UNA DESASTROSA COINCIDENCIA

No haber evitado la coincidencia de las elecciones, comprendida la previa campaña electoral,

con el período de renovación de los convenios colectivos, ha sido uno de los errores máximos

de la política gubernamental. Sea por las razones que fuere —temor de anticipar las elecciones

municipales, fracaso en la renovación de -acuerdos con las centrales sindicales, parecen las

más importantes—, la campana y las elecciones están condenadas a sufrir una tan fuerte como

inconveniente presión sindicalista.

No negamos, entiéndase bien, !a normal proyección política de los sindicatos, ni su legítimo

apoyo a ¡os partidos de los que son rama o con los que sienten mayor afinidad. Censuramos

solamente la imprevisión o la imprudencia por la cual se han politizado, con notorio extremismo,

las huelgas al calor de la contienda electoral. En no pocos casos, huejgas que celebradas en

otro tiempo hubieren tenido más rápida y fácil solución son ahora conflictos enconados; y con

propósitos de lucha política.

Naturalmente —porque éste es su lógico juego—, ¡as centrales sindicales aprovechan al

máximo la propicia ocasión para demostrar su fuerza a dos bandas: hacia sus afiliados y hacia

el partido del que son base activa. La demostración de fuerza cumple, a su vez, dos

finalidades: por el lado de la afiliación, aumentarla; de cara al partido, mantener, presente y

viva, su capacidad de movilización de masas.

Y naturalmente, también, los partidos que viven en simbiosis con las centrales —muy

cIaramente, en este caso, el PSOE y el PCE— esperan cosechar más votos, estimulados por la

irritación antisocial, antiempresarial, antigubernamental, que late en toda huelga.

Vive España, cercada en semejante si tuación, sus días más dramáticos, desde el comienzo

del cambio político. El asentamiento dé la democracia, por el que se pagó el oneroso tributo del

consenso, puede fracasar en eílas: porque más destrozada todavía la economía de las

empresas por la ofensiva sindicalista durante la campaña electoral, cosa será de ver cómo se

mantiene una democracia de corte occidental, una democracia (iberal, sobre un país

económicamente deteriorado. Más posible parece, desde el desmantelamiento económico, una

derivación hacia «modelos» democráticos Indeseables, cualquiera que sea el resultado de las

elecciones.

¿No estaremos confiando demasiado en el abrigo del techo constitucional, ya conseguido,

mientras se intensifica una tenaz labor de zapa que está minando los cimientos del edificio y a

la que nadie dedica, por lo visto, la atención que por su gravedad merece? ¿Tendrá nuestro

país —digno de mejor suerte— que pagar esta convocatoria electoral a tan altísimo precio

económico, por tá simultaneidad con la que se producen la ofensiva sindicalista contra las

empresas y la dedicación, casi exclusiva, del Gobierno a la conquista de votos para su partido?

Seguramente, la situación no tiene ya remedio por perjudicial que sea. Pero debemos sacarla a

público comentario para subrayar, primero, un grave error político que está dañando

intensamente la economía española; y segundo, para dejar el testimonio histórico —por lo que

valga, en este artículo— del comportamiento sindicalista durante las elecciones de marzo de

1979 y durante su precedente campaña electoral. Porque luego, cuando se sufran las

consecuencias del mayor hundimiento de la economía, recomenzarán las eternas quejas contra

inversores y empresarios y las sempiternas demandas de más puestos de trabajo al Gobierno

de turno.