde la

perplejidad y el excepticismo. No se puede contar con un equilibrio estable cuando la frivolidad, la

incoherencia y el egoísmo se advierten en tantos políticos. El proceso constituyente que ahora se inicia

con propiedad puede ser una gran trampa sin asideros que puede abocar a la nación ante una disyuntiva

radical.

JASA