18 / ESPAÑA
POLÍTICA
EL PAÍS, miércoles 27 de octubre de 1982
El 28 de octubre, elecciones legislativas
Presentamos en estas tres páginas un análisis comparativo, elaborado a base de cuadros, de los programas
de los principales partidos políticos, tanto de ámbito nacional como nacionalistas, ordenados de acuerdo
con los resultados que obtuvieron en las últimas elecciones legislativas
Análisis comparativo de la oferta de UCD, PSOE, PCE, AP, CDS, PNV y CiU
La mejora del Estado y la lucha contra la crisis, preocupaciones de los programas electorales
La reforma y mejora de la funcionalidad del Estado y la oferta de extensas actuaciones económicas para
luchar contra la actual crisis, especialmente el paro, son los principales ejes de las ofertas programáticas
de los siete grandes partidos —cinco de ámbito estatal y las dos mayores fuerzas nacionalistas—, que
ofrecemos en este estudio comparativo. Los temas se agrupan por grandes apartados generales.
La política económica que ofertan los distintos partidos se mueve en un escaso margen de maniobra,
aprovechado sobre todo por los socialistas, que, independientemente del juicio de valor de sus prioridades
y de la ideología defendida, han realizado el programa más completo de todos.
Se nota mucho el distinto proceso de elaboración de los programas, —unos realizados en escasos días,
otros trabajados durante muchas semanas o meses—, que han centrado la mayor parte de sus análisis en la
crisis económica y en su principal efecto: el desempleo creciente. Se puede afirmar que el centro de toda
la campaña y de la política económica que aplique quien gobierne, ha sido el paro.
Alrededor de la prioridad de detener la marcha creciente del paro giran todas las políticas económicas. En
los preámbulos de las medidas concretas está la filosofía de lo que luego se ofrece. UCD, por ejemplo,
justifica la marcha de la economía española hasta ahora asegurando que su situación sería mucho peor de
no haberse modernizado en las dos legislaturas anteriores los diferentes sectores: el fiscal, el financiero, el
aparato industrial, etcétera.
Alianza Popular ataca despiadadamente este punto de vista, situando la economía española en una cuesta
abajo, inclinada por la incidencia en redistribuir las rentas en vez de insistir en la creación de la riqueza.
PSOE y PCE construyen, con diferente énfasis y rigor, todo el programa alrededor de la necesidad de
crear puestos de trabajo. No es que el empleo constituya su prioridad, sino que todas las medidas tienden
al final el objeto de generar puestos de trabajo.
En otros aspectos de los programas, se advierte una preocupación general por mejorar el funcionamiento
de estructuras básicas del Estado, como la Administración en general, la justicia, la estructura policial y la
organización militar. En este último tema destaca también la propuesta generalizada de reforma de la
justicia militar, principalmente para adaptarla mejor a la Constitución, y en particular en AP para instaurar
los principios de tratamiento oral, instancia única salvo excepciones y mayor celeridad. También son
importantes los paquetes de medidas para elevar la eficacia de la justicia y la lucha contra el terrorismo —
todos coinciden en aumentar sustancialmente los medios materiales y humanos—, o para mejorar la oferta
educativa, con diversas posiciones acerca del control de subvenciones al sector privado. En política
exterior, la integración en la OTAN es el principal, y casi único, tema de polémica.
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ESPAÑA /19
El 28 de octubre, elecciones legislativas
Reforma de las administraciones públicas.
La necesidad de reforma de las administraciones públicas para hacerlas más funcionales y eficaces es un
punto común, al menos como declaración de intenciones, de la totalidad de los programas, aunque las
medidas concretas muestran variaciones notables entre una opción y otra. Así, UCD, PSOE, PCE, CDS y
PNV incluyen
la implantación de un sistema de incompatibilidades más o menos riguroso, propuesta que no aparece ni
en AP ni en CiU. AP está de acuerdo, en cambio, con centristas, socialistas y comunistas en la necesidad
de una mayor profesionaliz ación de la función pública, y concretamente en la tesis de eliminar la
designación política de los directores generales. UCD, PSOE y AP coinciden en la
propuesta de regulación de los derechos sindicales de los funcionarios, tema que no cita AP. La opción
que encabeza Manuel Fraga hace, en cambio, hincapié en la necesidad de coordinación y homo-
geneización del funcionariado, así como de elaborar un organigrama estable de los servicios. La organi-
zación de las administraciones públicas es causa de importantes diferencias según las concepciones
que cada partido tiene del Estado. Así, por ejemplo, AP y PSOE revelan un punto de vista más estatal,
mientras los nacionalistas reclaman un escrupuloso respeto a las competencias autonómicas. Estas
propuestas conectan directamente con los programas sobre autonomía, donde llama la atención la
indefinición sobre la LOAPA de AP, y en cierta medida del PSOE, aunque este partido decla-
ra su intención de culminar los pactos autonómicos que dieron origen a la polémica ley. Esta es rechazada
tajantemente por comunistas y nacionalistas, mientras UCD se atiene a lo que sentencie el Tribunal
Constitucional. También cabe destacar que todos los partidos están de acuerdo en completar la
elaboración de estatutos y el proceso de transferencias.
Potenciar la Justicia
y la seguridad. Los programas de los principales partidos coinciden en la necesidad de dotar de más y
mejores medios a la Administración de Justicia y a los aparatos policiales, lo primero para sacar al poder
judicial de la penuria material en que se halla, y lo segundo para dar un impulso decisivo a la lucha contra
el terrorismo,
en primer lugar, y en menor medida contra la delincuencia. Sobre los terroristas, destaca la condena
tajante a ETA por parte del PNV, y el rechazo absoluto de AP a cualquier negociación. Todas las
propuestas programáticas coinciden —sólo CiU no lo cita— en la regulación del habeos corpus, es decir,
la garantía de tutela del ciudadano por parte de los
jueces ante la acción policial. Otras dos coincidencias generales son la necesidad de dotar de más medios
a la Administración de justicia —UCD concreta un mínimo del 5% de los Presupuestos del Estado—, y
de regular la participación de los ciudadanos en los jucios mediante el jurado, aunque UCD, AP y CDS lo
limitan a ciertos casos penales. También son
mayoría los partidos que recogen la elaboración de un nuevo Código Penal, propuesta que no suscribe
AP. UCD propone la elaboración de una nueva ley de partidos políticos, mientras el PSOE se refiere de
forma más generalizada a la necesidad de adaptar a la Constitución la legislación sobre asociaciones. En
cuanto a la lucha contra el te-
rrorismo, todos los partidos coinciden en la necesidad de reorganizar y aumentar los medios, y en gran
medida en el propósito de aislar socíalmente al terrorismo. UCD y PCE reclaman una diplomacia firme
sobre el terrorismo, y citan expresamente a Francia en este sentido. Socialistas y comunistas proponen
una más estrecha dependencia de la Guardia Civil.
Control de las subvenciones a la
enseñanza privada. Las medidas de política sobre el primer nivel escolar son la principal fuente de
diferencias entre los programas de los partidos en cuanto a enseñanza, especialmente por lo que se refiere
a las orientaciones económicas. Cabe destacar, no obstante, que todos los grandes partidos admiten en
principio la existencia de un sector privado en
la enseñanza y su subvención a cargo del Estado. Las diferencias se presentan a la hora del control de las
subvenciones, cuya regulación reclaman expresamente PSOE, PCE, CDS y PNV, mientras AP no cita
sobre este tema y UCD se refiere más ambiguamente a participación del sector privado, con "financiación
adecuada". La izquierda pone el acento también en la necesidad de, expansión del sector público y
atención a las
zonas deprimidas —en esto coincide el centro—, y en el alargamiento de la edad de escolariza-ción, que
también alcanza, en menor medida a los demás partidos. Todos los grupos, excepto AP, coinciden en la
propuesta de regular la autonomía universitaria, tema que quedó estancado en la anterior legislatura. UCD
y AP recogen la existencia de universidades privadas. En el capítulo de Sanidad es gene-
ral la propuesta de libre elección de médico en el sector público, con diversos matices sobre la extensión y
posibilidades de adoptar esta medida en la práctica, y la no exclusión de la iniciativa privada en el sector
sanitario, aunque el PSOE contempla ésta participación bajo criterios de "comple-mentariedad,
normalización y transparencia". El Partido Comunista de España distingue más su propuesta, que resume
en la crea-
ción de un Servicio Nacional de Salud integrador de todos los recursos públicos.
También es común la propuesta de una legislación que proteja al consumidor, en ocasiones completada
con legislación sobre comercio interior. En este capítulo es destacable la preocupación general por el
cuidado de la salud ciudadana y la protección del medio definitiva del medio ambiente.
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El 28 de octubre, elecciones legislativas
Programa sobre economía
Política económica general
Sistema financiero
Sistema fiscal
Pymes
UCD Reactivación económica duradera (crecimiento
del PIB del 3,4% anual). Aumento de la inversión productiva y de la exportación. No incrementar el
déficit público. Financiación holgada a las empresas. Flexibilización sistema financiero, Liberalización
exterior. Reforma del mercado de valores. Control de la inflación.
Regulación de entidades de inversión colectiva. Desarrollo mercado hipotecario. Regulación del fondo de
garantía de cajas y cooperativas de crédito. Potenciación de la Caja Postal de Ahorros. Revisión y reforma
de los órganos de gobierno de las cajas de ahorro.
Implantación del IVA a partir del V de enero de 1984. Reducción de impuestos de la unidad familiar.
Continuación de lucha contra el fraude. Elevación de mínimos exentos en el impuesto sobre la renta.
Modificación de la legislación sobre infracciones y sanciones.
Potenciar acciones colectivas en la producción, comercialización y exportación. Entes intermedios de
promoción industrial. Estímulos para reforma tecnológica. Tratamiento laboral especifico. Tratamiento
fiscal apropiado al patrimonio empresarial. Lineas oficiales de crédito a las pymes. Acceso a las
licitaciones del Estado. Apoyo al cooperativismo.
PSOE Política expansiva: plan general de crecimiento a
medio plazo. Economía concertada, con un sector de mercado y un sector público eficiente. Planificación
concertada, democrática, descentralizada y flexible. El consejo económico-social, instrumento básico.
Única nacionalización: red eléctrica alta tensión.
Banca: vinculada a la inversión pública. Mayor desintermediación. Bancos en crisis: opción de compra
del Estado. Cajas de ahorro: utilidad pública. La CECA, caja de cajas. ICO: sociedad estatal que coordine
el crédito público. Cajas rurales: democratización. Bolsa: cotización de más valores. Reforma del Banco
Exterior.
Generalización pago impuestos. Lucha contra fraude y evasión fiscal. Impuesto sobre el patrimonio.
Impuesto sobre el valor añadido. Impuesto sobre la renta: mayor progresivldad de tarifas; revisión regular
del nivel mínimo de obligación de declarar, mejora del tratamiento fiscal de la familia. Reordenación de
incentivos fiscales.
Potenciar la acción del Estado orientada hacia las pymes. Apoyo al cooperativismo. Remoción de
obstáculos legales e institucionales que dificultan la competitividad. Apoyo a la información, formación y
asistencia técnica. Acceso de las pymes a suministros y contrataciones del Estado.
PCE Plan de solidaridad contra el paro y la crisis. Ple-
no empleo y plena protección de los parados. Democratización de la economía. Reforma agraria. Mejorar
la suerte de los más desfavorecidos.
Mayor control del crédito bancario privado. No se excluyen medidas de nacionalización. Revisión del
crédito oficial. Desarrollo de una banca comercial pública. Coeficientes de inversión obligatorios.
Función social y democratización de las cajas de ahorro. _______________________
Elevación del tope máximo de progresividad. Aumento de la imposición directa. Aumento de un punto
sobre la tendencia actual de la presión fiscal anual. Impuesto del patrimonio. Lucha contra el fraude,
aumentando la inspección. Implantación del IVA.
Planes de reconversión para sectores integrados por pymes. Elaboración de un libro blanco de la PYME
ante la CEE. Creación de infraestructuras de servicios para las pyme. Apoyo tecnológico. Desarrollo de
las cooperativas.
AP Política de oferta selectiva que estimule la inver-
sión, el ahorro y el crecimiento del PIB. El agente de la política económica es el ciudadano, el em-
presario, asalariado, ahorrador, inversor y consumidor.
Creación de un mercado monetario, un mercado crediticio libre de porcentajes obligatorios e intereses
privilegiados, y un mercado de capitales diferenciados, libres y competitivos.
Crecimiento renta per cápita, superior al crecimiento de la presión fiscal. Límite máximo de la presión
fiscal. Supresión impuesto sobre patrimonio. Exentas las rentas Inferiores a 750.000 pesetas anuales.
Modificación actual escala de gravamen. Desgravaclón total de la inversión productiva. Retirada
Impuesto de sucesiones y donaciones. IVA gradual._________________________
Modificación ley Contratos del Estado. Modificación ley Competencia desleal. Evitar intrusismo.
Disminución cargas S. S. Tratamiento fiscal adecuado a la fusión, agrupación y transmisión de empresas.
Apoyo financiero. Estímulo sociedades de garantía recíproca. Ayuda fiscal y financiera para la reforma
tecnológica.
CDS La producción debe crecer por encima del 4%.
Nueva industrialización. Estímulo al ahorro privado. Aumento del ahorro público. Definición clara de
sectores de futuro: informática, electrónica, química, agroindustria, biología, nuevas energías. Fomento a
la exportación.
Ampliar la competencia como medio de garantizar su funcionamiento y reducir costes de intermediación.
Papel prioritario al crédito oficial y cajas de ahorro en la nueva industrialización.
Introducción del impuesto sobre valor añadido en 1983. Plena eficacia del actual sistema fiscal. Eli-
minación de bolsas de fraude. Adecuar el impuesto sobre la renta en el minimo exento. Escala de
gravamen, rentas no salariales...
Defender la imagen de la empresa y el empresario. Adecuar la normativa laboral a las necesidades de las
pymes. Armonizar los distintos sistemas fiscales. Establecer líneas de financiación específica para la
creación y reconversión de pymes, facilitando crédito a medio y largo plazo, en base a la garantía
empresarial. Cobertura de aval de sociedades de garantía recíproca.______
CiU Ahorro y austeridad en el gasto público. Lucha
contra el déficit presupuestario y la inflación. Europeizar España. Moderación y contención tributaria.
Acercamiento a la CEE.
Progresiva reducción de los coeficientes obligatorios. Ampliación del mercado interbancario. Creación de
mercados paralelos a los oficiales de la Bolsa. Nuevos modelos de mercado hipotecario. Reforma del
crédito oficial.
Adecuación anual de la tarifa del impuesto sobre la renta y del mínimo exento. Ponderación de la media
de los Ingresos familiares. Poner al día las desgravaciones fiscales. Aplicación del IVA. Mejorar la
gestión tributaria____________________
Especial atención a la promoción de sociedades de garantía recíproca y a la consolidación de las
existentes. Se revisará la regulación del segundo aval.
PNV Lucha contra el paro y la inflación, indisociables.
Incremento de presencia en los mercados externos. Papel fundamental del Estado. Criterios de
Planificación.
Canales de financiación a medio y largo plazo para las empresas. Disminución de los elevados tipos de
interés.
Superación de la falta de generalidad del impuesto sobre la renta. Tarifas progresivas. Adaptación de la
estimulación objetiva singular. Inclusión del impuesto sobre grandes fortunas. Adopción del IVA.
Erradicación del fraude fiscal.
Establecimiento del tamaño óptimo de planta a tenor de los nuevos procesos y métodos de producción.
Promoción de unidades de investigación y desarrollo medíante proyectos conjuntos. Creación de
estructuras comerciales conjuntas que faciliten el acceso a los mercados internacionales.
Las PYMES, ´novias´ de
la Campaña. Una política económica que oscila entre dosis de intervencionismo claras y mayor peso del
libre juego del mercado, es el entorno en el que se mueven las ofertas electorales de los parti-
dos. En cualquier caso el margen de actuación entre las siete formaciones analizadas es muy escaso.
Todos los partidos han sido bastante generosos en el análisis de las medidas que mejorarían la vida
cotidiana de las pequeñas y media-
nas empresas, verdaderas novias de la campaña.
La reforma del sistema fiscal hacia cotas de mayor progresividad, o todo lo contrario, hacia la supresión
de algunas figuras impositivas, forma parte importante en to-
dos los programas. Lo mas novedoso es la petición del Partido Nacionalista Vasco de la inclusión, dentro
del impuesto del patrimonio, de una modalidad de gravamen a las "grandes fortunas", de tanta actualidad
después del ejem-
plo del programa de Mitterrand en Francia. Los partidos de izquierda han hecho especial énfasis en la re-
forma de! funcionamiento del sistema financiero, que, en otros programas, es prácticamente despreciada.
Programa sobre empleo y Seguridad Social
Empleo
Protección
Relaciones laborales
Seguridad Social
UCD No es razonable cuantificar el empleo a crear. Es-
tímulos a inversión privada + papel desencadenante de inversión pública. Fomento empleo juvenil.
Aumento escolaridad. Mayor flexibilidad, sin despido libre. Contratas prácticas, parciales y formación.
>
Sistema fiscal de redistribución rentas. Mecanismos de ayuda a jubilados, marginados. Completar ayudas
a padres de familia. Modificación ley básica empleo. Tipo fijo cotización por desempleo + ayuda Estado.
Lucha contra fraude al desempleo. Reforma empleo comunitario. Desarrollo Estatuto de los Trabajadores
y de ley básica de Empleo. Autonomía de organizaciones empresariales y sindicales.
Mantener la participación de la SS en el PIB. Incrementar participación Estado. Elevar pensiones.
Extender el derecho a asistencia sanitaria. Disminución de la presión sobre empresas. Incompatibilidad
entre pensiones.
PSOE Creación 800.000 empleos netos. Fondo acción
coyuntura! en presupuestos. Inversión pública (motor) + inversión privada (determinante). Reducción
jornada (35 horas). Contratos temporales parciales en práctica y formación. Rebajada edad jubilación.
Mayor escolarízación.
Modificación ley básica de empleo (seguro de desempleo para colectivos desprotegidos; extensión en
duración; mayor protección a padres de familia).
Presencia sindicatos en empresa (secciones sindicales). Articulación derecho huelga. Participación
decisiones administración. Modificar condiciones de trabajo (título 1* Estatuto de Trabajadores).
Extender a todos los ciudadanos. Aumento aportación estatal. Reducción aportación empresarial (20%).
Mantenimiento capacidad adquisitiva pensionistas.
PCE Creación de 1.000.000 empleos. Aumento Inver-
sión pública en 300.000 millones anuales. Reparto del empleo existente (reducción jornada, más
vacaciones, jubilación voluntaria, incompatibilidades). Crecimiento sostenido inversión privada (política
de reducción de costes y de solidaridad salarial).
Modificación ley básica de Empleo. 12 meses de seguro, prorrogables otros 12. Seguro desempleo
agrario. Protección del 80% del salario mínimo a mayores de 55 años sin prestaciones. El seguro será el
80% del salario real el primer año y el 70% durante otros 12 meses.
Reforma Estatuto de los Trabajadores. Garantía de que los contratos a tiempo parcial no sean inferiores a
un tercio de jornada laboral. Garantía de que los contratos a tiempo cierto no sean inferiores a 181 días.
No despido por movilidad geográfica o funcional. En despido improcedente, el trabajador elige reingreso
o indemnización.
Incremento aportación del Estado en 20%. Recaudación de 900.000 millones de impagos. Equiparación
régimen agrario. Carácter público de SS. Revalorización automática de pensiones según coste de la vida.
Equiparación progresiva de la pensión mínima al salario mínimo.
AP Políticas de flexibilidad laboral. Programa apren-
dizaje obligatorio (3 años). Trabajo a tiempo parcial. Movilidad geográfica y funcional. Subvenciones
para creación de empleo en zonas rurales. Recualificación profesional. Nuevo régimen contratación.
Prestaciones por desempleo: reducir al mínimo básico las remuneraciones iniciales y aumentar al máximo
posible las finales.
Negociación colectiva a nivel de empresa en lugar de nacional o de sector. Instauración programa de
recapacitación profesional en las propias empresas.
Reducción drástica de cuotas empresariales. Aumento aportación Estado. SS básica con colaboración
iniciativa privada. 2º nivel de SS complementaria, de iniciativa privada.
CDS Reducción jornada de trabajo. Ampliación vaca-
ciones. Reducción edad de jubilación. Contrato indefinido con fórmulas de flexibilidad.
Máxima atención a la política de prevención de accidentes de trabajo y mayor rigor de la inspección de
esta materia. Subsidios, ayudas o pensiones conservarán el poder adquisitivo, se igualarán
progresivamente y extenderán sus niveles mínimos.
Cláusulas específicas de productividad en negociación colectiva. Potenciación del Instituto de Mediación,
Arbitraje y Conciliación (IMAC). Flexibilidd en empresas de menos de veinticinco trabajadores.
Reforma de la SS para evitar despilfarres y liberar recursos. Aportación mayoritaria del Estado.
CiU Fondo anual con cargo a presupuestos. Subsidio
de empleos por el Estado. Crédito a medio y largo plazo de entidades oficiales de crédito. Refuerzo de la
ocupación temporal, aprendizaje y prácticas. Jubilación a 65 años.
Se tomarán medidas para controlar más y mejor el subsidio de paro.
Se estudiarán técnicas de trabajo compartido que hagan posible la contratación colectiva mediante
distribución de trabajo y salario a más de una persona. Se autorizará la reducción voluntaria de jornada
hasta dos tercios o el 50% de su duración.
Nueva ley general de SS. Modificación actual sistema de financiación, rebajando aportaciones de
trabajadores y empresarios. Comisión de control de deudas. Pensiones: mejor administración y
adecuación al coste de la vida. Descentralización de servicios.
PNV Plan de emergencia social con recursos extras.
Inversiones públicas selectivas. Revisión del Fondo de Compensación Interterritorial. Impedir fraude en
desempleo y SS. Control del pluriempleo. Reducción jubilación.
Incrementar el período de percepción del seguro de desempleo. Combinar el salario mínimo y el valor de
la prestación. Prestación gratuita de asistencia sanitaria para el trabajador y familia. Gratuidad para
enseñanza obligatoria. Duración mínima de 24 meses, más 6 meses a padres de familia.
Propiciar en la comunidad autónoma un acuerdo de eficacia general entre empresarios y trabajadores
sobre reducción jornada laboral, productividad, redistribución de renta salarial. Organización de
estructuras de ordenación del mercado de trabajo en la comunidad autónoma.
Reforma con 3 niveles: universal, profesional y libre. Crecimiento de dotaciones aun ritmo inferior al de
años anteriores. Reducción aportación de trabajadores y empresas. Homologación con la CEE. Reforma
vinculada al Estatuto de Guernica y del amejoramiento del tuero.
El empleo, objetivo
prioritario. Nunca como hasta ahora ha habido una mayor unanimidad el calificar el problema del paro
como el prioritario a resolver para todas las formaciones políticas. Los programas han oscilado entre la
oferta cuantificada de los empleos a generar en la próxima
legislatura y la intención de invertir la tendencia creciente del número de parados. Las fórmulas no han
variado mucho en cuanto a su énfasis (mayor inversión pública, modalidades de contratación —temporal,
en prácticas,...—^jubilaciones anticipadas, reducción de la jornada dé trabajo, etcétera),
pero sí en relación a-su instrumentación.
El otro aspecto compartido por todas las fuerzas políticas es la necesidad de una reforma consistente de la
Seguridad Social, insistiendo más unos partidos en la reforma de la gestión, y otros en lo ineludible de
privatizar una parte de los
niveles de prestaciones. La reforma del marco de relaciones laborales, que formaba parte de las anteriores
campañas electorales, entra en una fase de mayor ralentización.
El Estatuto.de los Trabajadores y la Ley Básica de Empleo son el objeto de atención de casi todos los
programas. Por último, las medidas de protección al desempleado oscilan entre la declaración general y
ambigua —"se tomarán medidas para controlar más y mejor el subsidio de desempleo"— y la petición de
total protección para los desempleados que tengan cargas familiares.