AUTONOMÍAS

EL PAIS, sábado 28 de marzo de 1981

El Consejo de Ministros acordó plantear recurso por inconstitucionalidad

El Gobierno estima quince posibles irregularidades en la ley de supresión de las diputaciones catalanas

DANIEL GAVELA

Un total de quince aspectos de la ley del Parlamento de Cataluña sobre «Transferencia urgente y plena de

las diputaciones a la Generalidad» pueden incurrir en inconstitucionalidad o violar el propio Estatuto de

Autonomía de Cataluña, según ha señalado una fuente gubernamental. El Consejo de Ministros acordó

ayer elevar un recurso de inconstitucionalidad contra dicha ley, ante la actitud reiterada de la Generalidad

a desoír los requerimientos que se hacían desde Madrid para que modificara algunos apartados de fa

misma.

Simultáneamente al acuerdo del Consejo de Ministros, la Diputación de Barcelona ratificó ayer, por 41

votos a favor y dos en contra —pertenecientes a los dos diputados provinciales centristas—, el acuerdo

que en su día tomara la comisión mixta Generalidad-Diputaciones para traspasar los servicios de éstas al

ente autónomo. Esta ratificación de la Diputación de Barcelona, cuya coincidencia en el tiempo con el

recurso elevado por el Gobierno no está exenta de intención, se produce después de que el presidente de

la Generalidad, Jordi Pujol, solicitara de las diputaciones catalanas la ratificación de dichos acuerdos. La

Diputación de Tarragona aprobó el jueves la ratificación; la de Gerona, ayer, y la de Lérida !o hará el

martes.

El presidente de la Diputación de Barcelona, el socialista Marti i Jusmet, comunicó a los miembros de la

Corporación que habla recibido una notificación del Ministerio de Administración Territorial, en la que se

ie advertía de la posible inconstitucionalidad de la ley de supresión de las diputaciones. Martí subrayó que

la. Corporación no tenía otro remedio que cumplir la ley en cuestión, por lo que solicitó el voto favorable

de los diputados, que obtuvo por abrumadora mayoría.

La ley recurrida por el Gobierno fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 17 de diciembre del

pasado año, sobre eí supuesto de que el mantenimiento de tas funciones de las diputaciones provinciales

constituía un obstáculo para la nueva ordenación territorial de Cataluña. La ley establece que, una vez

desaparecidas las diputaciones, se crearán unos consejos territoriales, compuestos por los actuales

diputados provinciales, a los que se les reservan funciones residuales. La desaparición de la organización

provincial es una vieja aspiración catalana, por considerarla un elemento centralizador.

El Gobierno se ha decidido a recurrir contra esta ley después de solicitar estudios jurídicos que apuntan

una clara violación de la Constitución, que establece obligatoriamente, según uno de los Informes que

obran en poder del Gobierno, tanto la existencia de las provincias como ente local y división territorial,

como la de las diputaciones provinciales, que son las corporaciones encargadas de su gobierno y

administración autónoma (artículos 137 y 141).

La transferencia en bloque de tedas las competencias de las diputaciones a ía Generalidad convierte a

ésta, según el informe seguido por ei Gobierno, en una entidad con competencia de Administración local,

encargada del gobierno y administración autónoma de la provincia, lo que, además de no estar de acuerdo

con los principios antes citados de la Constitución, infringe el espíritu de la disposición transitoria sexta,

apartado 7, del Estatuto de Cataluña, «ya que éste no prevé ni eí tránsito de todas las competencias ni la

extensión de las diputaciones».

De acuerdo con eí informe jurídico; que se extiende en varias consideraciones, el Gobierno entiende que

la Generalidad sólo puede asumir parcial y no plenamente las competencias de las diputaciones, por lo

que, además de modificar Sos contenidos del artículo primero, también debe ser cambiado eí propio título

de la ley, de modo que se refiera a la creación y regulación de los consejos territoriales de Cataluña.

Las competencias asumidas por las diputaciones por delegación, estima el Gobierno, no pueden ser

transferidas a la Generalidad sin autorización de la Administración delegante, por lo que debería ser

modificado el artículo segundo, apartado 2 de la ley. El Gobierno exige, entre otros temas, que el traspaso

de funcionarios se someta a lo que establezcan las bases de Régimen Local y que los consejos territoriales

que sustituyan a las diputaciones tienen que tener reconocidas competencias, no sólo en materia de

gobierno, sino también de administración.

Otros desacuerdos

Al margen del recurso contra la ley de supresión de las diputaciones que el Gobierno ha decidido plantear

ante el Tribunal Constitucional, existe en el seno del mismo descontento con otras actuaciones de la

Generalidad, por entender que violan el espíritu de la Constitución.

Así, por ejemplo, se señala el uso indebido del término nación en eí preámbulo de la Ley 1/1980, por la

que se declara fiesta nacional de Cataluña la jornada del Once de septiembre. «De entre esos símbolos

destaca», se dice en ei preámbulo, «la existencia de un día de fiesta en el que la Nación exalta sus

valores...». «Ahora, cuando Cataluña reemprende su camino de libertad, los representantes del pueblo

creen que la Cámara legislativa tiene que sancionar lo que la Nación, unánimemente ha asumido».

El Gobierno considera, asimismo, que el Decreto 90/1980 sobre normalización del uso del catalán en los

órganos de la Administración de la Generalidad ignora lo establecido en la Constitución y en el Estatuto

catalán, referente al principio de cooficialidad de las lenguas catalana y castellana. También estima

inapropiada la utilización del término nacional en la denominación del Archivo de Cataluña. Otra

violación de la Constitución y el Estatuto catalán es para el Gobierno el hecho de que el Boletín de la

Generalidad se publique integramente en catalán.