FINANCIACIÓN DE LA GENERALIDAD

En estos días se va a dictaminar por la correspondiente Ponencia del Congreso el proyecto de

ley de Financiación de las Comunidades Autónomas que, una vez aprobado por las Cortes

Generales, será de aplicación en Cataluña y el País Vasco, inicialmente, completándose así el

proceso abierto por la Constitución.

Aunque los criterios generales son comunes, no cabe duda de que desde el punto de vista de

su financiación ambos territorios presentan características diferentes. El texto que tiene qué

debatirse en el Parlamento aparece «articulado alrededor de la idea de autonomía financiera,

entendiendo por tal la capacidad de las comunidades autónomas para decidir tanto la

estructura como el nivel de prestación de los sevicios públicos cuya competencia hayan

asumido, por entender que una situación en la que faltase cualquiera de ambos requisitos

difícilmente podría calificarse de autonomía financiera». En este sentido se regulan las distintas

fuentes de recursos: ingresos de derecho privado procedentes de su patrimonio y de las

operaciones de crédito que concierten; aportaciones del .Estado .en forma de transferencias o

como impuestos estatales cuya gestión se ceda a la Comunidad y, finalmente, fondos que

deriven de la propia capacidad impositiva, bien sea en forma de recargos sobre exacciones de

la Hacienda central o como tributos propios.

Cataluña, a la que nos referimos hoy, ha optado por un modelo de financiación que guarda

semejanza con el alemán. El volumen de recursos estará en función de las competencias que.

se le otorguen en el desarrollo del Estatuto. El sistema combina el reparto de fuentes tributarias

entre Hacienda y la Generalidad con una participación en aquellos ingresos cuya recaudación

se reserva el Estado.

Es evidente que la creación de nuevas figuras impositivas de ámbito autonómico o incluso el

encargo en las contribuciones centralizadas no va a suponer muchos ingresos, al encontrar

resistencia en la población como consecuencia del aumento de la presión fiscal. Otra vía para

allegar fondos la constituye los impuestos cedidos por el Estado: sobre el patrimonio, sobre

transmisiones patrimoniales, sobre sucesiones y sobre el lujo, siempre que se recaudé en

destino. Así sucede, en estos mismos casos, en países de estructura federal, como Alemania o

Suiza, ya que se trata de gravámenes que, al ser difícilmente trasladables, pues se aplican a

hechos imponibles realizados dentro del territorio, resultan apropiados para su gestión por la

comunidad autónoma.

En un estudio realizado por el Banco de Bilbao se señalan las cantidades recaudadas en

Cataluña por esos impuestos, en 1977, limitándose en el caso del lujo por su fácil

desagregación al impuesto sobre la gasolina y al que pesa sobre la adquisición y tenencia de

vehículos. Ei total no llegó a 30.000 millones de pesetas, cantidad a todas luces insuficiente

para afrontar el sostenimiento de los múltiples servicios que el Estatuto atribuye a la

Generalidad.

Queda, pues, como la fuente más importante el coeficiente de participación en la recaudación

global del Estado por imposición directa e indirecta, incluidos los monopolios fiscales. Sin

embargo, este coeficiente ha de negociarse entre el Estado y la Generalidad cuando haya

finalizado el traspaso de servicios o al sexto año de vigencia del Estatuto, fecha en la que

.lógicamente se habrá podido evaluar con cierta exactitud el coste que supone el

mantenimiento y desarrollo de las competencias entregadas a la Administración autonómica. El

proceso de financiación, para completarse, tiene, pues, un largo recorrido.