EL PAIS, viernes 28 de abril de 1978

ECONOMÍA

Alfonso Fierro a EL PAIS

"La ley de Acción Sindical no ha tenido la información pública imprescindible"

El proyecto de ley de Acción Sindical en la Empresa es una de las más complicadas encrucijadas

legislativas que afronta este país. No pocos observadores políticos del proceso democratizador español

tienen a esta discusión sobre la representación de los trabajadores en sus empresas por el principal

problema que afronta este país a corto plazo. Problema agudizado por el alarmismo con que está siendo

presentado publicitariamente por algunos sectores del empresariado y de las centrales sindicales. Alfonso

Fierro Viñas, personalidad relevante de la banca española (actualmente es primer vicepresidente del

Banco Central) aborda estas cuestiones en la siguiente entrevista concedida a EL PAIS. El señor Fierro

contesta a nuestras preguntas no como banquero, sino, esencialmente, como «capitán de empresas», ya

que es la cabeza visible de uno de los mayores grupos privados de empresas industriales del país. En los

próximos días publicaremos más opiniones

Pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre el anteproyecto de ley de representación de los trabajadores en la

empresa?

Respuesta. Mire usted, el tema es tan complejo que, a mi juicio, parece preciso puntualizar sus muy

diversos matices, implicados —quiérase o no— en el texto sobre el que me pregunta. En primer lugar se

ha permitido que este tema, sin duda trascendentes saltara a la calle sin una dosis de información pública

imprescindible. Quiero decir que la opinión del país, en general, se muestra perpleja antela^ marea, en

parte demagógica, que el asunto ha generado en los dos sectores afectados, empresarios y trabajadores.

En este sentido es de agradecer a los medios de comunicación la tarea apresurada que se han impuesto

para llenar, o intentarlo al menos, esa laguna informativa y clarificadora. Indispensable, por otra parte,

cuando se trata, en cierto modo, de aplicar, a nivel de empresa y de centro de trabajo, una interpretación

del orden económico propio de una sociedad pluralista en lo político, P. A su juicio, ¿cuáles son los

aspectos más importantes del tema? R. Podríamos enumerar los siguientes:

— La filosofía de fondo que informa la cuestión.

— Los condicionantes políticos.

— El texto del Proyecto remitido por el Gobierno a las Cámaras.

— La oportunidad del tema.

— El texto presentado por la ponencia.

— Las actitudes pragmáticas que, a mi juicio, son posibles al punto a que se ha llegado.

P. Hablemos de la filosofía de fondo.

R. Se relaciona con la empresa en sí misma legislación que la regula. Las disposiciones legales y la

realidad socio-empresarial en la Europa occidental presentan hoy claros ejemplos de cuál debe ser la

forma de ordenación de la vida económica y social de una sociedad pluralista, y ello tanto a nivel de

ordenamiento supra-empresarial como a nivel de organización en la empresa y en el centro de trabajo. La

Comunidad Económica Europea, que sigue en este punto la gran experiencia acumulada por la ordenación

de la vida económica y social en la República Federal de Alemania, ha trazado claras directrices respecto

de cuál debe ser la ordenación que apoye la consoli-dación y desarrollo de xna sociedad pluralista. No

debe olvidarse que las interdependencias entre la empresa, el orden económico y el orden d-e la sociedad

son muy fuertes y que se condicionan mutuamente. No puede organizarse una de éstas aisladamente sin

incidir en las otras.

Por otra parte, y siguiendo en el mismo punto, es de igual modo evidente que tal reforma en profundidad

de la empresa y su legislación constituye como fenómeno socio-económico, un proceso complejo, y ahí

está el largo camino de gestación del Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, abordado por la CEE,

pero cuyo contenido, sin embargo, rige en la legislación europea de varios países desde hace ya muchas

décadas. Este es el camino europeo para una reforma de la empresa. No es algo que debe inventarse, sino

que constituye ya toda una estructura afianzada, no sólo en el plano legislativo, sino en la práctica

industrial de países altamente avanzados.

P. ¿A qué se refería usted cuando citaba los condicionamientos políticos?

R. Pienso que la fase en que nos encontramos de consolidación de la democracia en España, sobre todo en

lo que se refiere al tema de la Constitución, pasaba y pasa por una necesaria política de consenso, que ha

tenido su concreción real en la firma de los pactos de la Moncloa, especie de «Carta Magna» de la

transición y que así hay que aceptar. Es natural, en consecuencia, que las formaciones políticas más

cercanas a la representación de los intereses de los trabajadores forzaran el que, entre los compromisos

adquiridos en los pactos de la Moncloa, figurara este de la regulación de la participación de los

trabajadores en la empresa. Por ello no hay que achacarle al Gobierno ni a UCD fallo alguno en lo que se

refiere a la remisión del proyecto de ley a las Cortes, porque es preciso contemplar tal acción como una

consecuencia de ese deseado e imprescindible consenso.

Debe, sin embargo, sopesarse que la regulación a nivel de empresa y de centro de trabajo de las relaciones

entre los distintos grupos sociales que configuran la actividad de las mismas no puede hacerse, como se

ha señalado anteriormente, de forma aislada. En realidad es imposible concebir la definición de esta

regulación entre los distintos grupos sociales sin que, en primer lugar, la Constitución haya definido el

marco del ordenamiento económico y social, así como los principios a los que deben someterse en sus

actuaciones los distintos grupos sociales, y, en segundo, sin haber definido el contenido y funciones de

esas otras organizaciones de carácter supra-empresarial, fundamentales en una sociedad pluralista, como

son las federaciones sindicales y las federaciones empresariales. No mezclemos lo que debe realizarse a

nivel de estas dos instituciones supra-empresariales y lo que debe regularse dentro del centro de trabajo y

dentro de la empresa.

Por ello debe considerarse que es delicada la disposición actual en torno a la acción sindical en la empresa

sin haber definido cuáles son las funciones de los propios sindicatos fuera de la empresa, esto es, darle

contenido a lo que es pieza clave en una sociedad pluralista: las federaciones sindicales. Si los sindicatos

entran en la empresa no pueden considerarse ajenos a los fines y a la eficacia de la empresa misma, y

nadie dice qué responsabilidad van a tener en estos aspectos tan decisivos.

P. ¿Cree, en consecuencia, que no ha habido ningún error por parte del Gobierno en este tema? R. A mi

parecer, por parte del Gobierno no ha habido fallo ni en remitir el proyecto, a lo que venía obligado como

consecuencia de los pactos de la Moncloa, ni en el contenido del mismo. El error, el fallo, parece que

debería imputarse al partido gubernamental, a UCD. Y ello, por haberse, aparentemente, desentendido un

tanto de lo que podía suceder, y de hecho ha sucedido, en el seno de la ponencia. Sin detenerme en la

cualificación de los representantes, la misma composición numérica de la ponencia, en la que, a mi

parecer, podría haber exigido UCD la mayoría y en la que solamente han figurado cuatro miembros de

UCD frente a un total de miembros de la ponencia de trece, habla por sí misma de esta falta de atención a

un tema tan importante. Ello parece que ha determinado el que el texto aprobado por la ponencia tenga un

matiz preferentemente autogestionario y que es lo que ha despertado la alarma general en el mundo em-

presarial, con caracteres de fuerte radicalización.

P. Algunos afirman que el proyecto ha sido inoportunamente planteado.

R. Desde el punto de vista de los condicionamientos políticos —los pactos de la Moncloa— no parece

que quepa referirse a oportunidad o inoportunidad. Se pactó entonces y había que ser consecuentes.

Ahora bien, objetivamente, parece que el mismo hecho de que se haya planteado un tan claro y fuerte

antagonismo entre los dos sectores afectados directamente por el proyecto parece revelar una dosis

importante de inoportunidad, aunque esa inoportunidad en el planteamiento habría que cargarla al «debe»

de la Oposición. Por otra parte, hay otros aspectos que inciden sobre la posible inoportunidad de plantear

esto ahora, como son la falta de una regulación económica en el marco constitucional y la falta de una

definición de las actividades y funciones de las instituciones supra-empresariales mencionadas:

federaciones empresariales y federaciones sindicales.

P. Ha comenzado ya la discusión en la Comisión de las Cortes del texto informado por la ponencia. No

obstante, el texto está ahí y la polémica también. ¿Qué cree que se puede hacer en este punto?

R. Responder a esto parece tan pretencioso como erigirme en gobernante amateur, y no lo soy. Sin

embargo, como hombre de la calle y como empresario, me parece razonable lo siguiente:

En función de los compromisos adquiridos en los pactos de la Moncloa no parece político, en absoluto, el

preconizar la retirada del proyecto, sin más, por el Gobierno, puesto que tal iniciativa podría generar —

como ya se ha advertido abiertamente— una respuesta muy dura por parte de las centrales sindicales que

agravaría aún más la situación. Otra cosa es que UCD venga obligada, en función de los sectores sociales

que la siguen, a batirse en el seno de la comisión correspondiente, con mucha más atención de lo que lo

ha hecho en el ámbito de la ponencia, e intentar mejorar el texto informado para su aprobación en el

Pleno.

Al fin y al cabo, pienso que un deseo semejante es el que ha llevado axUCD a pedir la suspensión de los

debates en el Congreso para tratar de buscar un consenso.

Como hombre de empresa creo, en primer lugar, que no debería dramatizarse. Pero, sobre todo, hay algo

más que puede hacerse de manera muy esencial. Me estoy refiriendo a una serie de hechos objetivos que

pueden arrojar luz al problema. Tales como:

— La economía de mercado, producto de la libre iniciativa económica reconocida en todas las

constituciones del mundo occidental, es el único orden económico compatible con una democracia

pluralista como la que estamos tratando de afianzar.

— Si nadie pone en duda que la actividad empresarial no es otra que la de generar riqueza y puestos de

trabajo, pocos se preocupan en nuestro país —a excepción de los especialistas económicos— de divulgar

e interpretar el significado, composición y reparto de esa riqueza. Y esta riqueza generada por la empresa

se expresa en rentabilidad, y la empresa que no logra rentabilidad, ni crea riqueza, ni crea, a la larga,

puestos de trabajo. Ahora bien, la distribución de la riqueza no puede hacerse solamente a través de la

empresa que la genera. La empresa remunera, naturalmente, los factores de producción, entre ellos al

personal; pero el Estado, como órgano supra-empresarial, busca el que la distribución de la riqueza se

realice bajo factores de justicia social para todos los grupos de la sociedad.

De todos modos, la simple constatación, en los últimos años, del fuerte incremento porcentual que la

masa salarial ha experimentado el reparto de la riqueza generada a nivel sectorial o nacional da buena

idea de cómo, al margen de los beneficios recibidos por el trabajo mediante la política fiscal del

Gobierno, la empresa viene directamente contribuyendo, de forma decisiva, en el aumento de nivel de

vida de los más necesitados.

— Por último, es una realidad el que, cada vez más, la complejidad de la empresa ha hecho más relevante

la figura de los directivos profesionales. El capital pasa a ser recurso financiero individual o colectivo

impulsor y motor de la empresa. Entonces, esta presencia de una dirección profesional a la que se puede

acceder desde la base va adquiriendo la forma de un poder moderador entre los otros dos poderes: capital

y trabajo. Como su responsabilidad consiste en garantizar la supervivencia, el futuro de la empresa, y ello

exige asegurar una rentabilidad adecuada a los capitales invertidos, no deja de sorprenderme que se esté

considerando como reivindicativa, por parte del personal, la información sobre la empresa y su entorno,

siendo así que una de las características más singulares que cualifica a una dirección profesional es la de

delegar. Y esto no puede hacerse sin información descendente, del vértice a la base. Varias de nuestras

empresas trabajan en el marco de modernas técnicas de gestión que sólo son operativas con transparencia

informativa. Y estoy seguro que, en este aspecto, la empresa española en general ha progresado en

términos iguales.

En una palabra. Yo creo que el empresario español no rechaza la participación del personal en la gestión.

Acepta y necesita de esa participación si es que ésta responde a un modelo de empresa que fuera

considerada instrumento de colaboración armónica, de paz social y, por tanto, de mayor creación de

riqueza y más equitativo reparto de la riqueza producida.