Los sectores progresistas de UCD y la izquierda tienen por objetivo que los españoles puedan acogerse a

la ley de Divorcio en los primeros meses del año.próximo, y quieren evitar a toda costa más

aplazamientos que podrían dar lugar a que la visita del Papa a España actúe negativamente para la

aprobación definitiva de esta importante ley.Hoy comienza la cuenta atrás de un debate parlamentario,que

se presenta duro y sensibilizará a la opinión pública.

DIVORCIO

Hay que aprobarlo antes de que venga el Papa

Objetivo de sectores centristas y de la izquierda

Manuel SURIANO

Madrid — La izquierda será inflexible en la defensa del reconocimiento del divorcio por mutuo acuerdo

de los cónyuges durante los debates de este proyecto de ley, que puede decirse que comienza hoy con la

fijación del calendario de trabajo de los once diputados, que, a partir de esta semana, estudiarán las casi

trescientas enmiendas y elaborarán el informe correspondiente.

En la ponencia de la Comisión de Justicia, a puerta cerrada, se va a dar la primera batalla por la

consecución de un divorcio más o menos progresista. El Gobierno, bajo los auspicios del ministro de

Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, está dispuesto a flexibilizar sus posturas y admitirá la

modificación de su proyecto de ley.

Pero todavía es una incógnita si el límite hasta donde el Ejecutivo está dispuesto a llegar, venciendo las

resistencias de los sectores centristas más conservadores, dará satisfacción a las exigencias de la izquierda

y a millones de españoles progresistas.

Ordóñez se la juega

El PSOE se enfrenta al debate con una postura inicial tajante: «En materia de libertades y derechos no hay

rebajas posibles, y en este sentido el divorcio en España debe situarse en las cotas más modernas y civi-

lizadas», dijo ayer a DIARIO 16 un diputado socialista miembro de la ponencia.

El PSOE toma por la palabra al ministro de Justicia, quien ha afirmado que el divorcio en España no

puede ser «carca» y ha de contemplarse de manera progresista. Los socialistas emplazan al ministro

social-demócrata: «Fernández Ordóñez se la juega políticamente en este tema, y si quiere conseguir su

objetivo, que admita nuestras enmiendas», señaló el portavoz del PSOE citado.

En conversaciones de pasillos en el Congreso, Fernández Ordóñez ha comentado la necesidad de eliminar

del proyecto de ley «las incrustraciones» democristianas introducidas en el texto. Entre bromas y en serio,

ha llegado a decir que está dispuesto a dejar la cartera ministerial si la ley de Divorcio no sale

medianamente progresista.

En teoría, es partidario del divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges. Está por ver si este concepto se

refleja en el texto, expresamente o de manera encubierta, tal como, a juicio de medios centristas, se

recoge en el proyecto gubernamental.

Que viene el Papa

Se teme que la Iglesia interfiera las discusiones con pronunciamientos como el del primado y potencie la

resistencia que este tema suscita en amplios sectores de UCD, como son el democristiano y el del Opus

Dei, quienes consideran un asunto de conciencia sobre él que no se puede imponer la disciplina de

partido. Estas presiones ya paralizaron la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros y su

envío al Parlamento.

Se quiere evitar, a toda costa, que el divorcio esté pendiente de su legalización cuando el próximo año

viaje el Papa a España, ya que su conocida postura conservadora en este tema podría dar al traste con la

ley.

Los democristianos de UCD, que hasta ahora impulsaron este proyecto de ley, se inhibirán del tema como

consecuencia del cese de Iñigo Cavero en el Ministerio de Justicia. Ya no mediarán las positivas gestiones

ante la jerarquía, realizadas por el ex director general de Asuntos Religiosos, Eugenio Nasarre. El nuevo

director general, Luis Apostua, dijo ayer a DIARIO 16 que éste ya no es un tema de su competencia,

porque queda sometido al juego parlamentario. Desde su punto de vista personal, como diputado de UCD,

el proyecto es «muy defendible y atiende al centro sociológico del país».

Para primeros de año

La ponencia de los once diputados que hoy fijará su calendario de trabajo podría concluir su informe en el

mes de octubre. Se calcula que en noviembre habrá concluido el debate en la Comisión, para pasar al

Pleno del Congreso en el mes de diciembre.

En estos cálculos se interfiere el arduo debate de los Presupuestos Generales del Estado, que podrían

retrasar la aprobación de la ley de Divorcio. Después, se iniciará el trámite en la Cámara Alta y los

senadores ya han demostrado repetidamente que no están dispuestos a que se le presenten los proyectos

como hechos consumados. Las modificaciones del Senado tendrán que estudiarse nuevamente en el Pleno

del Congreso.

Ayer, el ministro de Justicia, Fernández Ordóñez,se reunió con los ponentes centristas Jiménez Blanco,

Escartín y María Dolores Pelayo. Todo parece indicar que el ministro les ha pedido que mantengan

posturas de celeridad y flexibilidad.

Condiciones del PSOE

El primer punto que el mayor partido de la oposición considera innegociable es el reconocimiento del

divorcio por mutuo consentimiento de los cónyuges. Propugnan un acercamiento de nuestro país, en este

tema, al entorno geopolítico, como es el caso de Francia, donde se reconoce este tipo de divorcio.

Los socialistas se oponen también rotundamente a la imposibilidad de accederdirectamente al divorcio, ya

que el proyecto de ley exige una previa separación de los cónyuges. Consideran que estos dos procesos

encarecen y alargan el desenlace.

Asimismo, el PSOE rechaza tajantemente lo que denominan el «divorcio encubierto», que recoge el

proyecto. Consiste en equiparar los efectos de la nulidad eclesiástica con los del divorcio. De esta manera,

a juicio del PSOE, los católicos acudirán al matrimonio canónico al contar con esta salida. Se argumenta,

jurídicamente, que un matrimonio declarado nulo tiene efectos «ex-tunc» (desde entonces) y el divorcio

tiene efectos «ex-nunc» (desde la fecha). En función de este criterio se ha observado que en los últimos

años han aumentado considerablemente las nulidades y los teóricos eclesiásticos vienen potenciando esta

fórmula para oponerla al reconocimiento del divorcio.

Los socialistas también pretenden eliminar las facultades decisorias del juez para la concesión de la

separación. Al respecto, se señala que influirá la cláusula de conciencia en los jueces católicos o

cristianos, quienes podrán negar la separación, aunque los hechos probados aconsejen lo contrario.

Aunque se quiere evitar a toda costa que el debate esté condicionado por una «guerra de religión», por

anacrónico, el factor religioso va a influir de manera decisiva.