AHORASCALA
LA TREGUA
EL gran pacto nacional de la convi-ventia ha dirimido un difícil escollo tras el importante Consejo de
Minis-tros del viernes. El paso hacia la democracia está dado; ahora falta, naturalmente, respaldar con una
coherencia nacional, con la responsabilidad de todos, la «tierra de nadie» que nos separa del próximo 15
de junio. El Gobierno de ´la Nación, de momento, ha dado un ejemplo de decisión política meditada, y ha
ofrecido su mejor buena voluntad para estabilizar el orden, la paz y la justicia, coordenadas básicas del
presente, de cara a alcanzar un inminente mañana de soberanía popular. La decisión de resolver el grave
problema del País Vasco, como afirmaba el propio Gabinete en su comunicado, no se puede re-conducir
mediante un modelo sencillo; la apelación de que «no podrán resolverse (los problemas vascos) mientras
,no existan unos representantes legitimados por las urnas» refleja una sensación de realismo que sería
inútil, por otra parte, ocultar. De lo que se trata, de aquí a las elecciones, no es de dejar un país expedito
en soluciones. Se trata de actuar dentro del mayor pragmatismo posible, de hacer un tránsito presidido por
la concordia nacional, de llegar a. un múltiple consenso, habiendo agotado las vías del diálogo y de la
razón. Digamos, por tanto, que las medidas ema-nadas del Consejo de Ministros han parecido oportunas,
reflexivas y objetivadas. La consecución de la amnistía no es una bandera política, sino una meta real, un
deseó representativo y humanitario, y el Gobierno ha respondido sin acudir a supuestos distorsionantes.
Por ello, el extrañamiento de los presos políticos se acoge como una sentencia perfectamente válida,
al igual que han hecho muchos otros gobiernos en todas las latitudes. El extrañamiento es una pena grave
dentro de nuestro ordenamiento legal, resultado de la realización de algún delito asimismo grave. Sin
embargo, permite exteriorizar el deseo dialéctico del Poder, y debe servir —así lo esperamos
ansiosamente— para mitigar la tensión de los ciudadanos vascos. Sustituida la ira por el diálogo, no hay
razón para obcecarse en la algarada. El digno pueblo vasco tiene derecho a la paz, y todo el conjunto de la
sociedad española lo tiene también a evitar sacrificios estériles. Como sostiene el jurista Juan Manuel
Fanjul, «por encima del orden público está la paz pública». El llamamiento del Gobierno ha sido claro.
Ha empeñado su palabra en conducirnos a las urnas y en abrir para España un nuevo período histórico,
donde la palabra salga del colectivo social, y el poder legislativo del Parlamento, de unas Cortes
bicamerales, donde los escaños hayan sido ganados con los votos. Queda ahora, pues, responder en
reciprocidad de condiciones al reto legítimo, expresado desde el Gabinete. El objetivo,del 15 de junio está
próximo, y no debe malgastarse el tránsito con haladles ejemplos de prepotencia, radicalizados bajo el
señuelo de promesas utópicas. Creemos qué se ha abierto, tras el Consejo de Ministros del viernes, una
tregua inmensa y esperanzadora, promovida con un decidido y loable propósito de preservar la pugna
electoral. El acatamiento de esa tregua no es, en modo alguno, uña claudicación. Seria la soberana lección
de realismo político de treinta y" cinco millones de españoles que aspiran a resolver sus muchos y.
delicados asuntos, pero a sabiendas de que no hacen el juego a ninguna minoría maximalista.