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POLÍTICA

EL PAÍS, miércoles 27 de octubre de 1982

El 28 de octubre, elecciones legislativas

Presentamos en estas tres páginas un análisis comparativo, elaborado a base de cuadros, de los programas

de los principales partidos políticos, tanto de ámbito nacional como nacionalistas, ordenados de acuerdo

con los resultados que obtuvieron en las últimas elecciones legislativas

Análisis comparativo de la oferta de UCD, PSOE, PCE, AP, CDS, PNV y CiU

La mejora del Estado y la lucha contra la crisis, preocupaciones de los programas electorales

La reforma y mejora de la funcionalidad del Estado y la oferta de extensas actuaciones económicas para

luchar contra la actual crisis, especialmente el paro, son los principales ejes de las ofertas programáticas

de los siete grandes partidos —cinco de ámbito estatal y las dos mayores fuerzas nacionalistas—, que

ofrecemos en este estudio comparativo. Los temas se agrupan por grandes apartados generales.

La política económica que ofertan los distintos partidos se mueve en un escaso margen de maniobra,

aprovechado sobre todo por los socialistas, que, independientemente del juicio de valor de sus prioridades

y de la ideología defendida, han realizado el programa más completo de todos.

Se nota mucho el distinto proceso de elaboración de los programas, —unos realizados en escasos días,

otros trabajados durante muchas semanas o meses—, que han centrado la mayor parte de sus análisis en la

crisis económica y en su principal efecto: el desempleo creciente. Se puede afirmar que el centro de toda

la campaña y de la política económica que aplique quien gobierne, ha sido el paro.

Alrededor de la prioridad de detener la marcha creciente del paro giran todas las políticas económicas. En

los preámbulos de las medidas concretas está la filosofía de lo que luego se ofrece. UCD, por ejemplo,

justifica la marcha de la economía española hasta ahora asegurando que su situación sería mucho peor de

no haberse modernizado en las dos legislaturas anteriores los diferentes sectores: el fiscal, el financiero, el

aparato industrial, etcétera.

Alianza Popular ataca despiadadamente este punto de vista, situando la economía española en una cuesta

abajo, inclinada por la incidencia en redistribuir las rentas en vez de insistir en la creación de la riqueza.

PSOE y PCE construyen, con diferente énfasis y rigor, todo el programa alrededor de la necesidad de

crear puestos de trabajo. No es que el empleo constituya su prioridad, sino que todas las medidas tienden

al final el objeto de generar puestos de trabajo.

En otros aspectos de los programas, se advierte una preocupación general por mejorar el funcionamiento

de estructuras básicas del Estado, como la Administración en general, la justicia, la estructura policial y la

organización militar. En este último tema destaca también la propuesta generalizada de reforma de la

justicia militar, principalmente para adaptarla mejor a la Constitución, y en particular en AP para instaurar

los principios de tratamiento oral, instancia única salvo excepciones y mayor celeridad. También son

importantes los paquetes de medidas para elevar la eficacia de la justicia y la lucha contra el terrorismo —

todos coinciden en aumentar sustancialmente los medios materiales y humanos—, o para mejorar la oferta

educativa, con diversas posiciones acerca del control de subvenciones al sector privado. En política

exterior, la integración en la OTAN es el principal, y casi único, tema de polémica.

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El 28 de octubre, elecciones legislativas

Reforma de las administraciones públicas.

La necesidad de reforma de las administraciones públicas para hacerlas más funcionales y eficaces es un

punto común, al menos como declaración de intenciones, de la totalidad de los programas, aunque las

medidas concretas muestran variaciones notables entre una opción y otra. Así, UCD, PSOE, PCE, CDS y

PNV incluyen

la implantación de un sistema de incompatibilidades más o menos riguroso, propuesta que no aparece ni

en AP ni en CiU. AP está de acuerdo, en cambio, con centristas, socialistas y comunistas en la necesidad

de una mayor profesionaliz ación de la función pública, y concretamente en la tesis de eliminar la

designación política de los directores generales. UCD, PSOE y AP coinciden en la

propuesta de regulación de los derechos sindicales de los funcionarios, tema que no cita AP. La opción

que encabeza Manuel Fraga hace, en cambio, hincapié en la necesidad de coordinación y homo-

geneización del funcionariado, así como de elaborar un organigrama estable de los servicios. La organi-

zación de las administraciones públicas es causa de importantes diferencias según las concepciones

que cada partido tiene del Estado. Así, por ejemplo, AP y PSOE revelan un punto de vista más estatal,

mientras los nacionalistas reclaman un escrupuloso respeto a las competencias autonómicas. Estas

propuestas conectan directamente con los programas sobre autonomía, donde llama la atención la

indefinición sobre la LOAPA de AP, y en cierta medida del PSOE, aunque este partido decla-

ra su intención de culminar los pactos autonómicos que dieron origen a la polémica ley. Esta es rechazada

tajantemente por comunistas y nacionalistas, mientras UCD se atiene a lo que sentencie el Tribunal

Constitucional. También cabe destacar que todos los partidos están de acuerdo en completar la

elaboración de estatutos y el proceso de transferencias.

Potenciar la Justicia

y la seguridad. Los programas de los principales partidos coinciden en la necesidad de dotar de más y

mejores medios a la Administración de Justicia y a los aparatos policiales, lo primero para sacar al poder

judicial de la penuria material en que se halla, y lo segundo para dar un impulso decisivo a la lucha contra

el terrorismo,

en primer lugar, y en menor medida contra la delincuencia. Sobre los terroristas, destaca la condena

tajante a ETA por parte del PNV, y el rechazo absoluto de AP a cualquier negociación. Todas las

propuestas programáticas coinciden —sólo CiU no lo cita— en la regulación del habeos corpus, es decir,

la garantía de tutela del ciudadano por parte de los

jueces ante la acción policial. Otras dos coincidencias generales son la necesidad de dotar de más medios

a la Administración de justicia —UCD concreta un mínimo del 5% de los Presupuestos del Estado—, y

de regular la participación de los ciudadanos en los jucios mediante el jurado, aunque UCD, AP y CDS lo

limitan a ciertos casos penales. También son

mayoría los partidos que recogen la elaboración de un nuevo Código Penal, propuesta que no suscribe

AP. UCD propone la elaboración de una nueva ley de partidos políticos, mientras el PSOE se refiere de

forma más generalizada a la necesidad de adaptar a la Constitución la legislación sobre asociaciones. En

cuanto a la lucha contra el te-

rrorismo, todos los partidos coinciden en la necesidad de reorganizar y aumentar los medios, y en gran

medida en el propósito de aislar socíalmente al terrorismo. UCD y PCE reclaman una diplomacia firme

sobre el terrorismo, y citan expresamente a Francia en este sentido. Socialistas y comunistas proponen

una más estrecha dependencia de la Guardia Civil.

Control de las subvenciones a la

enseñanza privada. Las medidas de política sobre el primer nivel escolar son la principal fuente de

diferencias entre los programas de los partidos en cuanto a enseñanza, especialmente por lo que se refiere

a las orientaciones económicas. Cabe destacar, no obstante, que todos los grandes partidos admiten en

principio la existencia de un sector privado en

la enseñanza y su subvención a cargo del Estado. Las diferencias se presentan a la hora del control de las

subvenciones, cuya regulación reclaman expresamente PSOE, PCE, CDS y PNV, mientras AP no cita

sobre este tema y UCD se refiere más ambiguamente a participación del sector privado, con "financiación

adecuada". La izquierda pone el acento también en la necesidad de, expansión del sector público y

atención a las

zonas deprimidas —en esto coincide el centro—, y en el alargamiento de la edad de escolariza-ción, que

también alcanza, en menor medida a los demás partidos. Todos los grupos, excepto AP, coinciden en la

propuesta de regular la autonomía universitaria, tema que quedó estancado en la anterior legislatura. UCD

y AP recogen la existencia de universidades privadas. En el capítulo de Sanidad es gene-

ral la propuesta de libre elección de médico en el sector público, con diversos matices sobre la extensión y

posibilidades de adoptar esta medida en la práctica, y la no exclusión de la iniciativa privada en el sector

sanitario, aunque el PSOE contempla ésta participación bajo criterios de "comple-mentariedad,

normalización y transparencia". El Partido Comunista de España distingue más su propuesta, que resume

en la crea-

ción de un Servicio Nacional de Salud integrador de todos los recursos públicos.

También es común la propuesta de una legislación que proteja al consumidor, en ocasiones completada

con legislación sobre comercio interior. En este capítulo es destacable la preocupación general por el

cuidado de la salud ciudadana y la protección del medio definitiva del medio ambiente.

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Programa sobre economía

Política económica general

Sistema financiero

Sistema fiscal

Pymes

UCD Reactivación económica duradera (crecimiento

del PIB del 3,4% anual). Aumento de la inversión productiva y de la exportación. No incrementar el

déficit público. Financiación holgada a las empresas. Flexibilización sistema financiero, Liberalización

exterior. Reforma del mercado de valores. Control de la inflación.

Regulación de entidades de inversión colectiva. Desarrollo mercado hipotecario. Regulación del fondo de

garantía de cajas y cooperativas de crédito. Potenciación de la Caja Postal de Ahorros. Revisión y reforma

de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro.

Implantación del IVA a partir del V de enero de 1984. Reducción de impuestos de la unidad familiar.

Continuación de lucha contra el fraude. Elevación de mínimos exentos en el impuesto sobre la renta.

Modificación de la legislación sobre infracciones y sanciones.

Potenciar acciones colectivas en la producción, comercialización y exportación. Entes intermedios de

promoción industrial. Estímulos para reforma tecnológica. Tratamiento laboral especifico. Tratamiento

fiscal apropiado al patrimonio empresarial. Lineas oficiales de crédito a las pymes. Acceso a las

licitaciones del Estado. Apoyo al cooperativismo.

PSOE Política expansiva: plan general de crecimiento a

medio plazo. Economía concertada, con un sector de mercado y un sector público eficiente. Planificación

concertada, democrática, descentralizada y flexible. El consejo económico-social, instrumento básico.

Única nacionalización: red eléctrica alta tensión.

Banca: vinculada a la inversión pública. Mayor desintermediación. Bancos en crisis: opción de compra

del Estado. Cajas de ahorro: utilidad pública. La CECA, caja de cajas. ICO: sociedad estatal que coordine

el crédito público. Cajas rurales: democratización. Bolsa: cotización de más valores. Reforma del Banco

Exterior.

Generalización pago impuestos. Lucha contra fraude y evasión fiscal. Impuesto sobre el patrimonio.

Impuesto sobre el valor añadido. Impuesto sobre la renta: mayor progresivldad de tarifas; revisión regular

del nivel mínimo de obligación de declarar, mejora del tratamiento fiscal de la familia. Reordenación de

incentivos fiscales.

Potenciar la acción del Estado orientada hacia las pymes. Apoyo al cooperativismo. Remoción de

obstáculos legales e institucionales que dificultan la competitividad. Apoyo a la información, formación y

asistencia técnica. Acceso de las pymes a suministros y contrataciones del Estado.

PCE Plan de solidaridad contra el paro y la crisis. Ple-

no empleo y plena protección de los parados. Democratización de la economía. Reforma agraria. Mejorar

la suerte de los más desfavorecidos.

Mayor control del crédito bancario privado. No se excluyen medidas de nacionalización. Revisión del

crédito oficial. Desarrollo de una banca comercial pública. Coeficientes de inversión obligatorios.

Función social y democratización de las cajas de ahorro. _______________________

Elevación del tope máximo de progresividad. Aumento de la imposición directa. Aumento de un punto

sobre la tendencia actual de la presión fiscal anual. Impuesto del patrimonio. Lucha contra el fraude,

aumentando la inspección. Implantación del IVA.

Planes de reconversión para sectores integrados por pymes. Elaboración de un libro blanco de la PYME

ante la CEE. Creación de infraestructuras de servicios para las pyme. Apoyo tecnológico. Desarrollo de

las cooperativas.

AP Política de oferta selectiva que estimule la inver-

sión, el ahorro y el crecimiento del PIB. El agente de la política económica es el ciudadano, el em-

presario, asalariado, ahorrador, inversor y consumidor.

Creación de un mercado monetario, un mercado crediticio libre de porcentajes obligatorios e intereses

privilegiados, y un mercado de capitales diferenciados, libres y competitivos.

Crecimiento renta per cápita, superior al crecimiento de la presión fiscal. Límite máximo de la presión

fiscal. Supresión impuesto sobre patrimonio. Exentas las rentas Inferiores a 750.000 pesetas anuales.

Modificación actual escala de gravamen. Desgravaclón total de la inversión productiva. Retirada

Impuesto de sucesiones y donaciones. IVA gradual._________________________

Modificación ley Contratos del Estado. Modificación ley Competencia desleal. Evitar intrusismo.

Disminución cargas S. S. Tratamiento fiscal adecuado a la fusión, agrupación y transmisión de empresas.

Apoyo financiero. Estímulo sociedades de garantía recíproca. Ayuda fiscal y financiera para la reforma

tecnológica.

CDS La producción debe crecer por encima del 4%.

Nueva industrialización. Estímulo al ahorro privado. Aumento del ahorro público. Definición clara de

sectores de futuro: informática, electrónica, química, agroindustria, biología, nuevas energías. Fomento a

la exportación.

Ampliar la competencia como medio de garantizar su funcionamiento y reducir costes de intermediación.

Papel prioritario al crédito oficial y cajas de ahorro en la nueva industrialización.

Introducción del impuesto sobre valor añadido en 1983. Plena eficacia del actual sistema fiscal. Eli-

minación de bolsas de fraude. Adecuar el impuesto sobre la renta en el minimo exento. Escala de

gravamen, rentas no salariales...

Defender la imagen de la empresa y el empresario. Adecuar la normativa laboral a las necesidades de las

pymes. Armonizar los distintos sistemas fiscales. Establecer líneas de financiación específica para la

creación y reconversión de pymes, facilitando crédito a medio y largo plazo, en base a la garantía

empresarial. Cobertura de aval de sociedades de garantía recíproca.______

CiU Ahorro y austeridad en el gasto público. Lucha

contra el déficit presupuestario y la inflación. Europeizar España. Moderación y contención tributaria.

Acercamiento a la CEE.

Progresiva reducción de los coeficientes obligatorios. Ampliación del mercado interbancario. Creación de

mercados paralelos a los oficiales de la Bolsa. Nuevos modelos de mercado hipotecario. Reforma del

crédito oficial.

Adecuación anual de la tarifa del impuesto sobre la renta y del mínimo exento. Ponderación de la media

de los Ingresos familiares. Poner al día las desgravaciones fiscales. Aplicación del IVA. Mejorar la

gestión tributaria____________________

Especial atención a la promoción de sociedades de garantía recíproca y a la consolidación de las

existentes. Se revisará la regulación del segundo aval.

PNV Lucha contra el paro y la inflación, indisociables.

Incremento de presencia en los mercados externos. Papel fundamental del Estado. Criterios de

Planificación.

Canales de financiación a medio y largo plazo para las empresas. Disminución de los elevados tipos de

interés.

Superación de la falta de generalidad del impuesto sobre la renta. Tarifas progresivas. Adaptación de la

estimulación objetiva singular. Inclusión del impuesto sobre grandes fortunas. Adopción del IVA.

Erradicación del fraude fiscal.

Establecimiento del tamaño óptimo de planta a tenor de los nuevos procesos y métodos de producción.

Promoción de unidades de investigación y desarrollo medíante proyectos conjuntos. Creación de

estructuras comerciales conjuntas que faciliten el acceso a los mercados internacionales.

Las PYMES, ´novias´ de

la Campaña. Una política económica que oscila entre dosis de intervencionismo claras y mayor peso del

libre juego del mercado, es el entorno en el que se mueven las ofertas electorales de los parti-

dos. En cualquier caso el margen de actuación entre las siete formaciones analizadas es muy escaso.

Todos los partidos han sido bastante generosos en el análisis de las medidas que mejorarían la vida

cotidiana de las pequeñas y media-

nas empresas, verdaderas novias de la campaña.

La reforma del sistema fiscal hacia cotas de mayor progresividad, o todo lo contrario, hacia la supresión

de algunas figuras impositivas, forma parte importante en to-

dos los programas. Lo mas novedoso es la petición del Partido Nacionalista Vasco de la inclusión, dentro

del impuesto del patrimonio, de una modalidad de gravamen a las "grandes fortunas", de tanta actualidad

después del ejem-

plo del programa de Mitterrand en Francia. Los partidos de izquierda han hecho especial énfasis en la re-

forma de! funcionamiento del sistema financiero, que, en otros programas, es prácticamente despreciada.

Programa sobre empleo y Seguridad Social

Empleo

Protección

Relaciones laborales

Seguridad Social

UCD No es razonable cuantificar el empleo a crear. Es-

tímulos a inversión privada + papel desencadenante de inversión pública. Fomento empleo juvenil.

Aumento escolaridad. Mayor flexibilidad, sin despido libre. Contratas prácticas, parciales y formación.

>

Sistema fiscal de redistribución rentas. Mecanismos de ayuda a jubilados, marginados. Completar ayudas

a padres de familia. Modificación ley básica empleo. Tipo fijo cotización por desempleo + ayuda Estado.

Lucha contra fraude al desempleo. Reforma empleo comunitario. Desarrollo Estatuto de los Trabajadores

y de ley básica de Empleo. Autonomía de organizaciones empresariales y sindicales.

Mantener la participación de la SS en el PIB. Incrementar participación Estado. Elevar pensiones.

Extender el derecho a asistencia sanitaria. Disminución de la presión sobre empresas. Incompatibilidad

entre pensiones.

PSOE Creación 800.000 empleos netos. Fondo acción

coyuntura! en presupuestos. Inversión pública (motor) + inversión privada (determinante). Reducción

jornada (35 horas). Contratos temporales parciales en práctica y formación. Rebajada edad jubilación.

Mayor escolarízación.

Modificación ley básica de empleo (seguro de desempleo para colectivos desprotegidos; extensión en

duración; mayor protección a padres de familia).

Presencia sindicatos en empresa (secciones sindicales). Articulación derecho huelga. Participación

decisiones administración. Modificar condiciones de trabajo (título 1* Estatuto de Trabajadores).

Extender a todos los ciudadanos. Aumento aportación estatal. Reducción aportación empresarial (20%).

Mantenimiento capacidad adquisitiva pensionistas.

PCE Creación de 1.000.000 empleos. Aumento Inver-

sión pública en 300.000 millones anuales. Reparto del empleo existente (reducción jornada, más

vacaciones, jubilación voluntaria, incompatibilidades). Crecimiento sostenido inversión privada (política

de reducción de costes y de solidaridad salarial).

Modificación ley básica de Empleo. 12 meses de seguro, prorrogables otros 12. Seguro desempleo

agrario. Protección del 80% del salario mínimo a mayores de 55 años sin prestaciones. El seguro será el

80% del salario real el primer año y el 70% durante otros 12 meses.

Reforma Estatuto de los Trabajadores. Garantía de que los contratos a tiempo parcial no sean inferiores a

un tercio de jornada laboral. Garantía de que los contratos a tiempo cierto no sean inferiores a 181 días.

No despido por movilidad geográfica o funcional. En despido improcedente, el trabajador elige reingreso

o indemnización.

Incremento aportación del Estado en 20%. Recaudación de 900.000 millones de impagos. Equiparación

régimen agrario. Carácter público de SS. Revalorización automática de pensiones según coste de la vida.

Equiparación progresiva de la pensión mínima al salario mínimo.

AP Políticas de flexibilidad laboral. Programa apren-

dizaje obligatorio (3 años). Trabajo a tiempo parcial. Movilidad geográfica y funcional. Subvenciones

para creación de empleo en zonas rurales. Recualificación profesional. Nuevo régimen contratación.

Prestaciones por desempleo: reducir al mínimo básico las remuneraciones iniciales y aumentar al máximo

posible las finales.

Negociación colectiva a nivel de empresa en lugar de nacional o de sector. Instauración programa de

recapacitación profesional en las propias empresas.

Reducción drástica de cuotas empresariales. Aumento aportación Estado. SS básica con colaboración

iniciativa privada. 2º nivel de SS complementaria, de iniciativa privada.

CDS Reducción jornada de trabajo. Ampliación vaca-

ciones. Reducción edad de jubilación. Contrato indefinido con fórmulas de flexibilidad.

Máxima atención a la política de prevención de accidentes de trabajo y mayor rigor de la inspección de

esta materia. Subsidios, ayudas o pensiones conservarán el poder adquisitivo, se igualarán

progresivamente y extenderán sus niveles mínimos.

Cláusulas específicas de productividad en negociación colectiva. Potenciación del Instituto de Mediación,

Arbitraje y Conciliación (IMAC). Flexibilidd en empresas de menos de veinticinco trabajadores.

Reforma de la SS para evitar despilfarres y liberar recursos. Aportación mayoritaria del Estado.

CiU Fondo anual con cargo a presupuestos. Subsidio

de empleos por el Estado. Crédito a medio y largo plazo de entidades oficiales de crédito. Refuerzo de la

ocupación temporal, aprendizaje y prácticas. Jubilación a 65 años.

Se tomarán medidas para controlar más y mejor el subsidio de paro.

Se estudiarán técnicas de trabajo compartido que hagan posible la contratación colectiva mediante

distribución de trabajo y salario a más de una persona. Se autorizará la reducción voluntaria de jornada

hasta dos tercios o el 50% de su duración.

Nueva ley general de SS. Modificación actual sistema de financiación, rebajando aportaciones de

trabajadores y empresarios. Comisión de control de deudas. Pensiones: mejor administración y

adecuación al coste de la vida. Descentralización de servicios.

PNV Plan de emergencia social con recursos extras.

Inversiones públicas selectivas. Revisión del Fondo de Compensación Interterritorial. Impedir fraude en

desempleo y SS. Control del pluriempleo. Reducción jubilación.

Incrementar el período de percepción del seguro de desempleo. Combinar el salario mínimo y el valor de

la prestación. Prestación gratuita de asistencia sanitaria para el trabajador y familia. Gratuidad para

enseñanza obligatoria. Duración mínima de 24 meses, más 6 meses a padres de familia.

Propiciar en la comunidad autónoma un acuerdo de eficacia general entre empresarios y trabajadores

sobre reducción jornada laboral, productividad, redistribución de renta salarial. Organización de

estructuras de ordenación del mercado de trabajo en la comunidad autónoma.

Reforma con 3 niveles: universal, profesional y libre. Crecimiento de dotaciones aun ritmo inferior al de

años anteriores. Reducción aportación de trabajadores y empresas. Homologación con la CEE. Reforma

vinculada al Estatuto de Guernica y del amejoramiento del tuero.

El empleo, objetivo

prioritario. Nunca como hasta ahora ha habido una mayor unanimidad el calificar el problema del paro

como el prioritario a resolver para todas las formaciones políticas. Los programas han oscilado entre la

oferta cuantificada de los empleos a generar en la próxima

legislatura y la intención de invertir la tendencia creciente del número de parados. Las fórmulas no han

variado mucho en cuanto a su énfasis (mayor inversión pública, modalidades de contratación —temporal,

en prácticas,...—^jubilaciones anticipadas, reducción de la jornada dé trabajo, etcétera),

pero sí en relación a-su instrumentación.

El otro aspecto compartido por todas las fuerzas políticas es la necesidad de una reforma consistente de la

Seguridad Social, insistiendo más unos partidos en la reforma de la gestión, y otros en lo ineludible de

privatizar una parte de los

niveles de prestaciones. La reforma del marco de relaciones laborales, que formaba parte de las anteriores

campañas electorales, entra en una fase de mayor ralentización.

El Estatuto.de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo son el objeto de atención de casi todos los

programas. Por último, las medidas de protección al desempleado oscilan entre la declaración general y

ambigua —"se tomarán medidas para controlar más y mejor el subsidio de desempleo"— y la petición de

total protección para los desempleados que tengan cargas familiares.