Fernández Ordóñez: "La última palabra la tiene el Parlamento"

«La última palabra sobre este asunto la tiene el Parlamento, que es el representante soberano del pueblo

español», manifestó ayer a EL PAÍS el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, nada más

conocer el documento de los obispos. Asimismo expresó su «confianza en que el Pleno del Congreso de

los Diputados que debe debatir esta ley no se retrase», y recordó que los diputados de UCD también

habían votado favorablemente el proyecto en la Comisión de Justicia.

En este sentido hay que recordar que el democristiano Osear Alzaga, presidente de la Comisión de

Justicia del Congreso, manifestó a EL PAÍS el 19 de diciembre, al término de los trabajos de la comisión:

«Nuestro grupo no planteará ningún problema al texto de ley de Divorcio aprobado por la comisión ni en

el congreso de UCD ni en instancias parlamentarias posteriores, porque no hay que olvidar que este

proyecto se elaboró en la época de Landelino Lavilla, entró en el Congreso firmado por Iñigo Cavero, y

sus modificaciones sustanciales han sido redactadas por Escartín» (también democristiano).

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Justicia, Enrique Linde, señaló que son tres las cuestiones

fundamentales del documento, y que éstas no son estrictamente ciertas. Tras señalar que él personalmente

respetaba «cualquier manifestación pública de cualquier confesión religiosa», puntualizó, desde un punto

de vista jurídico, algunas apreciaciones eclesiásticas que no se ajustan a la realidad.

Por un lado, responde a la afirmación episcopal de que el actual proyecto de ley «admite el divorcio

consensual, y cualquiera de los cónyuges, por decisión unilateral, puede obtener el divorcio sin

demasiadas dificultades», y que, «sin afirmarlo, viene a hacerse posible que una parte pueda repudiar a la

otra y hasta que pueda solicitar el divorcio precisamente el cónyuge culpable de la ruptura». Según

Enrique Linde, «esto no es cierto, porque para obtener el divorcio por mutuo acuerdo tiene que haber

concurrencia de ambas voluntades y en tres momentos distintos: cuando ambos cónyuges presentan la

demanda de separación o divorcio, cuando se ratifican ante el juez y cuando firman el convenio regulador

del divorcio. De todo lo dicho», afirma Linde, «se deduce, sin lugar a dudas, que en ningún caso la

decisión unilateral de uno de los cónyuges puede determinar el divorcio por mutuo acuerdo».

Sobre esa apreciación de los obispos de «obtener el divorcio sin demasiadas dificultades», Enrique Linde

matiza: «De esta apreciación puede deducirse que la ley propicia el fraude, y nada hay más inexacto, ya

que se han tomado todas las garantías para que esto no suceda». Respecto al repudio, «hay que decir

rotundamente que no hay en la ley nada que tenga que ver con el repudio, porque al cónyuge abandonado

se le da la oportunidad de impedir al otro acceder directamente al divorcio si efectivamente es el cónyuge

abandonante» (artículo 82), «pero no acaba aquí la imposibilidad de repudio», prosigue. «El cónyuge

supuestamente abandonado tiene en su mano el impedir llegar al acuerdo con el otro y, por consiguiente,

no firmar el convenio regulador».

«Por otra parte», continúa Linde, «se dice en el apartado cuarto del citado documento que el tipo de

matrimonio diseñado en el proyecto de ley tiene menos estabilidad que otros contratos de menor

trascendencia. No podemos, en absoluto, estar de acuerdo», concluye, «porque hemos legislado bajo el

supuesto de que la familia es una estructura básica de la sociedad, pero pensamos también que su

afianzamiento no va a producirse impidiendo que, cuando dicha estructura no funciona, el Estado no haga

nada para resolver la crisis producida».