Diario 16/17-enero-79

Elecciones y responsabilidad

Pedro de Vega García

(Catedrático de Derecho Político)

No deja de ser significativo el hecho de que tanto quienes critican la decisión del presidente Suárez de

convocar en estos momentos elecciones generales, como quienes consideran que dicha convocatoria era

inexcusable, hayan marginado de sus respectivas argumentaciones los más importantes y significativos

problemas. Por parte de los defensores de las elecciones generales se han aducido básicamente dos tipos

de razonamientos: en primer lugar, la .necesidad de dar una culminación lógica y definitiva al proceso

constituyente. Y, en segundo término, la urgencia de formar un nuevo Gobierno que, basado en una

mayoría parlamentaria más amplia, permita afrontar decididamente los muchos y graves problemas

planteados.

Por parte de los críticos de la convocatoria las razones expuestas son mas abigarradas y complejas. En

este sentido, comienza por denunciarse la incongruencia que supone e! que, después de tres años de

transición se proceda a la convocatoria de unas nuevas elecciones generales sin haber sustituido todavía la

estructura del poder municipal y local de la época de la dictadura. Por otro lado, y desde el punto de vista

de la efectividad política inmediata, se ha entendido que las elecciones para l único que van a servir en

estos momentos es para perturbar la adopción de medidas en temas y problemas (terrorismo, crisis

económica, desarrollo de la. Constitución y de los procesos autonómicos), que no admiten dilación; de

ningún tipo. Y, por último, no han faltado quienes consideran que, en el mejor de los casos, las elecciones

generales no pasarán de constituir una operación históricamente inútil. Su lógica no puede ser en apa-

riencia mas contundente y aplastante: si los resultados electorales —como es presumible— no variarán

notablemente de los obtenidos en junio de 1977, y si, a su vez, dadas tas actuales circunstancias

españolas, resulta impensable otra política que la practicada hasta ahora por el presidente Suárez: ¿qué

sentido tiene apelar a una nueva consulta popular que ni creará mayorías parlamentarias más sólidas, ni

permitirá orientar la política nacional por nuevos derroteros?. La conclusión no puede ser mas evidente:

en el mejor de los casos se trata de una operación perfectamente inútil.

El rábano por las hojas

No es por supuesto esta ocasión la más oportuna para seguir discutiendo en los términos planteados hasta

ahora la procedencia o improcedencia de las elecciones generales. Lo que importa, es poner de manifiesto

ésa singular capacidad de las élites políticas nacionales que les lleva al permanente ejercicio de tomar el

rábano por las hojas.

Es verdad que son muchos, graves y tremendamente conflictivos los problemas que ¡a democracia tiene

que afrontar. Es igualmente cierto que las elecciones generales van a paralizar, momentáneamente, la

adopción de medidas que permitan de una manera eficaz solucionar esos problemas. Pero no es menos

claro que la cuestión política fundamental que, hoy por hoy, tenemos planteada los españoles es la

consolidación del propio régimen democrático. Y es desde esta óptica desde la que, a pesar de todas las

inconveniencias, la convocatoria de elecciones generales constituía una necesidad ineludible.

Lo primero que necesita una democracia para poder subsistir es una estructura estatal coherente con sus

propios principios y postulados. AI mismo tiempo, resulta inconcebible un régimen democrático sin un

mínimum de participación popular, y sin un mínimum, también, de efectividad de la opinión pública. Que

todos estos supuestos —coherencia de la estructura estatal, participación popular y.-; opinión-pública—

han sufrido un grave deterioro a lo largo de toda la etapa constituyente es, algo que nadie puede poner

seriamente en duda. No se trata, como es obvio, de hacer ahora la crítica de esta etapa constituyente, pre-

sidida por el consenso y los compromisos secretos, entre otros motivos, porque al lado de las lacras y

defectos, habría justamente que precisar sus logros y virtualidades. De lo que se trata es de poner de

manifiesto cómo in elecciones inmediatas las taras de la transición, y sin niguna por cierto de sus

justificaciones, se hubieran visto irremediablemente potenciadas.

Parlamentarismo y asambleísmo

Por lo que a la estructura del Estado hace referencia, acaso no sea ocioso recordar que forma parte de la

lógica de la democracia parlamentaria que los procesos constituyentes concluyan siempre con la

disolución del propio poder constituyente. Proceder de otra manera equivaldría a desvirtuar desde su naci-

miento la estructura más íntima del régimen parlamentario. Un poder constituyente que se perpetúa

después de aprobada la Constitución, más que un poder legislativo propio del régimen parlamentario,

termina convirtiéndose siempre en el poder legislativo de un régimen de asamblea. Ni que decir tiene que

en un país como el nuestro, sin tradiciones democráticas, y con evidentes tentaciones asambleístas a lo

largo de todo el proceso constituyente, la disolución de tas Cámaras representaba una obligación

inexcusable. Puede suceder que las elecciones no sean una solución definitiva. Pero lo que es claro es que

sin elecciones nos .hubiéramos encontrado los españoles ante una Constitución en la que se establece un

régimen parlamentario, y ante una práctica política funcionando bajo los esquemas del régimen de

asamblea. Habrá quien defienda, desde un democraticismo utópico y radical, el asambieísmo puro, como

habrá quién defienda el parlamentarismo puro. Lo que no tiene sentido en ningún caso es montar una

estructura estatal parlamentaria y luego operar dentro de ella bajo los supuestos que corresponden a

estructuras diferentes.

Precisamente por no tener en cuenta estos elementales principios, nuestros parlamentarios constituyentes

olvidaron que si un régimen convencional puede subsistir sin confrontaciones ideológicas importantes en

el seno del poder legislativo, y sin una incidencia notable de la opinión pública (como es sabido el

asambleísmo termina estabilizándose en organizaciones más o menos dictatoriales), un régimen

parlamentario será siempre inestable y débil sin una opinión pública que le secunde y un Parlamento que

refleje las inquietudes populares.

Responsabilidad y opinión pública

Por doquier se había de la necesidad de un Gobierno fuerte. Y ciertamente no está reñida con la estructura

de la democracia parlamentaria la posibilidad de crear un ejecutivo sólido y con autoridad. Lo que ocurre

es simplemente que para que exista un Gobierno fuerte, la estructura estatal y política de la democracia

parlamentaria debe ser coherente y correctamente ordenada. Es en este contexto en el que, a mi juicio,

hay que situar ía significación e importancia de las próximas elecciones. Su virtualidad vendrá dada en

cuanto servirán, por un lado, para avivar la conciencia colectiva, recordando al país que sin el apoyo de

todos no cabe democracia posible, y, por otro lado, acaso sirvan también para que los partidos modifiquen

sus estrategias y eviten los errores del pasado.

La tantas veces criticada falta de autoridad del actúa) Gobierno no procede de otra fuente más que de una

impresionante falta de responsabilidad política. Con un ejemplo quizás se aclare y se comprenda lo que

quiero decir. En Italia, pongamos por caso, la fuga de un preso político moribundo determinó, hace unos

meses, la inmediata dimisión del ministro de Justicia. En España se producen accidentes masivamente

mortales, con escenas dantescas, como el ocurrido el verano pasado en el camping de la provincia de

Tarragona, o sé operan fugas masivas en las cárceles, sin que se produzca la mínima reacción política. Es

obvio que no se puede acusar personalmente a nadie de los hechos acaecidos fortuitamente. Sin embargo,

no es menos cierto que una sucesión de acontecimientos, social y emocionalmente graves, sin que el

poder ni la oposición reaccionen ante ellos, no hace más que crear la imagen de un Estado

irresponsable, con un deterioro notable de toda su estructura.

Lamentablemente nuestros políticos no han comprendido que la responsabilidad del Gobierno es, por un

lado, una responsabilidad que exige el Parlamento y, por otro, una responsabilidad más seria y grave ante

la opinión pública. Cuando se discutió el voto de censura constructivo se repitió una y otra vez la

conveniencia de implantarlo en nuestro ordenamiento para evitar las crisis recurrentes de Gobierno. A

nadie sé le ocurrió criticar la memez colosal de esta argumentación, recordando simplemente que más

importante que la responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento es la responsabilidad del Gobierno

ante la opinión pública. En una democracia parlamentaria que funcione, son mínimas las crisis minis-

teriales que obedecen a mociones de censura. La mayoría proceden siempre de presiones de la opinión

pública. Baste recordar el caso de Italia, tan improcedente y neciamente citado muchas veces por nuestros

constituyentes.

Y he aquí la cuestión que surge inevitablemente y que justifica esta ya larga digresión: ¿Servirán las

elecciones como instrumento de responsabilización colectiva y como medio para corregir errores y

prácticas nocivas del pasado?. Si se está de acuerdo en que el más urgente y decisivo problema sigue

siendo el de la consolidación de la democracia, habrá de convenir también que los planteamientos

electorales tendrán que encaminarse y definirse desde una estrategia general de defensa de. la democracia.

F.n este sentido, la ruptura definitiva del consenso en ¡as campañas electorales, la necesidad de crear la

imagen de un Estado que para ser responsable y fuerte va a apoyarse en la confianza popular; la con-

veniencia de definir las coaliciones gubernamentales que cada partido puede aceptar en el f futuro...

representan otros tantos temas que deben quedar meridiam meridianamente claros en todos los programas

electorales. Se trata, sin embargo, de cuestiones que iremos precisando más detenidamente.