Puntualización en torno a los archivos republicanos

Arriba. 11/03/1978. Párrafos 8. 
PUNTUALIZACION EN TORNO A LOS ARCHIVOS REPUBLICANOS

MADRID. (De nuestra Redacción.)—En respuesta a la nota publicada en la Prensa acerca de 
que los Archivos del Gobierno Republicano en el exilio van a ser entregados a una institución 
privada, y a las razones alegadas por el señor Sainz Rodríguez para justificar tal donación, el 
director del Archivo Histórico Nacional, don Luis Sánchez Belda, remite una nota, en la que 
dice:

Manifestamos que no es admisible que un fondo documental perneciente al Estado español 
pueda caer en manos de una entidad cultural privada, por muy prestigiosa que ésta sea y por 
mucha amistad que una a los donantes con el recipiendario, ya que ni los primeros son dueños, 
ni el segundo representa al Estado, único propietario de una documentación producto de la 
actividad de un ente público. El Estado español posee:

1.    Derechos   inalienables  sobre   la   documentación   producida por sus órganos de 
gobierno.

2.    Unos funcionarios, sus archiveros, únicos a los que por ley les corresponde la custodia de 
dichos fondos y  la posibilidad de dar fe de la autenticidad de los mismos.

3.    Unos archivos que a lo largo de la historia se han manifestado como  los lugares más 
seguros contra  los avalares bélicos-políticos, que han acabado con tantos testimonios del 
pasado.

No es un «almacenamiento» con toda la carga peyorativa que la palabra en esta ocasión 
encierra, sino una conservación, |a que con los documentos se realiza en los Archivos del 
Estado. Concretamente en el caso que nos ocupa los fondos del Gobierno Republicano en el 
exilio irán a parar al Archivo General de la Administración Civil del Estado en Alcalá de 
Henares, edificio modernísimo, dotado de todos Eos adelantos técnicos, puesto como modelo 
de instalación y seguridad en el Congreso Internacional de Archivos celebrado en Washington 
en 1976.

Ordenar, inventariar, catalogar son requisitos indispensables, por supuesto, para que una 
documentación pueda ser utilizada por el investigador. Esto es lo que, sin cesar, vienen 
realizando los archiveros españoles con fondos mucho más complejos y numerosos que el 
simple archivo privado de Campomanes, del que se enorgullece la Fundación Universitaria.

Claro que 88 funcionarios (total actual de la plantilla de archiveros del Estado) es una cifra 
trágicamente irrisoria para la enorme, rica y variada masa documental de nuestro patrimonio. 

En este caso, como en cualquier otro, cabe que las económicamente poderosas fundaciones 
culturales colaboren generosamente con la propia Administración mediante subvenciones que 
permitan disponer de un amplio equipo de personas, quienes, bajo la directa e irreemplazable 
dirección del técnico estatal, contribuyan a acortar el proceso para la accesibilidad a aquellos 
documentos, cuya custodia deberá quedar siempre en manos del Estado.