PUNTUALIZACION EN TORNO A LOS ARCHIVOS REPUBLICANOS

MADRID. (De nuestra Redacción.)—En respuesta a la nota publicada en la Prensa acerca de

que los Archivos del Gobierno Republicano en el exilio van a ser entregados a una institución

privada, y a las razones alegadas por el señor Sainz Rodríguez para justificar tal donación, el

director del Archivo Histórico Nacional, don Luis Sánchez Belda, remite una nota, en la que

dice:

Manifestamos que no es admisible que un fondo documental perneciente al Estado español

pueda caer en manos de una entidad cultural privada, por muy prestigiosa que ésta sea y por

mucha amistad que una a los donantes con el recipiendario, ya que ni los primeros son dueños,

ni el segundo representa al Estado, único propietario de una documentación producto de la

actividad de un ente público. El Estado español posee:

1. Derechos inalienables sobre la documentación producida por sus órganos de

gobierno.

2. Unos funcionarios, sus archiveros, únicos a los que por ley les corresponde la custodia de

dichos fondos y la posibilidad de dar fe de la autenticidad de los mismos.

3. Unos archivos que a lo largo de la historia se han manifestado como los lugares más

seguros contra los avalares bélicos-políticos, que han acabado con tantos testimonios del

pasado.

No es un «almacenamiento» con toda la carga peyorativa que la palabra en esta ocasión

encierra, sino una conservación, |a que con los documentos se realiza en los Archivos del

Estado. Concretamente en el caso que nos ocupa los fondos del Gobierno Republicano en el

exilio irán a parar al Archivo General de la Administración Civil del Estado en Alcalá de

Henares, edificio modernísimo, dotado de todos Eos adelantos técnicos, puesto como modelo

de instalación y seguridad en el Congreso Internacional de Archivos celebrado en Washington

en 1976.

Ordenar, inventariar, catalogar son requisitos indispensables, por supuesto, para que una

documentación pueda ser utilizada por el investigador. Esto es lo que, sin cesar, vienen

realizando los archiveros españoles con fondos mucho más complejos y numerosos que el

simple archivo privado de Campomanes, del que se enorgullece la Fundación Universitaria.

Claro que 88 funcionarios (total actual de la plantilla de archiveros del Estado) es una cifra

trágicamente irrisoria para la enorme, rica y variada masa documental de nuestro patrimonio.

En este caso, como en cualquier otro, cabe que las económicamente poderosas fundaciones

culturales colaboren generosamente con la propia Administración mediante subvenciones que

permitan disponer de un amplio equipo de personas, quienes, bajo la directa e irreemplazable

dirección del técnico estatal, contribuyan a acortar el proceso para la accesibilidad a aquellos

documentos, cuya custodia deberá quedar siempre en manos del Estado.