Divorcio: Otro round

Antonio Medina

A partir del pasado 7 de mayo, el tema del divorcio y la estabilidad del matrimonio está levantando

oleadas de mar gruesa a muy gruesa. No ha habido diario o revista que se haya privado de comentar,

criticar o subrayar, con los criterios e intereses más encontrados o dispares, la nota doctrinal de la

Comisión Permanente del Episcopado Español sobre el matrimonio y el divorcio. Querríamos colocar

nuestra gotita de plomo candente sobre el tema para terminar de perforarlo.

En 1974, según el Instituto de la Opinión Pública, el 65 por 100 ,de los españoles querían, de una u otra

forma, que se legalizara el divorcio. En el 75, el número de españoles que aceptaban la posibilidad legal

del divorcio era de un 71,6 por 100, según el informe FOESSA, cifra que se elevaría a raíz del presente

proceso de democratización del Estado.

El matrimonio civil

El primer quehacer de un Estado y una Administración democráticos en este ámbito es la legalización del

matrimonio civil sin interferencia alguna de tipo religioso. El artículo 42 del Código Civil Español, que

desde el año 1889, como en su redacción actual del 24 de abril de 1948 que lo adaptó el Concordato de

1953, reza que "La ley reconoce dos clases de matrimonio: el canónico y el civil .E1 matrimonio habrá de

contraerse canónicamente, cuando uno al menos profese la religión católica. Se autoriza el matrimonio

civil, cuando se pruebe que ninguno de los dos profesa la religión católica". Ello significa que hoy por

hoy en España tenemos legalizado un matrimonio civil subsidiario. Es, pues necesario y urgente hacer

efectiva en nuestro país la igualdad jurídica de todos los ciudadanos en esta materia con la implantación

legal del matrimonio civil así no existirá igualmente por parte de la autoridad del Estado, coacción de

ningún tipo de cara al matrimonio religioso.

El divorcio

Aparte de la reflexión doctrinal de la Comisión Permanente del Episcopado español sobre el divorcio,

ofrecemos el dato que nos facilita la Asociación de Mujeres Separadas en el que aparecen más de 400.000

matrimonios separados de hecho y 100.000 más que obtuvieron la separación legal. Ello significa que

más de un millón de españoles han decidido romover el vínculo matrimonial que según el Magisterio de

la Iglesia a. la que pertenecen, al menos de oficio, y según el derecho civil el vínculo es indisoluble. En

1976, el arzobispo de Madrid

Alcalá da la cifra de 34.902 matramonios canónicos incoados en la provincia.

Son muy numerosos los casos de uniones familiares o conyugales sin legalizar que van acompañadas

de numerosos problemas de toda índole: humanos, religiosos, económicos, sociales, jurídicos etc. Es

criterio compartido por amplios sectores de la Iglesia española que el, divorcio civil es una necesidad

cuando menos el mal menor. Cosa sorprendente y esperanzadora en relación con lo que se decía por

estas tierras hace unos años cuando la II República aprobó la ley divorcista del 32.Sorpresas igualmente,

que la epinión más generalizada entre los teólogos de nuestro país exprese, que la indisolubilidad

absoluta del matrimonio no es ningún dogma de fe exigido definitivamente por la Iglesia a los creyentes.

Los juristas coinciden plenamente cuando, abordan el tema de los claro-oscuros de la legislación civil

española que esta es decimonónica, que no se ajusta a la realidad y necesidades de nuestra sociedad actual

y que confunde y dificulta más qué aclarar.

Salvo Alianza Popular, que. dice ser confesional porque el franquismo es confesional, todas las fuerzas

políticas, incluyendo los grupos y partidos democratas-cristianos, son favorables y decididos partidarias

de un divorcio civil, partiendo de respeto a la libertad religiosa que exige una evolución de la legislación

civil. A riesgo de ser tachado de reiterativo, quedaría lesionada la igualdad jurídica de los ciudadanos, es

decir, la igualdad de los ciudadanos ante la ley civil, si son discriminados en la futura normativa la

inmensa mayoría de los ciudadanos por haberse casado religiosamente, es decir, por la Iglesia. Como

afirma el Concilio: "La autoridad civil debe proveer que la igualdad jurídica de los ciudadanos, la cuál

pertenece al bien común de la sociedad, jamás, ni abierta ni ocultamente, sea lesionada por motivos

religiosos ni que se establezca entre ellos ninguna discriminación"(DH6).

Los últimos del divorcio

España es de los escasos países del mundo cuya legislación civil rechaza cualquier forma de divorcio. En

Europa sólo forma tándem con Irlanda del Sur. Las leyes sobre esta materia son más papistas que el Papa

y tan siquiera completa lo que la misma Iglesia admite: el trámite de anulación de los casados por lo civil.

Italia, el último país europeo que sometió a referéndum una ley divorcista, encontró por su peculiaridad

religiosa e histórica la oposición de numerosos partidarios del antívorcio, entre ellos al Vaticano, Gabrio

Lombardi, un católico integrísta,-organizó una campaña para reunir el medio millón de firmas necesario

para organizar un referéndum que aboliera la ley. Alcanzada la cifra mencionada -se politizó el tema e

Italia" se vio dividida en dos por los recios vientos de vaticanistas, demo-cristianos integristas y misinos.

Los partidarios del divorcio ganaron con un 59,1 por 100, por lo que la ley de 1 de diciembre de 1970,

propiciada por el socialista Fortuna y el liberal Baslini, continuó en vigor. De poco sirvió la "cruzada"

contra el divorcio que se volvió contra sus promotores.

Recientemente manifestó el arzobispo de Tarragona, monseñor Pont i Gol, que la Iglesia de España no

debía caer nuevamente en el error histórico de proclamar una "cruzada" contradivorcista a la sociedad

española. Los católicos de nuestro pais pueden quedar obligados en conciencia a la indisolubilidad del

matrimonio como opción de fe, no como norma impositiva y única que afecte a un Estacto que lucha

esforzadamente por recuperar y conquistar su pluralismo.