Dificultades para realizar encuestas de opinión Informaciones. 05/12/1975. Párrafos 12. Dificultades para realizar encuestas de opinión Por Manuel GOMEZ-REINO Y CARNOTA PARA contemplar en toda su amplitud el verdadero alcance del decrete que regula las empresas dedicadas a encuestas de opinión, es preciso hacer referencia a una serie de problemas sin los cuales el análisis del mismo puede resultar parcial y muy limitado. La mención en la exposición «le motivos al «auge y difusión de las encuestas de opinión» resulta a todas luces insuficiente y reduce considerablemente la importancia de la cuestión. El auge y difusión no es más que la consecuencia de algo mucho más importante en la sociedad actual, la opinión pública. Las encuestas, en todo caso, son el modo en que esta puede ser medida a través de un sistema científico. Lo que lleva a pensar que esta opinión pública lo que verdaderamente preocupa. La opinión pública, y por ende las encuestas que la miden, son boy día instrumentos imprescindibles en la sociedad para orientar las acciones de una gran parte de los individuos responsables que han de tomar decisiones en los diferentes ámbitos, económico, profesional, político, etc. Por tanto, toda limitación en cuanto a la realización, conocimiento y utilización de las encuestas son de hecho una cuestión central en los países democráticos. En nuestro caso, un simple decreto puede, condicionar en gran medida algo que en los momentos actuales resulta vital para nuestro futuro. Al regular este tipo de estudios, en orden a su publicación, es preciso tener en cuenta que se está condicionando que «opinión pública», o que parte de ella, es a la que se quiere hacer llegar al conocimiento de los españoles. No parece que se trate, por tanto, de un problema de regulación de las empresas que realizan encuestas, sino que se pretende actuar a través de ellas sobre un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a emitir libremente sus opiniones y que éstas sean conocidas. Cualquier lector de las publicaciones del mundo occidental libre, tiene a menudo la oportunidad de ser testigo del sin-fin de encuestas que se realizan para la planificación económica, social y política. En ellas las opiniones positivas y negativas sobre las Instituciones y las personas, así como sobre aspectos de funcionamiento de las mismas, son lo que permite una toma de decisión racional y ajustada al deseo de la mayoría. ¿Cómo es posible orientar el cambio sin conocer cuales son las corrientes de opinión dominantes en un momento determinado del tiempo? Por lo regular, el cambio se hace necesario en función del desfase entre las expectativas y las Instituciones que ha de satisfacerlas. Si no se estudian las instituciones objetivamente no se podrá conocer en qué medida satisfacen los deseos y aspiraciones de aquellos a quien pretenden servir. Por tanto, de estricto carácter político habrá que considerar esta regulación, ya que desde cualquier otra perspectiva, como se verá, no tiene razón de ser su aparición. El decreto 2.951/1975, de 31 de octubre, plantea una serie de cuestiones cuya contestación puede ayudar a entender la finalidad del mismo. La primera, sin duda, es la de saber con qué fin se promulga, ¿para proteger los intereses de unos profesionales que obviamente no lo son de la información?, ¿para garantizar la correcta información de la población?, o, como dice su artículo 5.º, ¿para garantizar en la publicación el debido respeto a las Instituciones, las personas, la moral y las buenas costumbres? El primer interrogante ignora muchas cosas que es necesario aclarar, precisamente en aras de esa correcta información a los ciudadanos; una, se ha marginado por completo a los profesionales de la investigación de la opinión pública, que durante muchos años vienen trabajando en este campo y que, al igual que sus colegas de otros países, pertenecen a las organizaciones internacionales que llenan establecidos tanto los códigos éticos como los «standars» de calidad técnico-científicos. Una prueba evidente de ello es que el actual presidente dé WAPOR (Asociación Mundial para la investigación de la Opinión Pública), la máxima organización mundial en la materia, es un español. Juan José Linz. Otra, que en nuestro país existen hoy tres instancias claras que no pueden ser Ignoradas. La primera, el mundo sindical; la segunda, la asociación profesional AEDEMO (Asociación Española de Estudios de Mercado y Opinión), y la tercera, el mundo académico y científico. Pero ninguna de ellas ha sido consultada. Paro lo más grave es que con un criterio estrictamente finalista, el de la publicación de los datos en los medios de comunicación, se regula el ejercicio de una actividad profesional que lo único que tiene da «Información» es que estudia y ana-liza la opinión pública, salvo, claro esta, que por existir un Instituto de la Opinión Publica dependiente de dicho Departamento ministerial, cosa que no ocurre en ningún país democrático, se entienda por analogía comprendidos a estos profesionales en la esfera de competencia del Ministerio de Información. Ahora bien, si fuese necesario tomar medidas sobre su profesión, desean como cualquier otro grupo profesional, médicos, abogados, etcétera, ejercer el control ético-científico de ella, y no ser objeto de un control funcionarial que por complejo y difícil resultaría vejatorio. El segundo Interrogante ofrece pocas dudas. La mejor garantía de toda investigación está en el método y la técnica aplicada, para lo que existen códigos de ética y «standards» de calidad técnico-científico, que, como ya liemos visto; se crean y están en continua renovación a nivel profesional e internacional. Lo que no cabe duda es que esta garantía debe ser profesional y no funcionarial o administrativa, salvo que se pretenda influir en el contenido a través del control técnico. Parece, pues, que se trata más de controlar (la opinión pública) que de garantizar una correcta actividad profesional. El último Interrogante nos sitúa ante el objetivo aparentemente real del decreto, impedir la publicación de toda encuesta que, «sean contrarias en su planteamiento o conclusiones, a los principios o instituciones contenidas en las Leyes Fundamentales, al respeto debido a las personas que las encarnan, a las exigencias de la defensa nacional, a los derechos do las personas o a las leyes de la moral y las buenas costumbres». Este texto recoge gran parte de las limitaciones impuestas por el artículo 2.º de la ley de Prensa e Imprenta a la libertad de expresión reconocida en el artículo 12 del Fuero da los Españoles, ¿qué objeto tiene, por tanto, repetir estas limitaciones para las encuestas, sí lo son de hecho para todo medio de comunicación en la que éstos aparezcan?, ¿a quién beneficia esta disposición legal? La contestación resulta evidente, no beneficia ni a la opinión publica ni a las empresas dedicadas a las encuestas, y la razón es obvia si tenemos en cuenta la polémica existente en torno al artículo 2º de la ley de Prensa e imprenta. ¿Por qué cuando se está pidiendo desde casi todos las instancias que este artículo desaparezca, se repite en una regulación legal casi literalmente? No se sabe aún cuál va ha ser el criterio de interpretación y desarrollo de dicho decreto, pero lo que no cabe duda es que existe el riesgo de que las empresas realizadoras de encuestas puedan convertirse en portavoces de la «opinión pública» de la Administración, ser todas ellas Indirectamente Institutos Oficiales de la Opinión Pública, lo que equivaldría a condenar al silencio una vez más a los españoles.