PUNTUALIZACION EN TORNO A LOS ARCHIVOS REPUBLICANOS
MADRID. (De nuestra Redacción.)—En respuesta a la nota publicada en la Prensa acerca de
que los Archivos del Gobierno Republicano en el exilio van a ser entregados a una institución
privada, y a las razones alegadas por el señor Sainz Rodríguez para justificar tal donación, el
director del Archivo Histórico Nacional, don Luis Sánchez Belda, remite una nota, en la que
dice:
Manifestamos que no es admisible que un fondo documental perneciente al Estado español
pueda caer en manos de una entidad cultural privada, por muy prestigiosa que ésta sea y por
mucha amistad que una a los donantes con el recipiendario, ya que ni los primeros son dueños,
ni el segundo representa al Estado, único propietario de una documentación producto de la
actividad de un ente público. El Estado español posee:
1. Derechos inalienables sobre la documentación producida por sus órganos de
gobierno.
2. Unos funcionarios, sus archiveros, únicos a los que por ley les corresponde la custodia de
dichos fondos y la posibilidad de dar fe de la autenticidad de los mismos.
3. Unos archivos que a lo largo de la historia se han manifestado como los lugares más
seguros contra los avalares bélicos-políticos, que han acabado con tantos testimonios del
pasado.
No es un «almacenamiento» con toda la carga peyorativa que la palabra en esta ocasión
encierra, sino una conservación, |a que con los documentos se realiza en los Archivos del
Estado. Concretamente en el caso que nos ocupa los fondos del Gobierno Republicano en el
exilio irán a parar al Archivo General de la Administración Civil del Estado en Alcalá de
Henares, edificio modernísimo, dotado de todos Eos adelantos técnicos, puesto como modelo
de instalación y seguridad en el Congreso Internacional de Archivos celebrado en Washington
en 1976.
Ordenar, inventariar, catalogar son requisitos indispensables, por supuesto, para que una
documentación pueda ser utilizada por el investigador. Esto es lo que, sin cesar, vienen
realizando los archiveros españoles con fondos mucho más complejos y numerosos que el
simple archivo privado de Campomanes, del que se enorgullece la Fundación Universitaria.
Claro que 88 funcionarios (total actual de la plantilla de archiveros del Estado) es una cifra
trágicamente irrisoria para la enorme, rica y variada masa documental de nuestro patrimonio.
En este caso, como en cualquier otro, cabe que las económicamente poderosas fundaciones
culturales colaboren generosamente con la propia Administración mediante subvenciones que
permitan disponer de un amplio equipo de personas, quienes, bajo la directa e irreemplazable
dirección del técnico estatal, contribuyan a acortar el proceso para la accesibilidad a aquellos
documentos, cuya custodia deberá quedar siempre en manos del Estado.