F R A N CO

Hoy hace veintidós años que el general Francisco Franco asumió los poderes de Jefe del Gobierno del

Estado español y Generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, que le confería el decreto

de 29 de septiembre de 1936, firmado por la Junta de Defensa Nacional. En aquella ya lejana hora de

incertidumbre y riesgo, Franco se puso al frente de la España nacional y la condujo a la victoria. La

legitimidad de sus poderes supremos fue refrendada en 1947 por el pueblo español al aprobar por una

mayoría del 93 por 100 la Ley de Sucesión, cuyo artículo segundo dice: "La Jefatura del Estado

corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, don Francisco Franco Bahamonde." El carácted

vitalicio de esta magistratura ha sido destacado por el propio Jefe del Estado en su último discurso ante el

Pleno de las Cortes Españolas con ocasión de la promulgación solemne de la Ley de Principios. Unos

Principios claros y precisos, que nos place reproducir a continuación de este comentario. La legitimidad

de origen de los poderes de Franco es evidente, y ha sido reconocida prácticamente por todos los Estados

soberanos. Diecinueve años de convivencia pacífica y laboriosa de los españoles son un alto exponente de

la legitimidad de ejercicio de la autoridad de Franco.

Un mundo hostil, envenenado por oscuros resentimientos y por una propaganda tan tendenciosa como

temporalmente eficaz, quiso encerrar a la España Nacional en el círculo infernal de un doble bloqueo,

político y económico. Uno de los motivos más poderosos del cambio de clima que lentamente se fue

produciendo en la opinión mundial fue la significación religiosa del Alzamiento; es decir, su carácter de

Cruzada. El documento capital es la "Carta Colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con

motivo de la guerra de España", firmada en 1937 por la totalidad del episcopado español, con la única

excepción de los metropolitanos de Tarragona, Vitoria y Orihuela. A ese texto se habían adherido en 1938

más de 900 obispos de todo el mundo. En la carta colectiva se señalaba "que la Iglesia, a pesar de su

espíritu de paz, y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la

lucha." Y se añadía: "Hoy por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz

y los bienes que de ella se derivan que el triunfo del Movimiento Nacional. Tal vez hoy menos que en los

comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de todos sus hombres de

gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social." La Iglesia se pronunciaba, pues, de modo

solemne, por la España que acaudillaba Franco. Esta actitud produjo honda impresión en todo el mundo, y

aceleró el cambio ya iniciado de la opinión mundial en favor de nuestro país. El Cardenal Primado, en sus

pastorales "Las dos ciudades" (1936),. "El triunfo de la Ciudad de Dios" (1939). "La Restauración

Cristiana", 1943, y especialmente "El valor de Patria del Catolicismo" destacó el carácter de Cruzada del

Movimiento Nacional. Sus palabras son tajantes: "Aun teniendo nuestra guerra, en algunos de sus

aspectos, todos los caracteres de una Cruzada, tanto, por lo menos, como algunas guerras de religión que

registra la Historia, se intenta separar el hecho de la guerra y sus consecuencias del catolicismo patrio."

En el fondo, calificar de Cruzada a la lucha capitaneada por Franco, era la forma suprema de legitimación

del Estado nacido el 18 de julio. El Cardenal Primado ha insistido sobre este punto muy recientemente

con ocasión de su discurso a la hermandad de Alféreces Provisionales el pasado día 30 de junio.

El último testimonio trascendental sobre la sustancial legitimidad de nuestro Estado procede de uno de los

más eximios de nuestros juristas, el catedrático de la Universidad de Madrid, hoy presidente del Tribunal

Supremo, don José Castán, quien ha dedicado el pasado día 15 su discurso de apertura de los Tribunales a

glosar desde las perspectivas filosóficojurídicas del pensamiento contemporáneo, la Ley Fundamental de

Principios del Movimiento Nacional de 17 de mayo de este año, que reproducimos en otro lugar de este

número. En su discurso, ya comentado en estas columnas, el profesor Castán señala como notas

características del Estado Español las siguientes: "Primero. El respeto profundo a la tradición jurídica y

política como base y raíz de la conciencia histórica que orienta e inspira el Movimiento. Segundo. Una

concepción orgánica, antiindividualista y antipartidista de la vida económica, construida con elementos

intervencionistas y de un sindicalismo moderado, y bajo una fuerte preocupación de sent i d o

social. Tercero. Como influencia más dominante, la concepción católica del mundo y de la vida,

imponiendo el reconocimiento da la primacía de los valores espirituales sobre los materiales, y

dando un sentido armónico a las diversas estructuraciones estatales." Este juicio, de uno de los más

eminentes jurisconsultos de nuestra nación, no hace sino destacar a la par que las lealtades religiosas de

nuestro Estado, su legitimidad esencial y constitutiva.

En su citada "Carta colectiva" el episcopado español decía en 1937 refiriéndose al futuro: "Seríamos los

primeros en lamentar que la autocracia irresponsable de un Parlamento fuese sustituida por la más terrible

de una dictadura desarraigada de la Nación." Y concretando este pensamiento añadía nuestra jerarquía

eclesiástica: "Confiamos en la prudencia de los hombres de gobierno, que no querrán aceptar moldes

extranjeros para la configuración del Estado Español futuro, sino que tendrán en cuenta las exigencias de

la vida íntima nacional y la trayectoria marcada por los siglos pasados." Esta esperanza se ha visto

realizada por el proceso de institucionalización del Estado Español, aun no concluso, pero llevada a cabo,

según las palabras del presidente del Tribunal Supremo, dentro del "respeto profundo a la tradición

jurídica y política"; es decir, dentro de las líneas trazadas por la "Carta colectiva" del episcopado español.

Confiamos en que pronto las leyes fundamentales anunciadas rematarán la estructura del Estado nacido el

18 de julio y configurarán definitivamente la organización constitucional de la Monarquía católica, social

y representativa.