POLÍTICA

El 28 de octubre, elecciones legislativas

TRIBUNA LIBRE

Las exigencias de la democracia avanzada: la tarea socialista

JOSE MARIA MARAVALL

Las próximas elecciones generales pueden llevar al poder al PSOE. Si ello sucede, se tratará de unas

elecciones históricas. Por un lado —dice el autor—, constituirán el experimentum crucis de la transición:

si la alternancia tiene éxito y si el nuevo Gobierno dispone de un margen adecuado de estabilidad política,

la democracia habrá mostrado decisivamente su fortaleza y que sus límites no se reducen a que ganen

siempre los mismos. Por otro lado, representarán estas elecciones un momento parecido a otros que se

han vivido en la mayoría de las sociedades avanzadas y que han sido hitos fundamentales en su progreso.

Desde el punto de vista de los principios de la ciudadanía política y de la ciudadanía socieconómica, de la

participación y de la igualdad, los resultados de las experiencias de Gobierno socialista en Europa han

sido considerables. El "modelo de sociedad" del socialismo democrático ha aproximado a las sociedades

europeas respecto del paradigma de sociedad justa y libre. Estudios comparativos recientes (como los de

Stephens, Castles, Hewitt, etcétera) muestran que las experiencias de Gobierno socialista o

socialdemócrata han tenido tres consecuencias para las sociedades europeas. En primer lugar, se ha

incrementado la igualdad de oportunidades, dedicando más recursos a la educación y promoviendo la

movilidad social. En segundo lugar, se ha desarrollado una red de servicios sociales de bienestar que ha

satisfecho demandas y necesidades de vivienda, sanidad y nutrición, y una infraestructura de prestaciones

(a través de la Seguridad Social, el sistema de pensiones, el seguro de desempleo) que ha cubierto las

carencias de los sectores más débiles en el mercado (ancianos, enfermos, parados). En Holanda, Austria,

Gran Bretaña, Suecia, Noruega o Dinamarca, los grupos situados en los intervalos más bajos de ingresos

han incrementado sustancial-mente su consumo relativo de bienes y servicios. En tercer lugar, se ha

producido una reducción en las desigualdades de renta.

En sociedades como la austríaca, la sueca, la holandesa o la británica, la concentración de la renta en los

intervalos superiores de ingresos es considerablemente menor que en sociedades de prolongada

hegemonía conservadora. En Holanda, por ejemplo, la desigualdad en la distribución de los ingresos se ha

reducido a la mitad desde la segunda guerra mundial. El nivel de bienestar colectivo, basado en una moral

de solidaridad y expresado, sobre todo, en la política social y en la política educativa, ha experimentado

un avance considerable en Europa como consecuencia de los Gobiernos socialistas.

Para los socialistas, el cambio en España consiste en emprender el camino hacia un modelo de sociedad

que compatibilice la igualdad y el pluralismo, las libertades y el bienestar sociocultural. Es decir, se trata

del reto de colocar a la sociedad española en las cotas de progreso que el socialismo democrático ha

supuesto y supone para las sociedades europeas. Pero a la vez se trata del camino para cumplir el mandato

de nuestra Constitución de "establecer una sociedad democrática avanzada". No se trata de un mandato

fácil: tenemos una sociedad con desigualdades e injusticias profundas si la comparamos con las

sociedades europeas. La concentración proporcional de la riqueza en los intervalos superiores de ingresos

es bastante superior a la que existe en las sociedades más avanzadas; por el contrario, los sectores sociales

más pobres disponen de una proporción muy baja del consumo total del país: la mitad, por ejemplo, de lo

que les corresponde en Gran Bretaña o en la RFA. Por añadidura, en nuestro país la desigualdad

socioeconómica se transmite de padres a hijos con más fuerza que en las sociedades europeas. Dos tercios

de los hijos de trabajadores manuales seguirán siendo obreros: sólo un 3% podrá acceder a las posiciones

sociales superiores; en cambio, el privilegio se transmite de padres a hijos con el doble de intensidad que

en Francia, en Gran Bretaña o Suecia (según los estudios de Goldthorpe, Portocarrero y Erikson).

Política de empleo

La desigualdad en España se ha reforzado por una política social inadecuada. La precariedad del esfuerzo

público para afrontar las necesidades sociales se manifiesta de forma dramática en la política de empleo:

no solamente nuestra economía no proporciona trabajo suficiente, sino que la política social

conservadora, encarnada en la ley Básica de Empleo, no cubre las necesidades de los que no encuentran

trabajo. En 1980, el porcentaje de parados con subsidio se situaba en un 58% del total de parados; en la

actualidad, menos de un 35% de los parados registrados perciben el seguro de desempleo (la cobertura

más baja de todos los países industrializados).

La precariedad de la política social conservadora se manifiesta en muy diversos campos: por ejemplo, en

un gasto público de protección social que en nuestro país se sitúa en el 16% del PIB, frente a un 31 % en

Holanda, un 27% en la RFA, Bélgica o Dinamarca (la media europea es un 25%); por ejemplo, en un

gasto público en sanidad muy inferior al de cualquier otra sociedad europea; por ejemplo, en una

Seguridad Social con recursos escasos y mal administrados, que hoy día no cubre las necesidades de

amplios sectores sociales, pero cuyo sistema de financiación resulta muy gravoso para las empresas y

para una política de empleo.

El otro gran instrumento para alcanzar las cotas de bienestar de una "democracia avanzada", la educación,

ha sufrido de una misma precariedad. Las graves necesidades educativas se resumen en un déficit de

alrededor de 1.500.000 puestos escolares (en Preescolar, EGB, BUP, FP, Educación Permanente y Educa-

ción Especial); una desigualdad de oportunidades educativas equivalente al doble de la que existe en

Europa; en una baja calidad del sistema educativo, que se manifiesta en un creciente "fracaso escolar"

(que alcanza a un 38% de los alumnos de EGB hoy día); en una situación de abandono del profesorado y

en una desconexión entre educación y empleo. Ante esta situación, el Estado español gasta un 2% del PIB

en educación, la mitad que en Holanda, RFA, Italia o Bélgica, y tres veces menos que en Gran Bretaña y

los países escandinavos.

Tenemos así una desigualdad social equivalente al doble de la existente en Europa, a la que, sin embargo,

se hace frente con una política social y educativa que es la mitad de ambiciosa. Una moral de solidaridad

es necesaria, sin embargo, para afrontar la crisis económica y el futuro de nuestra sociedad, frente al

darvinismo de una nueva derecha que practica el principio de que sólo los fuertes sobreviven.

Esa moral de solidaridad no se puede basar en una política social y educativa precaria; no se expresa

tampoco en una defraudación fiscal que hoy se extiende a un 56% de las rentas percibidas (defraudación

que sube a un 76% de las rentas procedentes del capital mobiliario), del capital inmobiliario y de las

actividades empresariales. El programa socialista pretende luchar contra esta defraudación fiscal de los

que más tienen, equivalente a casi un billón de pesetas (alrededor del 4% del PIB). Y a la vez, justificar

esta fiscalidad con unos objetivos claros de política social, que además de racionalizar la pésima gestión y

administración de la Seguridad Social, de la sanidad o de la cobertura del desempleo, extienda sus

prestaciones, atendiendo a unos sectores sociales necesitados, hoy días marginados, y que, a través de la

educación, haga de España un país más culto, más justo y más ubre.

Esta política social más ambiciosa y humana podrá sentar las bases para esa moral de la solidaridad que

puede permitir que nuestra sociedad se identifique con un proyecto común de recuperación económica y

de modernización. En tiempos de dificultades, las reformas ambiciosas han conducido a las democracias

europeas por una senda de progreso; este otoño es el momento de la esperanza para la sociedad española.

José Muía Maravall es catedrático de la Universidad Complutense y miembro de la Comisión Ejecutiva

Federal del PSOE.