Los sectores progresistas de UCD y la izquierda tienen por objetivo que los españoles puedan acogerse a
la ley de Divorcio en los primeros meses del año.próximo, y quieren evitar a toda costa más
aplazamientos que podrían dar lugar a que la visita del Papa a España actúe negativamente para la
aprobación definitiva de esta importante ley.Hoy comienza la cuenta atrás de un debate parlamentario,que
se presenta duro y sensibilizará a la opinión pública.
DIVORCIO
Hay que aprobarlo antes de que venga el Papa
Objetivo de sectores centristas y de la izquierda
Manuel SURIANO
Madrid — La izquierda será inflexible en la defensa del reconocimiento del divorcio por mutuo acuerdo
de los cónyuges durante los debates de este proyecto de ley, que puede decirse que comienza hoy con la
fijación del calendario de trabajo de los once diputados, que, a partir de esta semana, estudiarán las casi
trescientas enmiendas y elaborarán el informe correspondiente.
En la ponencia de la Comisión de Justicia, a puerta cerrada, se va a dar la primera batalla por la
consecución de un divorcio más o menos progresista. El Gobierno, bajo los auspicios del ministro de
Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, está dispuesto a flexibilizar sus posturas y admitirá la
modificación de su proyecto de ley.
Pero todavía es una incógnita si el límite hasta donde el Ejecutivo está dispuesto a llegar, venciendo las
resistencias de los sectores centristas más conservadores, dará satisfacción a las exigencias de la izquierda
y a millones de españoles progresistas.
Ordóñez se la juega
El PSOE se enfrenta al debate con una postura inicial tajante: «En materia de libertades y derechos no hay
rebajas posibles, y en este sentido el divorcio en España debe situarse en las cotas más modernas y civi-
lizadas», dijo ayer a DIARIO 16 un diputado socialista miembro de la ponencia.
El PSOE toma por la palabra al ministro de Justicia, quien ha afirmado que el divorcio en España no
puede ser «carca» y ha de contemplarse de manera progresista. Los socialistas emplazan al ministro
social-demócrata: «Fernández Ordóñez se la juega políticamente en este tema, y si quiere conseguir su
objetivo, que admita nuestras enmiendas», señaló el portavoz del PSOE citado.
En conversaciones de pasillos en el Congreso, Fernández Ordóñez ha comentado la necesidad de eliminar
del proyecto de ley «las incrustraciones» democristianas introducidas en el texto. Entre bromas y en serio,
ha llegado a decir que está dispuesto a dejar la cartera ministerial si la ley de Divorcio no sale
medianamente progresista.
En teoría, es partidario del divorcio por mutuo acuerdo de los cónyuges. Está por ver si este concepto se
refleja en el texto, expresamente o de manera encubierta, tal como, a juicio de medios centristas, se
recoge en el proyecto gubernamental.
Que viene el Papa
Se teme que la Iglesia interfiera las discusiones con pronunciamientos como el del primado y potencie la
resistencia que este tema suscita en amplios sectores de UCD, como son el democristiano y el del Opus
Dei, quienes consideran un asunto de conciencia sobre él que no se puede imponer la disciplina de
partido. Estas presiones ya paralizaron la aprobación del proyecto de ley en Consejo de Ministros y su
envío al Parlamento.
Se quiere evitar, a toda costa, que el divorcio esté pendiente de su legalización cuando el próximo año
viaje el Papa a España, ya que su conocida postura conservadora en este tema podría dar al traste con la
ley.
Los democristianos de UCD, que hasta ahora impulsaron este proyecto de ley, se inhibirán del tema como
consecuencia del cese de Iñigo Cavero en el Ministerio de Justicia. Ya no mediarán las positivas gestiones
ante la jerarquía, realizadas por el ex director general de Asuntos Religiosos, Eugenio Nasarre. El nuevo
director general, Luis Apostua, dijo ayer a DIARIO 16 que éste ya no es un tema de su competencia,
porque queda sometido al juego parlamentario. Desde su punto de vista personal, como diputado de UCD,
el proyecto es «muy defendible y atiende al centro sociológico del país».
Para primeros de año
La ponencia de los once diputados que hoy fijará su calendario de trabajo podría concluir su informe en el
mes de octubre. Se calcula que en noviembre habrá concluido el debate en la Comisión, para pasar al
Pleno del Congreso en el mes de diciembre.
En estos cálculos se interfiere el arduo debate de los Presupuestos Generales del Estado, que podrían
retrasar la aprobación de la ley de Divorcio. Después, se iniciará el trámite en la Cámara Alta y los
senadores ya han demostrado repetidamente que no están dispuestos a que se le presenten los proyectos
como hechos consumados. Las modificaciones del Senado tendrán que estudiarse nuevamente en el Pleno
del Congreso.
Ayer, el ministro de Justicia, Fernández Ordóñez,se reunió con los ponentes centristas Jiménez Blanco,
Escartín y María Dolores Pelayo. Todo parece indicar que el ministro les ha pedido que mantengan
posturas de celeridad y flexibilidad.
Condiciones del PSOE
El primer punto que el mayor partido de la oposición considera innegociable es el reconocimiento del
divorcio por mutuo consentimiento de los cónyuges. Propugnan un acercamiento de nuestro país, en este
tema, al entorno geopolítico, como es el caso de Francia, donde se reconoce este tipo de divorcio.
Los socialistas se oponen también rotundamente a la imposibilidad de accederdirectamente al divorcio, ya
que el proyecto de ley exige una previa separación de los cónyuges. Consideran que estos dos procesos
encarecen y alargan el desenlace.
Asimismo, el PSOE rechaza tajantemente lo que denominan el «divorcio encubierto», que recoge el
proyecto. Consiste en equiparar los efectos de la nulidad eclesiástica con los del divorcio. De esta manera,
a juicio del PSOE, los católicos acudirán al matrimonio canónico al contar con esta salida. Se argumenta,
jurídicamente, que un matrimonio declarado nulo tiene efectos «ex-tunc» (desde entonces) y el divorcio
tiene efectos «ex-nunc» (desde la fecha). En función de este criterio se ha observado que en los últimos
años han aumentado considerablemente las nulidades y los teóricos eclesiásticos vienen potenciando esta
fórmula para oponerla al reconocimiento del divorcio.
Los socialistas también pretenden eliminar las facultades decisorias del juez para la concesión de la
separación. Al respecto, se señala que influirá la cláusula de conciencia en los jueces católicos o
cristianos, quienes podrán negar la separación, aunque los hechos probados aconsejen lo contrario.
Aunque se quiere evitar a toda costa que el debate esté condicionado por una «guerra de religión», por
anacrónico, el factor religioso va a influir de manera decisiva.