TRIBUNA LIBRE

La consolidación de la pequeña y mediana empresa

LUIS LARROQUE De la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa

La salida cada día más urgente de la crisis económica y la consolidación de la democracia como sistema

de convivencia pacífica de los españoles, pasa por la previa consolidación y afianzamiento de la pequeña

y mediana empresa. Si la desesperación política y la bancarrota económica afectase de un modo definitivo

a nuestros pequeños y medianos empresarios, cabrían pocas dudas del sesgo político autoritario y

antidemocrático que tomaría cualquier «aparente» solución a la inestabilidad social generada.

La trama básica de la economía española no la forman los monopolios ni la gran banca o las

multinacionales. A pesar del peso vigente y decisivo de la oligarquía dominante, los pequeños y medianos

empresarios han creado día a día una constelación de centros de trabajo, iJe servicios y de producción de

bienes económicos. Una legislación fiscal, laboral y financiera que primaba a la gran empresa sobre la

pequeña y mediana, no ha podido yugular la capacidad de iniciativa económica de cientos de miles de

empresarios, que han arriesgado, y muchas perdido, su patrimonio personal en el seno de una estructura

política y económica dominada por el capitalismo monopolista.

Base del empleo

De acuerdo con las más salientes estadísticas, los pequeños y medianos empresarios proporcionan empleo

a cuatro españoles de cada cinco y producen tres cuartas partes de los bienes y servicios consumidos cada

año. Según el censo sindical al 31 de diciembre de 1976, del Servicio Central de Elecciones, cuatro de

cada cinco centros de trabajo, tienen menos de 250 trabajadores. Concretamente, los centros de trabajo

con menos de cincuenta trabajadores sumaban un 57,68 % del total.

Estos datos realmente abrumadores son tan conocidos teóricamente como desconocidos por la legislación

oficial y la política económica del Gobierno, sobre el que pesan, sin duda, importantes lastres de un

pasado —y de un presente— en el que se ha manifestado omnipresente el predominio de los monopolios

y de los grandes intereses económicos sobre los intereses de la inmensa mayoría. La distribución del

crédito por los bancos y el sistema financiero en su conjunto, la desgravación fiscal a la exportación y los

beneficios y exenciones fiscales, el peso de las cotizaciones de la Seguridad Social que discrimina a la

pequeña y mediana empresa, son bolones de muestra de un sistema montado por y para la gran empresa

pública o privada. Es, en definitiva, un hecho incontestable que la estructura de nuestras leyes y la

práctica de nuestra Administración, no recoge fielmente —como debiera hacerlo— la realidad social

insoslayable de la posición de cabecera de la pequeña y mediana empresa en la creación de puestos de

trabajo y de riqueza material y social.

Todo lo expuesto explica suficientemente que la crisis económica afecte de una manera radical y

profunda a la estabilidad económica de miles de pequeñas y medianas empresas, que cierran ´sus centros

de trabajo o reducen en la medida de lo posible el empleo .ofertado o restringen al máximo la producción

de los bienes y servicios demandados y necesitados por los consumidores. No se trata de dramatizar una

situación normal y tolerable. Se describe objetiva aunque apasionadamente una situación critica de la

economía del país, situación de la que todos debemos ser conscientes para su superación. Porque ésta es

posible, a pesar de las dificultades y de las contradicciones actuales.

Cambio de actitud

Hay en los pactos de la Moncloa determinadas referencias indicativas de un cambio apreciable de la vieja

política. La prevista reforma del sistema financiero, por ejemplo, comportaría una atención prioritaria de

las Cajas de Ahorro a la financiación de la pequeña y mediana empresa y el conjunto de las instituciones

financieras reforzaría su funcionamiento democrático. Sin embargo, una reciente disposición oficial,

permite a la banca mantener durante un año más, la vigente distribución porcentual del crédito entre

grandes y pequeñas empresas, lo que, al margen de la buena intención de sus autores, parece canonizar

provisionalmente una situación de «desorden establecido».

Hay también en el Gobierno, declaraciones privadas y públicas de apoyo a la pequeña y mediana

empresa, declaraciones que permiten abrir un campo a la esperanza, pero, sin embargo, cuando se reúnen

sus portavoces oficiales con las centrales sindicales y patronales, marginan de la cita a las organizaciones

de los pequeños y medianos empresarios.

Hay, por último, en todos los partidos políticos parlamentarios (comunistas, socialistas, UCD, AP, vascos

y catalanes) unos programas que reflejan más o menos acertadamente la importancia de los pequeños y

medianos empresarios, pero sin embargo, sus dirigentes y sus militantes no acaban de comprender en la

práctica política la apremiante necesidad de un apoyo más explícito y eficaz.

Esta confusa situación ha dado pie a la creciente crispación del empresario independiente, y a la

manipulación interesada de dicha crispación por las organizaciones patronales dirigidas por

representantes notorios de las clases económicamente dominantes, instaladas de antiguo en los

monopolios y grandes empresas, que constituyen, como hemos visto, una pequeña fracción numérica del

empresariado. Se pretende, al parecer, provocar la creación de un clima extremo de desesperación en el

pequeño y mediano empresario, frente a la naciente democracia y a la solidaridad económica que se

desprende del contenido pleno de los pactos de la Moncloa.

Esta operación que dificulta la salida económica de la crisis y la convivencia pacífica puede ser, sin

embargo, frenada por la unidad operativa de todas las organizaciones de las pequeñas y medianas

empresas, cuyos específicos intereses deben ser identificados, defendidos y promovidos por sus propios

dirigentes, sin ninguna clase de tutela o de control por las grandes patronales, que en definitiva son las

«patronales de los grandes».

Y esta unidad operativa debe construirse a partir de la aceptación plena del pluralismo ideológico del

empresariado español y de la necesaria independencia respecto a los partidos políticos.

La presencia pública, constructiva, rigurosa y solidaria de una organización de este tipo, comportaría la

mejor esperanza de una salida económica que tuviera en cuenta los intereses de la mayoría y asentaría

sólidamente los pilares sociales y económicos de la democracia como forma y estilo de convivencia entre

los españoles.