UNA SITUACIÓN ECONÓMICA INSOSTENIBLE

Por Higinio PARÍS EGUILAZ

HA sido una opinión muy generalizada entre los supuestos expertos económicos, que parecen desconocer

que la economía nojíse puede separar de la política «fila vida real, que las dificultades económicas eran

transitorias y que adoptando diversas medidas técnicas se conseguiría pronto la recuperación. Pero

nuestra opinión ha sido muy diferente; hace ya dos años, en un diario madrileño afirmamos que se había

iniciado un proceso de desintegración económica; los hechos, desgraciadamente, lo han confirmado.

El deterioro no es sólo debido al proceso inflacionista, sino al desequilibrio que se ha producido en la

situación interna de Jas empresas y uno y otro se reflejan en el paro y en la balanza de pagos. Esta

situación se inició con las fuertes alzas de precios del petróleo a fines de 1973 y se intensificó en el

segundo semestre de 1974, con un fuerte aumento de precios; pero los aumentos de producción fueron

todavía normales en el conjunto del año. Fue en 1975 cuando la grave anormalidad financiera de las

empresas se hizo manifiesta y a fines de 1976, se ha hecho casi insostenible.

En 1975, calificado en declaraciones oficiosas como el peor de los últimos veinte años, el volumen de

salarios anuales aumentó en un 25 por ciento, el salario por hora trabajada en un 30 por ciento y la

producción permaneció paralizada, mientras que los precios al por mayor, que condicionan los ingresos

de las empresas, sólo se elevaron en ,un 13 por ciento. Esta disociación entre ingresos y pagos, es la que

ha destruido el equilibrio financiero de las empresas, haciendo imposible atender las exigencias

financieras para mantener modernizados los equipos productivos y repartir un dividendo normal, a

precios constantes; en 1976 la disociación ha continuado y muchas empresas se encuentran fente a una

situación límite, con el peligro de derrumbamiento en muchos sectores.

Las medidas legislativas que se adoptaron en estos tres últimos años, sin duda con buen deseo, pero sin

profundizar en la naturaleza de las causas, obtuvieron pocos resultados. Los Decretos-Leyes de 30 de

noviembre de 1973, de 17 de noviembre de 1974, de 7 de abril de 1975 y de 11 de octubre de 1976,

trataron el problema en forma superficial, como si la crisis fuera exclusivamente económica, y aún desde

este punto de vista, diversas medidas fueron poco ´ congruentes con los • fines reactivadores que se

pretendía alcanzar. Ante una situación crítica de los empresarios industriales, en vez de aliviarles se

elevaron los impuestos sobre los beneficios y siendo insuficiente el volumen de inversiones, en vez dé

desbravar fuertemente los ingresos dedicados a esas inversiones en el impuesto sobre la renta, se estable-

ció un impuesto sobre el ahorro y aunque se adoptaron algunas medidas para estimular las inversiones en

las empresas, éstas no pudieron compensar los efectos negativos de los impuestos citados, y por tanto no

se consiguieron resultados favorables.

Los dirigentes políticos parecen haber olvidado que son los agentes subversivos los que promueven con-

tinuamente conflictos laborales, con exigencias de salarios fuera de las posibilidades de las empresas y los

dirigentes de los grupos social-comunistas ya anunciaron claramente que utilizarán toda clase de medios

¡como arma de lucha. En Alemania en un gran número de conflictos" laborales, las reclamaciones de au-

mentos de salarios son menores del 5 por ciento, mientras que aquí esas exigencias son del 30 al 50 por

ciento y a veces más. En el programa económico publicado por el Partido socialista obrero español, se

indica no sólo que se nacionalizarán numerosos sectores, sino también que en lo que se refiere a las

Sociedades anónimas, se suprimirán los derechos de los accionistas y se traspasarán a unos Consejos de

trabajadores y esta democracia habrá de ser autogestionaria y todo ello en una República socialista-

federal y éstas son las propuestas que muchos consideran como un "socialismo moderado". Si ya en la

actualidad los dividendos, en general, no cubren ni la mitad de los aumentos del coste de vida, aún

contando con los beneficios de las ampliaciones de capital, que en muchas empresas están

desapareciendo, no existiendo por tanto rentabilidad efectiva,, a precios constantes, sino pérdidas y

haciendo que la inflación termine progresivamente con el ahorro, es lógico que ante la situación actual y

las perspectivas que significan los programas expuestos, de partidos con los cuales se conversa por los

dirigentes políticos, las consecuencias sean el hundimiento de la Bolsa, la inflación, la insuficiencia de

inversiones y por tanto el paro y la salida de capitales.

En el reciente Pleno del Consejo de Empresarios, el pesimismo era muy profundo y en él se afirmó, "NOS

ENCONTRAMOS HUNDIDOS Y DESMORALIZADOS". "Las concesiones están por encima de las

posibilidades de las empresas" "No es suficiente con oferta de créditos, pues es necesaria la demanda" Se

ha perdido el espíritu de trabajo". Esta subversión es un problema político. Y 110 hay más posibilidad de

lucha eficaz que declarar fuera de la legalidad todos los grupos marxistas, cualquiera que sea su nombre,

porque no tienen nada que ver con el socialismo democrático europeo, ni con una política social justa.

Constituyen la vía para que unos partidos revolucionarios destruyan el régimen actual, e implanten un

régimen social-comunista, absolutamente antidemocrático y antipopular. La mayoría está deseando que se

adopten las medidas que propugnamos, pues ya demostró el último referéndum, que la influencia de las

asociaciones subversivas sólo alcanzan del diez al quince por ciento de la población y seria los obreros

quienes más se beneficiarían de la supresión de esas actuaciones subversivas. Pero si continúa la

tolerancia actual, la economía se desintegrará y por ello solicitamos con todo respecto, pero con toda

energía, que se supriman toda clase de diálogos y de conversaciones con los dirigentes marxistas, porque

nadie que conozca la realidad puede confiar en ellos para conseguir pactos políticos o sociales. Su

objetivo permanente es destruir el régimen y muchas veces hemos indicado que la subversión no es

legalizable.

Un factor importante en la degradación económica, es la distribución del Presupuesto de gastos entre los

funcionarios, que está provocando conflictos permanentes en la Administración. En nuestra opinión no

son equitativas las retribuciones que se distribuyen por complementos entre los altos funcionarios, ni

entre los distintos Cuerpos, que ni siquiera se publican en detalle, como es obligación legal; ni muchos

coeficientes, demasiado bajos, que determinan las retribuciones base; no es necesario señalar casos

concretos que están a la vista de todos; tampoco es equitativo computar para efectos pasivos solamente el

sueldo base y sólo en una parte, con lo cual las pensiones efectivas de los funcionarios del Estado que

representan alrededor del cuarenta por ciento de las que perciben en activo, e incluso menos. De ahí la

urgencia de una completa revisión de las retribuciones´ de los funcionarios por los diversos conceptos,

aumentando en unos casos y reduciéndolas en otros, así como la elevación de ¡J#s que perciben las clases

pasivas. Análoga revisión y siempre con publicidad, se debe realizar en el personal de toda clase de

organismos oficiales.

En fin, la situación de la balanza de pagos, es otro factor muy grave que se une a los anteriores y como

hemos venido señalando hace tiempo, su saneamiento exige con toda urgencia aplicar medidas, no sólo

indirectas, sino además limitaciones cuantitativas, como las adoptan otras Naciones cuando se encuentran

en esa situación, si se quiere evitar la quiebra financiera de España en el plano internacional. Lo más

lamentable, es que si se adoptasen !as propuestas indicadas, de lucha contra la subversión marxista,

distribución equitativa del presupuesto del Estado y saneamiento de la balanza de pagos por restricciones

cuantitativas, no sólo del petróleo sino también de otros productos, acompañadas de otras medidas,

renacería la confianza en los empresarios, se reduciría la inflación y la situación mejoraría rápidamente.

Pero los intentos de llegar a acuerdos con los dirigentes del social-comunismo, harán imposible la

normalización económica y la estabilidad política y en nuestra opinión, conducirán al fracaso del régimen

actual.

31 - DiciEMBRE — 1976