Voluntad negociadora y sentido de responsabilidad

Aunque ha transcurrido casi un mes desde que se iniciaron las conversaciones entre CEOE y

CEPYME y las centrales UGT y CC OO, todas las partes coincidimos en afirmar la grave

dificultad en que se encuentra el Acuerdo Interconfederal.

La incuestionable voluntad negociadora del empresaríado, no le puede llevar a enamorarse

ciegamente del Acuerdo, pues, por realismo y por responsabilidad, sabe que el margen de

negociación es tremendamente estrecho y que no es posible firmar a cualquier precio.

Los representantes empresariales, en todos los niveles, valoran en toda su dimensión la

importancia que tiene mantener una política de concertación social que se inició a mediados de

1979, con el Acuerdo Básico interconfederal y que se ha prolongado hasta ahora bajo diversos

Gobiernos y políticas económico-sociales. Y desean que se sigan concordando criterios con los

sindicatos para facilitar, no para ahormar rígida e indiscriminadamente, la negociación de los

3.600 convenios que anualmente se vienen suscribiendo.

Se encuentran, sin embargo, con un dato exógeno y nuevo, que condiciona y distorsiona

gravemente las posibilidades de concluir con éxito las largas horas de discusión y diálogo con

los sindicatos: el proyecto de ley fijando la jornada máxima en cuarenta horas semarlales, que,

caso de aprobarse en sus propios términos, bajaría el listón legal de 2.006 horas a 1.834 horas

y media la jornada anual.

La repercusión de esta medida, impuesta que no concertada como en el AMI, varía

sensiblemente, según las empresas y sectores. A nuestro juicio, no cabe hablar a efectos

de negociar cada convenio colectivo de que la media nacional está ya en 1.879 horas/´año,

porque los costes empresariales, como es evidente, no resultan de medias nacionales, sino

que hay que calcularlos a partir de la realidad diversa de cada sector y área geográfica. Y es lo

cierto (lo reconoce la propia Administración), que no menos del 38 por 100 de los convenios

están por encima no de las 1.834 horas y media, sino de las 1.880 horas y que en esa situación

se encuentran cerca de dos millones y medio de trabajadores, con una media actual de 1.927

horas.

Otro 39 por 100 de tos convenios, los de 1.680 horas, tendrán que reducir otras cuarenta y seis

horas y media, después de un esfuerzo de ajuste durante tres años consecutivos y ello

manteniendo bajos niveles de productividad, comparativamente hablando con nuestros

competidores europeos y subsistiendo en bastantes sectores, como trabajo remunerado, el

llamado «bocadillo».

Las empresas ya no pueden, globalmente hablando, absorber más y en solitario el impacto de

la reducción de la jornada. En otro caso, ©I crecimiento de costes de personal, de organización

y de utilización inadecuada del equipo productivo pondrá en riesgo su presencia en el mercado

y la subsistencia de puestos de trabajo.

En la Europa occidental hay precedentes recientes de reparto de los costes de reducción de la

jornada (por ejemplo, Holanda) y de acuerdos para gradualizar y flexibilizar la reducción de la

jomada durante varios años (por ejemplo, la UIMM —patronal metalúrgica— y las centrales

sindicales francesas), distinguiendo incluso en nuestro país vecino entre jornada de presencia

(cuarenta y dos horas y cincuenta y cuatro minutos) y jornada efectiva que es la que se

retribuye.

Si es bastante dudoso, como señalan ios técnicos, que la reducción de la jornada mejore el

nivel de empleo (por ejemplo, Bélgica tiene treinta y siete horas de media de jornada semanal y

se va acercando al 15 por 100 de paro), lo que es absolutamente seguro que produce un

incremento de coste imposible de absorber para muchas empresas, especialmente las

pequeñas, que son la gran mayoría en nuestro país.

De ahí que al considerar cualquier propuesta de banda salarial, CEOE y CEPYME necesitan

ver aclarados tos interrogantes que a principios de enero puso encima da la mesa de

negociación,. ¿Aceptan los sindicatos paclar sobre jornada anual y trabajo efectivo? ¿Están

dispuestos a gradualizar la implantación tíe la nueva jornada legal en razón a \a diversidad de

situaciones en que se encuentren las empresas? ¿Quieren compartir, de alguna forma, la

incidencia en costes que tiene la reducción de jornada? ¿Están dispuestos tos sindicatos a

hacer uso del ofrecimiento que desde el Gobierno se ha hecho para proponer modificaciones

realistas, junto con los empresarios, al proyecto de ley? Las respuestas, cuando las ha habido,

han sido negativas o insatisláctorias para la solución del problema.

Problema que no es único, pues la cláusula de garantía o de revisión, como dicen los

sindicatos, y el techo y suelo de la banda salarial siguen «encallados». Para sacar a ftote lodos

estos problemas y así contribuir todos, empresarios y trabajadores, a la consecución de

objetivos, marcados como prioritarios por el propio Gobierno, es necesaria una gran dosis de

realismo y de moderación. Es nuestro deseo, como representantes del empresa-fiado, que el

sentido de responsabilidad y el realismo faciliten la concertación social, sea con Acuerdo

Interconfederal o con políticas Sindicales y empresariales convergentes en las mesas de los

convenios colectivos, que pronto habrá que empezar a negociar.—Diego de Pedroso,

presidente de la Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE.