Climas de opinión

EL PROGRAMA DE UN ESTADISTA

Arias Navarro pronuncia un discurso sin precedentes.

Las cinco promesas concretas.

El espíritu del 12 de febrero.

Escribe: PEDRO CALVO HERNANDO

Carlos Arias Navarro ha pronunciado un discurso sin precedentes en la historia política del Régimen. A

partir de aquí es muy posible que tengamos que hacer frente a la llegada de acontecimientos que nos

costará trabajo creer, pues todos tenemos los ojos y los oídos un poco entumecidos al cabo de tantos años

de darle la vuelta a las mismas cosas sin terminar nunca de abrir la brecha del futuro.

No es esta una hora para la adulación ni para la suspicacia. Y no seré yo, desde luego, quien caiga en

ninguno de esos dos extremos. Es la hora de embridar los excesos del entusiasmo y de la desesperanza

porque nos encontramos tal vez en el punto alfa de un definitivo proceso de engarce con el futuro. Y es

tanto lo que nos jugamos, que no veo otro camino honrado que no sea el de un tratamiento discreto,

sereno, desapasionado, generoso y crítico.

Los grandes periódicos y numerosos personajes de la vida política han acogido favorablemente —con

diversos grados— el programa expuesto por el presidente del Gobierno ante el Pleno de las Cortes

Españolas. Esto no es una opinión, sino la constatación de un hecho que no puede ni debe manipularse.

Como lo es la reacción —entre sorprendida y expectante— de un amplio espectro de las posiciones más

críticas de dentro y de fuera de los campamentos del sistema. Este comentarista se encuentra ante la ardua

labor de considerar una situación radicalmente nueva y distinta y de hacerlo con exquisita

responsabilidad, sin ceder ante ninguna de aquellas dos tentaciones más arriba mencionadas.

Respeto al pueblo

El discurso de Arias es una pieza política de arriba abajo. Es el discurso de un estadista plenamente

consciente de haber asumido la responsabilidad del poder ejecutivo y que se dirige al pueblo español

considerándolo mayor de edad y respetando escrupulosamente su dignidad y sus derechos. No hay

amenazas, ni anatemas, ni crispaciones, ni agresivas referencias al pasado, ni visiones apocalípticas, ni

insultos genéricos o sectoriales. Hay —por el contrario— un reconocimiento positivo y optimista de la

madurez política de la comunidad española. Hay un estilo llano y sencillo, sin retórica, y un tono realista

y conciliador. Hay una llamada a la esperanza y a la integración para una convivencia más pacífica y más

libre.

Pero hay también el anuncio de cinco medidas legislativas concretas (dos de ellas a plazo fijo) que

podrían propiciar por sí mismas un gran salto hacia adelante y que me interesa comentar aquí de manera

especial.

Son las siguientes: un nuevo proyecto de Ley de Régimen Local, un proyecto de incompatibilidades

parlamentarias, el inmediato desarrollo de la Ley Sindical, un estatuto del derecho de asociación y una

reforma administrativa de carácter orgánico y funcional.

1 Régimen Local

ARIAS Navarro anunció la retirada del actual proyecto de Ley de Régimen Local y la remisión de un

nuevo texto a las Cortes antes del próximo 31 de mayo, texto que «atribuirá a alcaldes y presidentes de

Diputación carácter electivo». El nuevo proyecto —según el presidente Arias— contemplará como un

todo coherente el conjunto de los problemas de la vida focal, desde sus aspectos específicamente políticos

a los financieros, burocráticos y funcionales.

El actual proyecto había sido elaborado por el Gobierno del 29 de octubre de 1969 y enviado a las Cortes

en enero de 1972. La Ponencia redactó su dictamen a la vista de las numerosísimas enmiendas de los

procuradores. No sería extraño que para el nuevo proyecto se utilizase en parte el valioso material de ese

informe de la Ponencia. En cualquier caso, el nuevo Gobierno no tenía por qué hacerse solidario de un

proyecto fletado por un Gabinete del que sólo continúan dos ministros en sus puestos.

Es muy significativo que la única explicitación sobre el contenido del nuevo proyecto sea que los

presidentes de las Corporaciones Locales tendrán carácter electivo. Esto supone el reconocimiento de la

primacía de lo político también en la esfera de las entidades locales. Para que pueda hablarse de «carácter

electivo» será necesario, como mínimo, que los alcaldes y presidentes sean elegidos por los concejales y

diputados, respectivamente, sin intervención de la autoridad gubernativa. Aunque no hay por qué excluir

un mayor grado de democratización en el modo de designarlos.

Tampoco hay que perder de vista la posible conveniencia de que los alcaldes no fueran los delegados del

Gobierno en el término municipal ni ostentaran —como ahora es habitual— la jefatura local del

Movimiento.

2 lncompatibilidades parlamentarias

EL anuncio presidencial de la remisión a las Cortes de un proyecto de Ley que contemple y regule el

régimen de incompatibilidades para el desempeño de la función parlamentaria, supone obviamente la no

admisión a trámite de la proposición de Ley que había presentado un grupo de procuradores y que aquí

fue comentada en su momento. El Gobierno se compromete a plazo fijo —antes del 30 de junio

próximo— a desarrollar la disposición transitoria quinta del vigente Reglamento de las Cortes, que

impone aquella obligación.

La Ley de Incompatibilidades puede ser un valioso instrumento de democratización de las Cortes, así

como un medio para que resplandezca el principio de la coordinación de funciones, que ahora están

bastante confundidas por el exceso de procuradores vinculados a la Administración y al ejecutivo. El

tema será, sin duda, polémico y supondrá un «test» para averiguar cuál es el talante real de muchos

componentes de la llamada clase política.

La voz del Gobierno estaría suficientemente garantizada en las Cortes por los procuradores que lo son con

carácter nato gracias a los cargos de libre designación gubernativa que desempeñan. Por no hablar de los

numerosos consejeros nacionales y procuradores de libre nombramiento del Jefe del Estado y del

presidente del Gobierno.

3 Desarrollo de la Ley Sindical

EL presidente Arias Navarro anunció la inmediata aceleración de ese desarrollo de la Ley que impone

el estudio de los decretos de reconocimiento de los Sindicatos Nacionales y la posterior elaboración

autónoma por éstos de sus respectivos estatutos, en los que deberá abordarse la regulación y

funcionamiento de las agrupaciones para la representación, gestión y defensa de los intereses comunes y

de las asociaciones sindicales para las actividades específicas con intereses peculiares.

Precisamente en ese estadio del desarrollo de la Ley es donde residen algunos de los aspectos

fundamentales que hacen referencia a la autonomía y al asociacionismo sindicales. Un adecuado

tratamiento reglamentario y estatutario podría contribuir a reducir las distancias existentes entre el aparato

organizativo sindical y las bases del mundo del trabajo, con la falta de entendimiento y con la frecuente

conflictividad que esas distancias generan. Las asociaciones sindicales serían lo que más se pareciese a la

libertad sindical entendida al modo europeo.

4 Estatuto de asociaciones

LITERALMENTE, la promesa del presidente del Gobierno dice así: «El estudio y redacción de un

estatuto del derecho de asociación para promover la ordenada concurrencia de criterios, conforme a los

principios y normas de nuestras Leyes Fundamentales. Sin que proceda aquí tampoco el señalamiento de

un plazo, es deseo del Gobierno que las entidades asociativas reconocidas y reguladas por aquel estatuto

puedan comparecer, sin tardanza, en la vida política nacional».

Este comentarista no oculta su satisfacción ante tan explícito reconocimiento presidencial de que el

asociacionismo político viene exigido por la normativa constitucional vigente. Es una tesis que he

sostenido contra viento y marea. En esta revista dediqué al tema un minucioso estudio de carácter jurídico

- político, en el que llegaba a una conclusión coincidente con el autorizado criterio que acaba de hacer

público el presidente del Gobierno.

En el discurso de Arias Navarro hay otras alusiones al pluralismo que complementan perfectamente este

anuncio concreto que estoy analizando. Así, por ejemplo, su deseo de que en el Movimiento tengan

presencia «cuantas plurales corrientes de opinión se registren en el seno de la vida española», siempre

dentro del marco de los Principios Fundamentales. Habla también de la «ordenación de nuevas fórmulas

para dar proyección política al pluralismo real de nuestra sociedad». Y a lo largo del discurso se

encuentran multitud de conceptos que ya de una manera menos concreta rezuman una clara proclividad

pluralista.

No se señala un plazo, pero se habla de una comparecencia «sin tardanza» de las entidades asociativas.

Como han pasado ya siete largos años desde la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, es de

suponer que la expresión «sin tardanza» no alcance más allá de los umbrales del próximo año. El tema

está muy estudiado, muy debatido y muy maduro. Ya no hay que hacerse más preguntas filosóficas ni es

preciso insistir en que hay que plantearlo en su verdadero terreno. Lo único que falta es un proyecto

legislativo y un debate nacional e institucional para perfeccionarlo. Nada más. Y, por supuesto, dejar el

asunto a la libérrima intemperie de la opinión de los españoles, sin secretos oficiales ni cosas por el estilo.

5 Reforma administrativa.

EN otro lugar del discurso, Arias Navarro anuncia, aunque sin la solemnidad formal de los anteriores

puntos, una «sana y meditada reforma administrativa de carácter orgánico y funcional». El punto de

partida que señala el presidente para tal reforma no puede ser más correcto: una seria acotación de las

distintas parcelas de influencia extendida a toda la vida social de los españoles, para que el político no

interfiera a la Administración ni el burócrata a la política.

Muy importante sería, pues, reducir el poder de la burocracia a sus justos límites, terminando de una

vez con la soterrada y decisiva influencia que a veces ejercen algunos cuerpos administrativos

generalmente en su propio beneficio, que no suele coincidir con los intereses generales de la

Administración y de los treinta y cuatro millones de españoles. Es claro que la burocracia debe estar al

servicio de todos los españoles, ejecutando las decisiones de los políticos, que han de adoptarlas en

nombre y representación de la totalidad de sus compatriotas, los cuales han de disponer de los adecuados

medios de control.

El Príncipe y la juventud

QUIERO subrayar un par de aspectos más del discurso - programa. Uno es la significativa contundencia

con que Arias Navarro afirma que don Juan Carlos de Borbón «está sobradamente capacitado para ejercer

la magistratura soberana que habrá de desempeñar en el día, tan doloroso como inexorable, que Franco

falte de nuestro lado». El presidente del Gobierno es así plenamente consecuente con aquella decisión

histórica del 22 de julio de 1969 y, por si alguien necesitaba el recordatorio, pasa revista a las razones

decisivas del nombramiento de don Juan Carlos como sucesor a título de Rey.

El otro aspecto es su inusitada referencia a la juventud. «Tenemos derecho a exigir que las nuevas

generaciones comprendan y valoren las significaciones de nuestro pasado reciente, pero debemos

abandonar la pretensión paternalista de que sientan como personales vivencias lo que ya son para ellos

páginas de sus textos de historia». Este es uno de los párrafos más desmitificadores de todo el discurso. A

partir de ahora les va a ser muy difícil sostener el juego a los del reloj parado hace treinta, y cinco años.

En estos momentos, el presidente y su Gobierno tienen ganada la calle en proporciones inéditas desde

hace muchos años. Cuentan incluso con la complacencia de los más exigentes. Es claro que el contraste

con las realidades producirá luego algunos desencantos. Pero es la hora de jugar fuerte y de librar la

batalla contra el tiempo y contra los obstáculos que en seguida surgirán. Pero hay que confiar en que el

espíritu del 12 de febrero condicionará la vida española de los próximos años. P.C.H.