NACIONAL

SÁBADO 16-10-82

Recurso del ministerio fiscal contra la sentencia del 23-F

No hubo en ningún caso mera conspiración, sino rebelión consumada

MADRID. En la mañana de ayer, el Tribunal Supremo comunicó a los abogados de los procesados por

los sucesos del 23-F el recurso del ministerio fiscal contra la sentencia del Consejo Supremo de Justicia

Militar, y al que tuvo acceso Europa Press. El fiscal expone veinte motivos que son, en síntesis:

Los móviles no fueron altruistas ni patrióticos

1/ Cuando varias personas se ponen de acuerdo para un común fin delictivo, se crea una solidaridad que

convierte a todos en .autores del delito, cualquiera que sea la importancia de su actuación material,

aunque los actos que se hayan encomendado al agente concreto no puedan llegar a realizarse en~ la

totalidad planteada por causas exteriores a su voluntad; Conforme a ello, el general Armada Comyn,

concertado con los demás rebeldes para la ejecución del delito, no logró el propósito de los rebeldes por

fa posición de terceros y no- por desistimiento voluntario. Por tanto es partícipe de la fase ejecutiva por su

carácter de cabeza de la rebelión. Nos encontramos ante un solo y único delito de rebelión militar de

carácter permanente y no cabe señalar momentos distintos de consumación debido´ a los distintos lugares.

Esa consumación se produce por la exteriorización del alzamiento en armas. De ios hechos probados no

parece que haya desistido del delito, sino que persistió en su propósito rebelde e´ intentó cumplir la

función a éí asignada. Hay dos actos que no pueden valorarse aisladamente, sino en relación con su previo

concierto para ia ejecución: sus intentos de situarse en el Palacio cíe la Zarzuela y .de proponer un

Gobierno presidido por él.

2/ el caso, dé que la Sala no estimara acreditada- la condición de cabeza de la rebelión en el general

Armada Comyn, sería subsumible su conducta como partícipe en la rebelión consumada, con actos de

impulso y ayuda; a la,misma, estando identificado con los móviles perseguidos por los rebeldes y nunca

como mero conspirador.

3/ El general Torres Rojas, que intervino en la preparación de la rebelión concertándose con los distintos

penados y comprometiéndose a apoyar con su prestigio y su presencia las acciones en la División

Acorazada, extravasó la fase de conspiración y entró en la fase ejecutiva con actos de ayuda e impulsó a

la misma. La defección del general (su regreso a La Coruña) no es fruto de arrepentimiento o

desestimiento voluntario, sino que se produce por haber comprendido «que la operación habría

fracasado», y por las órdenes recibidas, sin que ni esa tardía defección ni el hecho de no haber logrado el

éxito total de los planes, haga desaparecer el carecer consumado de sus actos de rebelión.

4/ Él coronel San Martín, que conoció por el comandante Pardo Zancada los detalles del alzamiento

proyectado, se adhirió al mismo y, entre otras actuaciones, conociendo el propósito del comandante Pardo

de dirigirse al Congreso de los Diputados, no lo impidió ni utilizó los medios de que disponía para

contenerlo, como era su deber. Participó en la fase consumada de la rebelión, lo qué constituye una forma

de promoción, impulso y ayuda.

5/ De estimarse que la conducta del recurrido era sólo constitutiva dé la forma paratoria de conspiración,

el posterior hecho de no impedir la incorporación del comandante Pardo y sus fuerzas a ios rebeldes,

constituiría el delito penado en él artículo 305 del Código de Justicia Militar (perteneciente al capítulo :de

los considerados cómo de sedición militar).

6/ El teniente coronel Pedro Mas.Oliver, tras concertarse con los restantes partícipes, coadyuva a la

rebelión con actos previos y simultáneos, sirviendo de enlace entre los jefes de las distintas, facciones

rebeldes. No puede, por tanto, ser calificado como conspirador, sino que debió ser condenado como

partícipe en la rebelión consumada con actos materiales que auxiliaban y cooperaban, aunque fuera

secundariamente, a la rebelión.

7/ Reconocido en la sentencia el concurso de voluntades de Juan García Carres con los demás rebeldes,

debió ser considerado responsable de un delito de rebelión consumada, y no como de conspiración.

8/ coronel Miguel Manchado García realizó actos necesarios para la ejecución del delito de autos, como

proporcionar armas y hombres a los rebeldes, captar la voluntad de otros oficiales para participar en los

hechos y omisión del deber de impedir la rebelión de fuerzas a su mando, lodo ello identificado con los

móviles de los rebeldes. No hubo, pues, participación secundaria, sino ejecución consumada de rebelión

militar.

9/ Subsidiariamente se alega debió ser aplicado el artículo 305 (no´ impedir la rebelión militar con todos

sus medios) en lugar del que se le aplicó (ayuda a los rebeldes sin estar identificado con los mismos).

10/ El comportamiento del capitán Vicente Gómez Iglesias, apoyando las alegaciones del teniente coronel

Tejero para captar la voluntad del coronel Manchado y del capitán Abad, y colaborando materialmente en

el embarque de las fuerzas reunidas por el teniente coronel Tejero, constituye un delito previsto en el

párrafo 2° del artículo 288 (promotor de la rebelión e identificación con sus móviles, aun sin alzarse en

armas) y no el atenuado del artículo 289 (ayuda a la rebelión sin estar identificado con la misma).

11/ El capitán de navio Camilo Menéndez Vives actuó identificado con los móviles de los rebeldes, por

lo que su conducta debió subsumirse —como en el caso anterior— en el artículo 288 del Código de

Justicia Militar. Olvida la sentencia un extremo importante, y que revela ei carácter principal con que

actuó Menéndez Vives, y que es el documento de rendición (el pacto del «capó»), en el que se dice:

«Coronel Menéndez Vives, las mismas condiciones que el teniente coronel Tejero Molina, pero en el

Ministerio de Marina».

12\ El fiscal recurre en su motivo duodé-cimo por aplicación indebida de la atenuante 7 del articuló Í86

del Código dé Justicia Militar («la de obrar por motivos morales, altruistas o patrióticos de notoria

importancia»), salvo en el caso de los penados Miláns del Bosch y Tejero y los procesados absueltos

Cortina Prieto, Batista González e Ignacio Román. Las atenuantes deben surgir del relato histórico en el

que,han de estar tan probadas como el hecho mismo, exigiendo además la atenuante de móviles

patrióticos que respondan a sentimientos comunes a todos los españoles, y no a tendencias partidistas o

ideológicas exacerbadas. En ningún momento de los hechos probados se declara la existencia en los

conspiradores o rebeldes del móvil patriótico, sino que se recogen intenciones egoístas y de bien propio,

puestos de manifiesto cuando se reconoce que el desenlace de la acción armada sería un nuevo Gobierno

presidido por él general Armada, y con el teniente general Miláns. del Bosch como presidente de la Junta

de Jefes de Estado Mayor. Tampoco aparece probado que el cambio político fuera deseado por el país y la

mayoría de los ciudadanos, sino al contrario, ei objetivo de la rebelión era atentar al Gobierno legítimo y

a las Cortes constitucionales que se pretendían disolver, contraviniendo la voluntad de la mayoría que las

había elegido. En los motivos trece, catorce y diecisiete, el recurso estudia, respectivamente, la conducta

del comandante Pardo Zancada, coronal Ibáñez Inglés y tenientes de la Guardia Civil Núñez Ruano,

Carricondó Sanchez, Alvarez Fernández, Alonso Hernaiz, Vecino Núñez e Izquierdo Sánchez,

reputando,indebidamente aplicado ef artículo 294 del Código de Justicia Militar, que atenúa la

responsabilidad por deponer las armas antes de usarlas y someterse a las autoridades legítimas. Además

dé haberse hecho uso de las armas, el comandante y el coronel no se sometieron a las autoridades

legítimas, desoyendo las intimaciones que para elfo se les hicieron.

15/ Aplicación indebida dé la circunstancia 12 del artículo 185 del Código Militar (actuar bajo

obediencia debida) respecto a los tenientes de la Guardia Civil Pedro Izquierdo Sánchez, César Alvarez

Fernández, Vicente Ramos Rueda, Jesús Alonso Hernaiz, Manuel Oza Carranco, Santiago Vecino Núñez.

y Vicente Carricondó Sánchez. Este argumento no puede ser mantenido frente a oficiales de la Guardia

Civil con misión específica de perseguir a los delincuentes y conocimiento del catálogo de los delitos que

vienen obligados a prevenir y descubrir, por lo que desde los primeros momentos de la ocupación del

Congreso y ante la modalidad de la acción ejecutada y acontecimientos ocurridos, pudieron y debieron

deshacer cualquier duda sobre el carácter delictivo de esos actos, que rompía todo vínculo de obediencia a

una orden claramente ilegítima. La nueva redacción del artículo 185, circunstancia 12 del Código Militar,

excluye, del beneficio de exención de la responsabilidad por obediencia debida a órdenes que «entrañen

la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes o constituyan delito, en particular

contra la Constitución». Rechazamos también—dice ff recurso— el que los tenientes de la Guardia