AHORASCALA

LA TREGUA

EL gran pacto nacional de la convi-ventia ha dirimido un difícil escollo tras el importante Consejo de

Minis-tros del viernes. El paso hacia la democracia está dado; ahora falta, naturalmente, respaldar con una

coherencia nacional, con la responsabilidad de todos, la «tierra de nadie» que nos separa del próximo 15

de junio. El Gobierno de ´la Nación, de momento, ha dado un ejemplo de decisión política meditada, y ha

ofrecido su mejor buena voluntad para estabilizar el orden, la paz y la justicia, coordenadas básicas del

presente, de cara a alcanzar un inminente mañana de soberanía popular. La decisión de resolver el grave

problema del País Vasco, como afirmaba el propio Gabinete en su comunicado, no se puede re-conducir

mediante un modelo sencillo; la apelación de que «no podrán resolverse (los problemas vascos) mientras

,no existan unos representantes legitimados por las urnas» refleja una sensación de realismo que sería

inútil, por otra parte, ocultar. De lo que se trata, de aquí a las elecciones, no es de dejar un país expedito

en soluciones. Se trata de actuar dentro del mayor pragmatismo posible, de hacer un tránsito presidido por

la concordia nacional, de llegar a. un múltiple consenso, habiendo agotado las vías del diálogo y de la

razón. Digamos, por tanto, que las medidas ema-nadas del Consejo de Ministros han parecido oportunas,

reflexivas y objetivadas. La consecución de la amnistía no es una bandera política, sino una meta real, un

deseó representativo y humanitario, y el Gobierno ha respondido sin acudir a supuestos distorsionantes.

Por ello, el extrañamiento de los presos políticos se acoge como una sentencia perfectamente válida,

al igual que han hecho muchos otros gobiernos en todas las latitudes. El extrañamiento es una pena grave

dentro de nuestro ordenamiento legal, resultado de la realización de algún delito asimismo grave. Sin

embargo, permite exteriorizar el deseo dialéctico del Poder, y debe servir —así lo esperamos

ansiosamente— para mitigar la tensión de los ciudadanos vascos. Sustituida la ira por el diálogo, no hay

razón para obcecarse en la algarada. El digno pueblo vasco tiene derecho a la paz, y todo el conjunto de la

sociedad española lo tiene también a evitar sacrificios estériles. Como sostiene el jurista Juan Manuel

Fanjul, «por encima del orden público está la paz pública». El llamamiento del Gobierno ha sido claro.

Ha empeñado su palabra en conducirnos a las urnas y en abrir para España un nuevo período histórico,

donde la palabra salga del colectivo social, y el poder legislativo del Parlamento, de unas Cortes

bicamerales, donde los escaños hayan sido ganados con los votos. Queda ahora, pues, responder en

reciprocidad de condiciones al reto legítimo, expresado desde el Gabinete. El objetivo,del 15 de junio está

próximo, y no debe malgastarse el tránsito con haladles ejemplos de prepotencia, radicalizados bajo el

señuelo de promesas utópicas. Creemos qué se ha abierto, tras el Consejo de Ministros del viernes, una

tregua inmensa y esperanzadora, promovida con un decidido y loable propósito de preservar la pugna

electoral. El acatamiento de esa tregua no es, en modo alguno, uña claudicación. Seria la soberana lección

de realismo político de treinta y" cinco millones de españoles que aspiran a resolver sus muchos y.

delicados asuntos, pero a sabiendas de que no hacen el juego a ninguna minoría maximalista.