Traemos un aire limpio
Administración
E! Estado ha de ser e! garante de ia convivencia democrática y de la solidaridad entre los españoles y
entre las nacionalidades y regiones de España Pero tiene, además, según la Constitución, la obligación de
promover las condiciones más favorables para el progreso social y económico y para una distribución más
equitativa de la renta personal y regional. Tiene también el deber de crear las condiciones que hagan real
y efectiva la libertad y la igualdad entre los españoles
Los socialistas insistimos en el protagonismo de la sociedad. El Estado pertenece constitucionalmente a
los ciudadanos No corresponde a ninguna burocracia ni civil ni militar Cuando esto se olvida, los
intereses burocráticos se anteponen a los verdaderos intereses públicos, los aparatos burocráticos crecen
más allá de lo razonable, se derrochan los recursos públicos. se debilita la creatividad de la sociedad y se
tiende a llevar al ciudadano a una actitud pasiva de beneficiario o asistido. Es preciso reaccionar frente a
todo esto: el Estado ha de intervenir en la vida social, perosu necesaria reforma ha de partir también del
protagonismo social ha de basarse en la participación ciudadana, en la demanda social de los cambios
necesarios para que, el Estado se halle de verdad al servicio de los ciudadanos.
Por ello, los socialistas consideramos el principio de eficacia como la otra gran directriz de nuestras
reformas: conseguir que el gasto público —hoy comprende 35 pesetas de cada 100 producidas por los
españoles— no se derroche, sino que sirva de verdad para obtener cotas crecientes de progreso, de
bienestar y de igualdad social.
La democratización plena de las Administraciones Públicas
El Gobierno debe actuar con sometimiento total a la Ley y al Derecho.
El Gobierno garantizará que todos los ciudadanos y grupos sociales puedan acceder a las
Administraciones Públicas en condiciones de igualdad para la defensa de sus derechos e intereses. A tai
efecto:
— Favorecerá en especial a los sectores sociales con menos capacidad de reivindicación tales como los
jubilados y pensionistas,´los minusválidos. los jóvenes etc.
— Desarrollará campañas de información a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes ante los
servicios públicos fundamentales.
El Gobierno exigirá y garantizará la profestonalidad y la imparcialidad política de los funcionarios
públicos. A tal efecto:
— Establecerá una incompatibilidad rigurosa entre el ejercicio de los cargos públicos electivos y e!
desempeño en activo de la función pública, empezando, por su valor ejemplar, con las incompatibilidades
de los Diputados y Senadores, y acabando así con la situación actual que vulnera el principio de división
de poderes e introduce el partidismo en la Administración.
Revisará de inmediato todas aquellas compatibilidades que comprometen la credibilidad de la
Administración, la imparcialidad de los funcionariosoel funcionamiento eficaz de los servicios
— Establecerá una verdadera carrera administrativa. La promoción pasará a hacerse por concurso
público de méritos, en los que se valorará la dedicación eficaz al servicio, la capacidad y la antigüedad,
dejando de depender de la libre designación. El Gobierno reconocerá los derechos sindicales del personal
en todas las Administraciones Públicas.
Asegurar la gestión eficaz de los servicios públicos
La Administración funciona con cotas altas de ineficacia.
El Gobierno socialista procederá a reordenar la situación actual de la función pública. Y para ello:
— Elaborará [con la consulta a las organizaciones sindicales) el Proyecto de Ley de Bases estatutarias de
la función pública.
— Racionalizará la fragmentación actual en Cuerpos y Escalas, reduciéndose los 1.300 ahora existentes a
cifras razonables.
— Democratizará y racionalizará el acceso a ¡a función pública.
— Ordenará el sistema de retribuciones.
— Establecerá un régimen de Seguridad Social unitario para todos los funcionarios, y se concertará con
los sindicatos un programa para su aplicación progresiva.
— Se exigirá la ejecución leal y enciente de los programas, las directrices y las órdenes de los superiores
jerárquicos, así como el debido cumplimiento de ios horarios.
— Establecerá un régimen riguroso de incompatibilidades.
— Asegurará la formación permanente de los funcionarios.
El Gobierno socialista, consciente también de la crisis de adaptación que hoy viven las Administraciones
Públicas, desarrollará un programa de reformas tendentes a introducir la inquietud y la capacidad por la
gestión eficaz de los servicios. A tal efecto.
— Procederá a la reforma presupuestaria y del gasto público.
— Reformará el sistema contable actual.
— Introducirá progresivamente técnicas de evaluación de gestión.
— Ordenará que cada organismo público proceda a la simplificación de trámites.
Construir la Administración del Estado que exige el proceso autonómico
El proceso autonómico tiene dos grandes vertientes: por un lado, la institucionaliza-ción y puesta en
marcha del autogobierno de cada nacionalidad o región, que es una responsabilidad principal de las
Comunidades Autónomas; por otro, el establecimiento de fas bases comunes del nuevo modelo de
Administración, y la adecuación a las mismas de la estructura y comportamiento cíe la Administración
del Estado, que es una responsabilidad fundamenta! del propio Estado.
El Gobierno socialista asegurará este objetivo general a través de actuaciones en diferentes planos.
Las transferencias de servicios y la reconversión de la Administración del Estado.
El Gobierno socialista impulsará decididamente el proceso de transferencias, que se producirá según las
pautas establecidas en los acuerdos autonómicos. Pero garantizará también que las transferencias se
acompañen de las reformas necesarias en la Administración Central.
La función pública y el proceso autonómico
Para corregir la situación actual y evitar que el proceso autonómico produzca un fuerte incremento del
gasto de personal o la necesidad de proceder a una amortización importante de plazas en la
Administración Central, e! Gobierno socialista procederá en consecuencia:
— A desarrollar una campaña de información a todos los funcionarios públicos sobre el significado y
repercusión del proceso autonómico. — A incentivar debidamente su traslado voluntario. — A la
aplicación estricta de los traslados forzosos que procedan, sin perjuicio de la opción por el régimen
singular de jubilación o de excedencia.
La financiación de las Autonomías
El sistema de financiación de las Autonomías previsto en la Constitución y desarrollado por la Ley
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LÓFCA), garantiza la suficiencia de las
haciendas autonómicas, permite la solidaridad entre los territorios del Estado y hace posible que el
proceso de transferencia se realice sin incremento del gasto público. Para ello:
— Se desarrollará la legislación prevista en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades
Autónomas.
— El coste de los servicios transferidos a las Comunidades Autónomas se valorará de forma correcta,
igual, objetiva y transparente.
— Se aplicarán los mismos principios de igualdad, objetividad y transparencia en la fijación del
porcentaje de participación de las Comunidades Autónomas en los ingresos del Estado, así como en la
determinación del cupo del País Vasco y de la aportación de Navarra.
— Las instituciones de cooperación entre la Administración Central y las Autonomías y. singularmente,
el Consejo de Política Fiscal y Financiera se potenciarán ai máximo.