ABC, póg. 15

PARO EN ESPAÑA

EL paro es el problema socio-económico más grave de España. Nuestro país, entre los de la OCDE, tiene

el más alto nivel de paro y la más baja tasa de actividad económica. En la OCDE existe también paro, con

una suma total, en 1985, de treinta millones. Pero el porcentaje de loe parados en España —que alcanza a

tres millones— duplica la media de la OCDE y se aproxima al 21,9 por 100 de la población activa; es

decir, de la que normalmente debería estar incorporada al trabajo. Pero, además, ciertas circunstancias

acentúan la gravedad del problema. Por un lado, su duración: el paro en tiempo superior a un año afecta,

entre nosotros, al 53,6 por 100 de los parados, porcentaje superior a los del Reino Unido y Francia, y sólo

superado por el correspondiente a Bélgica. Por otro lado, el paro juvenil es también, en España, mayor

que en el ámbito de la OCDE. Y finalmente se registra su acusada incidencia en los sectores industriales.

Lógicamente, las causas del paro son diversas. Comprenden desde aquellas que obedecen a motivos

demográficos —las altas tasas de natalidad que se alcanzaron en la década de los años sesenta- hasta

aquellas otras que pueden genéricamente denominarse económicas. Pero, sin negar o desconocer el

impacto cierto que todas tienen en la generación de desempleo, parece fuera de duda que las causas

económicas son las decisivas, las que más influyen en la aparición del paro, en su incremento y en la

ineficacia de cuanto se intenta para reducirlo. En la memoria de todos está la incumplida promesa

electoral socialista, ante las urnas de 1982, de creación de ochocientos mil puestos de trabajo, y es de

sobra conocido el hecho tremendo del proseguido incremento del paro. Porque ¿cómo desconocer que la

política económica socialista no ha demostrado eficacia alguna en orden a reducir el paro y crear puestos

de trabajo?

En el ámbito de la OCDE, como queda dicho, también existe paro; también el problema reviste

importancia. Pero los países comprendidos en ella, en términos generales, han sabido articular y aplicar

políticas que han demostrado capacidad real en la lucha contra el desempleo. Y en España, solamente

desde áreas no gubernamentales, no socialistas, se proponen soluciones que luego no son recogidas, ni

aplicadas, por supuesto, en disposiciones normativas ni, por tanto, en el uso administrativo.

Así, la CEOE, en su reciente documento ante laa próximas elecciones, señala que el objetivo de la política

social del Gobierno debe ser «crear empleo productivo, rentable y competitivo", y no el mantener

situaciones de bloqueo de plantillas, que, a la postre, terminan creando más paro. La solución —subraya

el texto de la patronal- no debe quedar a los resultados de la mera discusión de las partes sociales: es

responsabilidad del Gobierno. Y áste debe promover la adaptación de nuestra legislación, a la que rige en

los estados miembros del Mercado Común, al que pertenecemos.

A su vez, y en cuanto se refiere al paro juvenil, en los países de la OCDE, en los que existe salario míni-

mo interprofesional -que no son los mas-, se aplican criterios flexibles y diversos para que la rigidez de

éste no impida el acceso de los jóvenes a puestos de trabajo.

Se trata de medidas de flexibilización laboral, reducción de costes empresariales derivados de una ex-

cesiva presión fiscal, y también de medidas de estímulo al ahorro y a la inversión, como palanca poderosa

para lograr la recuperación económica.