TRIBUNA LIBRE
La consolidación de la pequeña y mediana empresa
LUIS LARROQUE De la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
La salida cada día más urgente de la crisis económica y la consolidación de la democracia como sistema
de convivencia pacífica de los españoles, pasa por la previa consolidación y afianzamiento de la pequeña
y mediana empresa. Si la desesperación política y la bancarrota económica afectase de un modo definitivo
a nuestros pequeños y medianos empresarios, cabrían pocas dudas del sesgo político autoritario y
antidemocrático que tomaría cualquier «aparente» solución a la inestabilidad social generada.
La trama básica de la economía española no la forman los monopolios ni la gran banca o las
multinacionales. A pesar del peso vigente y decisivo de la oligarquía dominante, los pequeños y medianos
empresarios han creado día a día una constelación de centros de trabajo, iJe servicios y de producción de
bienes económicos. Una legislación fiscal, laboral y financiera que primaba a la gran empresa sobre la
pequeña y mediana, no ha podido yugular la capacidad de iniciativa económica de cientos de miles de
empresarios, que han arriesgado, y muchas perdido, su patrimonio personal en el seno de una estructura
política y económica dominada por el capitalismo monopolista.
Base del empleo
De acuerdo con las más salientes estadísticas, los pequeños y medianos empresarios proporcionan empleo
a cuatro españoles de cada cinco y producen tres cuartas partes de los bienes y servicios consumidos cada
año. Según el censo sindical al 31 de diciembre de 1976, del Servicio Central de Elecciones, cuatro de
cada cinco centros de trabajo, tienen menos de 250 trabajadores. Concretamente, los centros de trabajo
con menos de cincuenta trabajadores sumaban un 57,68 % del total.
Estos datos realmente abrumadores son tan conocidos teóricamente como desconocidos por la legislación
oficial y la política económica del Gobierno, sobre el que pesan, sin duda, importantes lastres de un
pasado —y de un presente— en el que se ha manifestado omnipresente el predominio de los monopolios
y de los grandes intereses económicos sobre los intereses de la inmensa mayoría. La distribución del
crédito por los bancos y el sistema financiero en su conjunto, la desgravación fiscal a la exportación y los
beneficios y exenciones fiscales, el peso de las cotizaciones de la Seguridad Social que discrimina a la
pequeña y mediana empresa, son bolones de muestra de un sistema montado por y para la gran empresa
pública o privada. Es, en definitiva, un hecho incontestable que la estructura de nuestras leyes y la
práctica de nuestra Administración, no recoge fielmente —como debiera hacerlo— la realidad social
insoslayable de la posición de cabecera de la pequeña y mediana empresa en la creación de puestos de
trabajo y de riqueza material y social.
Todo lo expuesto explica suficientemente que la crisis económica afecte de una manera radical y
profunda a la estabilidad económica de miles de pequeñas y medianas empresas, que cierran ´sus centros
de trabajo o reducen en la medida de lo posible el empleo .ofertado o restringen al máximo la producción
de los bienes y servicios demandados y necesitados por los consumidores. No se trata de dramatizar una
situación normal y tolerable. Se describe objetiva aunque apasionadamente una situación critica de la
economía del país, situación de la que todos debemos ser conscientes para su superación. Porque ésta es
posible, a pesar de las dificultades y de las contradicciones actuales.
Cambio de actitud
Hay en los pactos de la Moncloa determinadas referencias indicativas de un cambio apreciable de la vieja
política. La prevista reforma del sistema financiero, por ejemplo, comportaría una atención prioritaria de
las Cajas de Ahorro a la financiación de la pequeña y mediana empresa y el conjunto de las instituciones
financieras reforzaría su funcionamiento democrático. Sin embargo, una reciente disposición oficial,
permite a la banca mantener durante un año más, la vigente distribución porcentual del crédito entre
grandes y pequeñas empresas, lo que, al margen de la buena intención de sus autores, parece canonizar
provisionalmente una situación de «desorden establecido».
Hay también en el Gobierno, declaraciones privadas y públicas de apoyo a la pequeña y mediana
empresa, declaraciones que permiten abrir un campo a la esperanza, pero, sin embargo, cuando se reúnen
sus portavoces oficiales con las centrales sindicales y patronales, marginan de la cita a las organizaciones
de los pequeños y medianos empresarios.
Hay, por último, en todos los partidos políticos parlamentarios (comunistas, socialistas, UCD, AP, vascos
y catalanes) unos programas que reflejan más o menos acertadamente la importancia de los pequeños y
medianos empresarios, pero sin embargo, sus dirigentes y sus militantes no acaban de comprender en la
práctica política la apremiante necesidad de un apoyo más explícito y eficaz.
Esta confusa situación ha dado pie a la creciente crispación del empresario independiente, y a la
manipulación interesada de dicha crispación por las organizaciones patronales dirigidas por
representantes notorios de las clases económicamente dominantes, instaladas de antiguo en los
monopolios y grandes empresas, que constituyen, como hemos visto, una pequeña fracción numérica del
empresariado. Se pretende, al parecer, provocar la creación de un clima extremo de desesperación en el
pequeño y mediano empresario, frente a la naciente democracia y a la solidaridad económica que se
desprende del contenido pleno de los pactos de la Moncloa.
Esta operación que dificulta la salida económica de la crisis y la convivencia pacífica puede ser, sin
embargo, frenada por la unidad operativa de todas las organizaciones de las pequeñas y medianas
empresas, cuyos específicos intereses deben ser identificados, defendidos y promovidos por sus propios
dirigentes, sin ninguna clase de tutela o de control por las grandes patronales, que en definitiva son las
«patronales de los grandes».
Y esta unidad operativa debe construirse a partir de la aceptación plena del pluralismo ideológico del
empresariado español y de la necesaria independencia respecto a los partidos políticos.
La presencia pública, constructiva, rigurosa y solidaria de una organización de este tipo, comportaría la
mejor esperanza de una salida económica que tuviera en cuenta los intereses de la mayoría y asentaría
sólidamente los pilares sociales y económicos de la democracia como forma y estilo de convivencia entre
los españoles.