ABC, póg. 15
PARO EN ESPAÑA
EL paro es el problema socio-económico más grave de España. Nuestro país, entre los de la OCDE, tiene
el más alto nivel de paro y la más baja tasa de actividad económica. En la OCDE existe también paro, con
una suma total, en 1985, de treinta millones. Pero el porcentaje de loe parados en España —que alcanza a
tres millones— duplica la media de la OCDE y se aproxima al 21,9 por 100 de la población activa; es
decir, de la que normalmente debería estar incorporada al trabajo. Pero, además, ciertas circunstancias
acentúan la gravedad del problema. Por un lado, su duración: el paro en tiempo superior a un año afecta,
entre nosotros, al 53,6 por 100 de los parados, porcentaje superior a los del Reino Unido y Francia, y sólo
superado por el correspondiente a Bélgica. Por otro lado, el paro juvenil es también, en España, mayor
que en el ámbito de la OCDE. Y finalmente se registra su acusada incidencia en los sectores industriales.
Lógicamente, las causas del paro son diversas. Comprenden desde aquellas que obedecen a motivos
demográficos —las altas tasas de natalidad que se alcanzaron en la década de los años sesenta- hasta
aquellas otras que pueden genéricamente denominarse económicas. Pero, sin negar o desconocer el
impacto cierto que todas tienen en la generación de desempleo, parece fuera de duda que las causas
económicas son las decisivas, las que más influyen en la aparición del paro, en su incremento y en la
ineficacia de cuanto se intenta para reducirlo. En la memoria de todos está la incumplida promesa
electoral socialista, ante las urnas de 1982, de creación de ochocientos mil puestos de trabajo, y es de
sobra conocido el hecho tremendo del proseguido incremento del paro. Porque ¿cómo desconocer que la
política económica socialista no ha demostrado eficacia alguna en orden a reducir el paro y crear puestos
de trabajo?
En el ámbito de la OCDE, como queda dicho, también existe paro; también el problema reviste
importancia. Pero los países comprendidos en ella, en términos generales, han sabido articular y aplicar
políticas que han demostrado capacidad real en la lucha contra el desempleo. Y en España, solamente
desde áreas no gubernamentales, no socialistas, se proponen soluciones que luego no son recogidas, ni
aplicadas, por supuesto, en disposiciones normativas ni, por tanto, en el uso administrativo.
Así, la CEOE, en su reciente documento ante laa próximas elecciones, señala que el objetivo de la política
social del Gobierno debe ser «crear empleo productivo, rentable y competitivo", y no el mantener
situaciones de bloqueo de plantillas, que, a la postre, terminan creando más paro. La solución —subraya
el texto de la patronal- no debe quedar a los resultados de la mera discusión de las partes sociales: es
responsabilidad del Gobierno. Y áste debe promover la adaptación de nuestra legislación, a la que rige en
los estados miembros del Mercado Común, al que pertenecemos.
A su vez, y en cuanto se refiere al paro juvenil, en los países de la OCDE, en los que existe salario míni-
mo interprofesional -que no son los mas-, se aplican criterios flexibles y diversos para que la rigidez de
éste no impida el acceso de los jóvenes a puestos de trabajo.
Se trata de medidas de flexibilización laboral, reducción de costes empresariales derivados de una ex-
cesiva presión fiscal, y también de medidas de estímulo al ahorro y a la inversión, como palanca poderosa
para lograr la recuperación económica.