PSOE: que la rebelión militar sea juzgada por civiles

El Partido Socialista Obrero Español tiene elaborados cuatro anteproyectos de ley sobre las Fuerzas

Armadas, cuya filosofía es que la jurisdicción militar se reduzca al enjuiciamiento de aquellos delitos

cometidos por militares en servicio activo y que además lesionen la disciplina castrense.

Juan G. IBAÑEZ

Madrid — El experto socialista en cuestiones relacionadas con las libertades públicas y la Administración

de Justicia, Virgilio Zapatero, precisó ayer que el delito de rebelión y conspiración para la rebelión serán

competencia de los tribunales civiles, y la deposición de las armas no será en modo alguno atenuante, en

caso de prosperar las iniciativas legislativas del PSOE.

Los expertos socialistas tienen redactados un nuevo Código Penal militar, un anteproyecto de ley que

regula los órganos de jurisdicción militar, un anteproyecto de ley que regula los órganos de jurisdicción

militar, un anteproyeto de ley procesal y un anteproyecto de ley disciplinaria.

Virgilio Zapatero reveló la regulación del jurado, como fórmula opcional de enjuiciamiento, que sería

puesta en marcha de modo «experimental» para los delitos contra la vida —homicidio, asesinato,

parricidio, etcétera, los que afecten a la sensibilidad social —escándalo público, por ejemplo—, los que

lesionen a la sociedad en su conjunto— salud, medio ambiente, etcétera, y los cometidos por

funcionarios en el uso de su cargo.

El proyecto socialista prevé que colaboren en la designación de los jurados los Ayuntamientos, Diputa-

ciones y Audiencia Provinciales. El jurado lo compondrán siete personas, distribuidas por grupos de edad:

de dieciocho a treinta y dos años, de treinta y dos a cuarenta y cinco, de cuarenta y cinco a cincuenta y

siete y de cincuenta y siete a setenta años.

Limitaciones

Virgilio Zapatero explicó que los proyectos legislativos socialistas «tratan de armonizar la libertad de

prensa con el derecho a la intimidad y al honor, relación esta que la propia Constitución reconoce que

puede ser conflictiva».

«El Partido Socialista— declaró— tiene el propósito decidido y rotundo de no sustituir la anterior ley de

Prensa por otra nueva, porque ésta implicaría limitaciones políticamente indeseables. Las únicas limi-

taciones deben estar en el Código Penal.»

«Nosotros —insistióle/nos elaborado un proyecto de nuevo Código Penal, donde se contemplan los casos

concretos de delitos contra el honor —injuria y calumnia, por ejemplo—, o contra la intimidad —control

de correspondencia, etcétera—. La garantía de que el Gobierno no manipulará esas limitaciones está en

que serán los jueces, y no instancias administrativas, las que tendrán las decisiones.»

Virgilio Zapatero anunció la disposición por el PSOE de un proyecto propio de regulación de la objeción

de conciencia, según el cual un consejo nacional de objetores de conciencia examinará las motivaciones

de los solicitantes. En caso de ser aceptada la petición, los interesados realizarán servicios sociales

sustitutorios de la mili, en sectores donde no haya demanda de empleo y por un periodo no superior en

seis meses al del servicio militar.

Zapatero señaló que el proyecto legislativo socialista sobre asilo político contemplará los delitos po-

líticos, o conexos, cometidos fuera de España o contra el colonialismo y el racismo. No se beneficiarán de

esta ley los autores de delitos terroristas y contra la aviación civil (secuestros).

Respecto a la «acción popular», el proyecto legislativo socialista limita la exigencia «de fianzas desme-

suradas», que en el pasado han dificultado el ejercicio de este derecho.

Tras anunciar la disposición de sendos anteproyectos de nueva regulación de los derechos de reunión y

asociación —la normativa en vigor data de 1976 y 1964 — , Virgilio Zapatero expresó la intención socia-

lista de proceder a una nueva demarcación judicial, incrementar el número de jueces y reconocer al Con-

sejo General del Poder Judicial las competencias que le corresponde. Asimismo, comentó que el PSOE

mantiene sometida a estudio la posibilidad de limitar el plazo máximo de prisión provisional.