Acuerdo salarial y calendario político, condiciones básicas del plan

Seis son las condiciones previas para programar una política que trate de conseguir la recuperación de las

tasas de crecimiento de las inversiones:

1. Una mejora en los factores sociales y políticos, que condicionan el quehacer de la empresa y una

mejor adaptación del empresario a los nuevos perfiles de la sociedad española. Es evidente que entre

los factores de incertidumbre propios de la crisis de la inversión española figuran !os decisivos

cambios políticos y sociales producidos en el país en los últimos años. Si el tiempo político limitara

la repercusión de sus considerables incertidumbre, dificultando —si no impi-mediante un programa

negociado y aceptado de política económica por tres años, se dispondría de un clima diferente del

actual y del inmediato pasado para esperar la recuperación de 3as inversiones. La política económica

española tiene que basarse en el consenso y en la contribución al necesario esfuerzo colectivo por

cada uno >ie los grupos sociales, si es que se desea salir de la crisis. Una política de confrontación

agudizaría la incertidumbre, dificultando —si no impidiendo— la recuperación de las inversiones;

De ahí la importancia de disponer de un programa de política económica pactado por tres años como

reductor de las incertidumbres de la inversión.

2. El crecimiento de la economía debe ser asegurado durante un plazo medio para permitir la recuperación

de las inversiones. Sólo ese crecimiento continuado consentirá que las empresas eleven permanentemente

la cifra de ventas y presionará sobre la utilización de la capacidad, condiciones necesarias de una

demanda de inversiones. E! plazo de tres años del programa está también exigido por el propio período de

planificación de las inversiones por la empresa: las inversiones en capital fijo parecen programarse

mayoritarimente en e! seno de la empresa para un período de tres años. Sin hacer coincidir el horizonte

temporal del programa con el del empresario no parece que pueda conseguirse ese flujo de inversiones

privadas que se necesita.

3. La existencia de una política de rentas constituye en tres sentidos un condicionante destacado de la

inversión privada: asegura y hace previsibles los movimientos del coste de producción, factor decisivo

para programar las inversiones; una política de moderación responsable en el crecimiento de los salarios

debe permitir la recuperación del excedente empresarial motivo, de la inversión privada y fuente de

financiación de la misma; finalmente, la política de rentas, en cuanto reduce el coste del trabajo, facilita

una mayor y mejor utilización de las instalaciones industriales, elevando la productividad y el rendi-

miento de las inversiones realizadas, lo que permitirá reducir la inflación al tiempo que se consigue el

desarrollo de la economía.

4. Una nueva política de precios condiciona, asimismo, e! crecimiento de la inversión privada. Los

criterios básicos de la política de precios se han expuesto ya con anterioridad (EL PAÍS, 3 de octubre)" Su

doble objetivo: evitar la inflación reprimida y liberalizar precios y mercados deben favorecer y no

perjudicar a la inversión privada.

5. Una mejor utilización de la fuerza de trabajo por la empresa, lograda por una mayor movilidad de la

mano de obra, con el mismo empleo, y una mayor flexibilidad en los sistemas de contratación del trabajo,

constituyen condiciones de las que es preciso disponer para aumentar las inversiones.

6. El programa de política económica debe aprobarse cuanto antes. Se ha demorado excesivamente su

elaboración y negociación. Sé ha perdido así un tiempo que se pagará caro en términos de las inversiones

y el empleo de 1979. Ha de tenerse en cuenta que los cálculos disponibles sobre la experiencia en la

realización de inversiones indica que la materialización de los pedidos en aumento de la producción tarda,

al menos, un año para realizar el 50% del total de las inversiones, y en quince meses no se pasa

normalmente de la inversión total del 60%. Ello quiere decir que, ea el supuesto de que la decisión de

invertir estuviese ya tomada, la demora de sus efectos sobre la producción y el empleo sería muy

considerable y difícilmente alcanzaría el año 1979 en la hipótesis de que la inversión se iniciase al

comienzo.