ANÁLISIS

8 enero-83/Diario 16

Antonio Papell

El desenfoque de lo militar

Como nadie ignora, se acaba de celebrar la llamada Pascua Militar, que coincide anualmente con el día de

Reyes, deslucida este año por la ausencia del Monarca en las conmemoraciones madrileñas, a causa de un

accidente que le mantiene postrado. A pesar de todo, los medios de comunicación públicos han llenado el

habitual vacío informativo de estas fechas con raudales de noticias sobre este hito castrense. Y hasta los

privados han considerado de gran trascendencia la conmemoración; una conmemoración que ha servido

para que el Rey reiterara una vez más la tesis constitucionalista del papel del Ejército, mediante la

divulgación del discurso que no llegó a pronunciarse por las razones mencionadas. Así las cosas, empieza

a quedar de manifiesto que el estamento castrense es foco de atención y objeto de homenaje institucional

al menos dos veces al año: en la Pascua Militar y en el Día de las Fuerzas Armadas. Quien no conozca los

usos y costumbres europeos en la materia, difícilmente podrá sustraerse a la sensación de que aquí

estamos tratando de adular a la milicia, como si tuviéramos que tenerla de nuestra parte para que no se

desmande inoportunamente. Ei Monarca ha querido recordar en su nonato discurso la evidencia de los

diez millones de votos que respaldan al Gobierno socialista, «el peso enorme de la manifestación de la

voluntad de nuestros compatriotas que es preciso acatar y respetar». Quien no estuviese medianamente

iniciado de lo que aquí sucede, entendería mal al Jefe del Estado reiterar tan obvia afirmación, a todas

luces innecesaria en una ´democracia normalizada. Y, por consiguiente, los ciudadanos de este país no

tenemos más remedio que preguntarnos si, más allá de lo aparente, existe algún motivo en especial para

que el Rey insista, una vez más, en que no hay argumento válido para derribar la Constitución en nombre

del Estado, o al Estado en nombre del pueblo. La teoría se ha reiterado en plena campaña electoral: No

hay más que un poder legitimo, el civil; respaldado por el consenso soberano del pueblo, y el militar ha de

estar supeditado a él. Al propio tiempo, las altas instancias del Estado han repetido incansablemente que

no hay riesgo alguno de que la milicia subvierta el orden constitucional que nos hemos dado libremente

los españoles. Pero los hechos hablan de otra forma: el Ejército permanece atentamente observado por

todos —recuérdese la importancia que se dio en su día a la designación del ministro de Defensa y no a

cualquier otro— y manifiestamente controlado. Y hasta adulado sin pudor por el poder civil, como si no

hubiera desaparecido del todo el riesgo de una involución. No puede pasar inadvertido el hecho de que, en

tanto se pone en duda la productividad de la Administración Civil y se dan, medidas para acrecentarla sin

ninguna clase de delicadeza especial, nada se dice de la productividad de la Administración Militar, que a

lo mejor requiere asimismo reformas similares a las que van a tener lugar en el otro ámbito. No creo que

nadie pueda sentirse insuperablemente ofendido en el estamento castrense si se pone en cuestión la

rentabilidad del servicio militar en su forma actual.