7 de octubre de 1977

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C E. O. E.) expone al país:

La CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES. ante la inminencia

de la presentación a las Cortes del "programa de saneamiento y reforma económica", ha mantenido una

reunión convocada urgentemente para fijar su actitud en relación con unas decisiones económicas y

laborales, cuya trascendencia puede ser prácticamente irreversible para la consolidación o el fracaso de la

democracia en España.

La C.E.O.E. está hondamente preocupada por una actuación gubernamental que, por lo que hasta ahora se

conoce, resulta indecisa e incoherente. Por ello, en este momento histórico, se considera obligada a

dirigirse a la nación entera, a sus representantes en las Cortes, democráticamente elegidos; al Gobierno y

a S. M. el Rey, para ofrecer la opinión del empresariado, que no puede faltar en un momento de tanta

responsabilidad, y ofrecer su experiencia, pragmatismo y conocimiento de la realidad para, mediante un

esfuerzo conjunto, evitar una situación de catástrofe nacional, que, desgraciadamente, entra en el

horizonte de las posibilidades.

Una adecuada terapéutica exige un diagnóstico veraz. En esta línea, los graves problemas que aquejan a

nuestro país puede sintetizar en dos grupos esenciales.

a) Una inflación que, deteriorando el poder adquisitivo de las rentas, implica inevitables y, a veces,

dotorosamente injustas repercusiones sociales, económicas y políticas, a lo que hay que añadir la

disminución de la competitividad interior y exterior y el importantísimo déficit de nuestra balanza de

pagos.

b) La carencia de autoridad política por parte de la Administración, a todos los niveles; la existencia

constatada de planteamientos exclusivamente políticos y algurta vez demagógicos, y la resistencia a

asumir las responsabilidades inherentes al Poder, a pesar de haber sido adquirido mediante mandato

electoral libre y democráticamente expresado por el pueblo español. Esto conlleva la falta de autoridad en

las empresas, el absentismo y la disminución de la productividad.

A consecuencia de ello, miles de empresas, creadoras de riqueza y puestos de trabajo, se encuentran hoy

en estado d« suspensión de pagos o de quiebra. La Bolsa, síntoma del estado económico de un país,

ofrece los mínimos niveles de toda nuestra historia y los mínimos de toda Europa occidental. Las pérdidas

que han sufrido loa inversores, que ascienden a cerca de seis millones de ciudadanos, se cifran en casi

400.000.000.000 de pesetas en los últimos meses. El ahorro y sus posibilidades de inversión productiva

son prácticamente inexistentes.

Las restricciones de créditos actualmente vigentes y las aún más drásticas que se producirán en el futuro,

para a justar el ritmo al anunciado por el Gobierno, incidirán en el cierre de empresas y en el número de

parados, que fácilmente puede alcanzar cifras susceptibles de crear situaciones auténticamente revolucio-

narias.

En estas condiciones se pretende aplicar una reforma fiscal que si bien teóricamente no debería afectar a

la empresa, en la realidad produce una situación de extrema gravedad, sobre todo a la pequeña empresa,

como asimismo al autopatrono, donde tradicionalmente las economías personales y la empresa nunca han

estado separadas y siguen sin estarlo. En esta situación se encuentra más del 85 por 100 del empresariado

del país.

La tipificación del delito fiscal, tal como ha sido configurado, lejos de contribuir a una solución de

redistribución más justa de rentas, produce, por su carácter drástico y extremado, desconocido en

cualquier país occidental, un desasosiego y una actitud de total Inhibición hacia iniciativas empresariales.

El empresariado español encuadrado en la C.E.O.E. desea con toda sinceridad el mayor acierto del

Gobierno en la elección e implantación de las medidas económicas y laborales conducentes al

saneamiento de la situación, porque en ello nos jugamos las posibilidades de integrarnos en una

comunidad económica —que en la realidad, no acepta enfermos—, el bienestar de todos los españoles y

la consolidación de la libertad y ]a democracia en España.

Per ello, consciente de su responsabilidad, la C.E.O.E. propone:

1.° Que las medidas económicas en preparación, se elaborea y se apliquen, con Id participación de los

empresarios y los auténticos representantes de los trabajadores, pertenezcan o no a centrales sindicales.

2° Que se lleven a la realidad, con todas sus consecuencias, las reglas de la economía de mercado que

supone el libre juego de contratación y despido, lo cual incrementará la competitividad de las empresas,

mediante una productividad adecuada, redundará en una razonable formación de precios y en un aumento

de la inversión con una correlativa reducción del paro.

3.° La reforma fiscal y presupuestaria debe realizarse en profundidad para que, en vez de convertirse en

un arma de estranigulamiento de la economía, sirva de elemento de equilibrio y reajuste de rentas a través

de una recaudación ajustada a las realidades y posibilidades del país, dentro de una política de freno del

gasto público inmoderado.

En lugar de que las recaudaciones fiscales respondan a los presupuestos de gastos, se considera

absolutamente necesario que éstos se ajusten a las posibilidades del país. Nadie puede mi debe vivir per

encima de sus medios.

4.° Ea la misma línea, es imprescindible el perfeccionamiento de la gestión óe la Seguridad Social y la.

revisión de su extensión y presupuesto, que ya supera el conjunto de los gastos estatales. No es necesario

insistir en la deficiente administración que los medios de comunicación social descubren y publican con

frecuencia.

5.º Considerando que en España las rentas salariales suponen ya más de un 65 por 100 del producto

interior bruto, nivel comparable con otros países europeos, son absolutamente imprescindibles unas

rigurosas medidas de contención de salarios y rentas, al igual que se ha hecho en Inglaterra, y Francia. La

falta de decisión demostrada hasta ahora en este tema está entre los principales causantes de los demás

males socioeconómicos. Este punte es fundamental para demostrar la respoasabiliíiad de lo que

reivindican legítimas mejoras profesionales de tos trabajadores, o la falta de esta responsabilidad cuando

las reivindicaciones sé instrumentan al servicio de fines políticos, cuyo objetivo es la destrucción de la

democracia que todos deseamos construir sobre bases sólidas y duraderas Es de esperar que el anunciado

proposito del Gobierno en este sentido, se materialice.

6.° En la inflación de costes que padecemos, la política monetaria no puede ser el único ni el principal

instrumento de lucha contra la inflación.

7.° El país, con los medios que genera la sociedad entera, y más concretamente mediante los fondos de la

Seguridad Social, debe asumir la responsabilidad de un digno subsidio de desempleo, 3o que exige la

eliminación de toda la picaresca perfectamente conocida y más o menos tolerada. En el contexto de un

plan coherente en su totalidad, loa empresarios no rehusarían participar en la financiación y control de

este subsidio de desempleo.

8.° Como no existe convivencia pacífica sin libertad si no está el orden garantizado, el Gobierno debe

impedir todas las acciones injustas de fuerza y de coacción, vengan de donde vengan —incluso del propio

Gobierno, como podría ser una amnistía laboral impuesta—, utilizando los medios legítimos que posee un

Estado democrático para preservar el bien común, que es la libertad, de la cfue son expresión el dereeshp

de acudir al trabajo y realizarlo libremente, así como el de iniciar cualquier empresa.

El intervencionismo de la Administración ha de limitarse, en lo socioeconómico, a asegurar la

pervivencia de los supremos intereses del bien cantón, dejando a las fuerzas económicas que encuentren

libremente su equilibrio en un diálogo, e incluso en una confrontación, siempre pacifica, en defensa

legítima de los intereses de las partes.

Si las medidas económicas y laborales se ajustan a las necesidades reales del país, superando cualquier

planteamiento parcial o interesado, el empresario está firmemente dispuesto a colaborar con el Gobierno y

con los trabajadores, asumiendo su responsabilidad en la construcción de una democracia auténticamente

libre, compartida por todos los españoles. En caso contrario, mediante esta boma de posición, la C.E.O.E.

declina toda responsabilidad en relación con un planteamiento irreal, injusto o pactado en ausencia del

empresariado español.