EMPRESARIOS Y ELECCIONES

Nos parece tan oportuno como interesante el documento hecho público la semana pasada por

el Círculo de Empresarios, que acoge en su seno a destacados miembros del empresariado, y

tiene, en consecuencia, un notable peso específico en la vida económica nacional.

Casi diaríamos que tal documento era absolutamente necesario en circunstancias como las

que actualmente atraviesa España, a pocos días de las primeras elecciones generales

amparadas por la Constitución y en momentos de singular tensión laboral, no siempre ajena a

los condicionamientos políticos.

Él empresario es, con harta frecuencia, blanco de ataques airados, la mayoría de las veces

injustos, pero que cuentan con sólida apoyatura demagógica. Por eso constituye un ac´erto

esta manifestación de neutralidad de los empresarios, en cuanto tales, de cara a los comicios.

Neutralidad que nace precisamente de una voluntad clara de compatibilidad «con cualquier

Parlamento y con cualquier Gobierno» que respeten los principios establecidos en la

Constitución, uno de loa cuales consagra el sistema de economía de mercado.

Es fácil y tópico el recurso a calificativos tan gastados como el «de derechas» aplicado a los

empresarios. En el momento que comentamos, el Círculo subraya la contribución sustancial a

la superación de la crisis y a la consolidación de la democracia. Democracia que para merecer

tal nombre tiene que defender y respetar la pluralidad de tendencias y de posturas, y con mayor

fervor, si cabe, a quienes están llamados a generar trabajo, riqueza y bienestar para todos.

Al lado de ¡a confesión de neutralidad, una precisa advertencia: «En una economía de mercado

el beneficio es la medida de la aceptación de la empresa por la sociedad, la base de su

permanencia y expansión y la condición imprescindible para el mantenimiento y multiplicación

de los empleos.» Está claro que sin ese motor debidamente lubricado se corre grave riesgo de

caer en una paralización de toda la actividad económica y llegarse al caos. Está claro que la

actuación del sector público, a ritmo creciente de presencia, no puede matar a la iniciativa

privada, porque nos situaríamos en los bordes mismos de la anticonstitucionalidad. Está claro

que sólo con un horizonte en el que se dibujen claridades y certidumbres se multiplicará la

inversión productiva creadora de nuevos puestos de trabajo, punto de partida para alcanzar

cotas más elevadas de bienestar colectivo.

De aquí la necesaria advertencia: «Los programas políticos deben sopesar con mucho rigor la

repercusión de las medidas que propongan en los costes de las empresas.» Se dice, y no sin

razón, que ía recién aprobada Constitución es ambigua y que son muchas las leyes que deben

sancionar las Cámaras para su ulterior desarrollo. En ellas cabe introducir un factor de

perturbación de la normal vida empresarial. La señal de alerta ya está dada.

Otro aspecto que aborda de frente el documento es el de la estabilidad en el empleo, que en

modo alguno puede identificarse con la seguridad absoluta de conservarlo de por vida y en

cualesquiera circunstancia. Hay que establecer unas reglas de juego bien claras, que sirvan de

marco a la necesaria colaboración de trabajadores y empresarios en el proceso productivo. Las

posturas maximalis-tas son inaceptables: ni el despido libre ni la implacable rigidez de plantillas

son fórmulas que conducen a soluciones justas. Por el contrario, en sí mismas encierran un

cierto rechazo de las libertades que sirven de base a la democracia y contradicen en alguna

medida los criterios a que se ajustan los sistemas de economía de mercado.