TRIBUNA LIBRE El debate de la OTAN

Vientos del Atlántico

ENRIQUE MUGICA

Los problemas son muchos. El presente, difícil. La esperanza larga. Lo es porque aquellos tienen solución

capaz de trascender las horas tensionadas que vivimos.

Han llegado a un acuerdo las centrales sindicales, la CEOE y el Gobierno, lo cual subraya que en materia

tan empeñada la buena disposición consigue atemperar el abrupto chirriar de los intereses.

Se comienza a estudiar con seriedad la culminación del proceso autonómico para que el disparadero

folklorizante ceda por fin ante la reflexión dispuesta a vincular armoniosamente voluntad integradora y

legítimo sentido diferenciador.

Se converge en el imperativo de que la erradicación del terrorismo ha de coincidir con una acción frente a

individuos, grupos y medios que pretenden retrotraernos a la época en que un dictador prepotente

inspiraba adulación o temor.

Hay ministros que proclaman incluso, a veces, la conveniencia de reformar la Administración desde la

doble funcionalidad de que en el aparato de la seguridad carezcan de responsabilidad, quienes parecen

más dispuestos a sembrar o amparar inseguridades: y para evitar, por otra parte, la patológica elefantiasis

que podría surgir si la burocracia no tomara en consideración las necesidades autonómicas.

Pasar de la meditación a la decisión o ejecutar lo ya decidido en algunos de estos temas —que constituyen

el entramado de la irrevocable modernidad que España requiere— urge, insoslayablemente, hacia un

Gobierno que no se demore en el gesto o en la personal complacencia de sus componentes, sino que los

aborde resolutivamente desde la convicción compartida y el apoyo mayoritario.

Mas lo que sucede es lo contrario y a mayor abundamiento, se colocan en el primer plano problemas

graves que, en lugar de consolidar las deseables convergencias, parecen suscitar indebidas

contradicciones.

¿Es necesario apresurar el ingreso de España en la OTAN cuando nada positivo para el interés colectivo

propicia esta orientación? Desde la perspectiva de política interior, flaco servicio se hace a nuestros

militares alegando que, ligados a una comunidad defensiva —constituida para salvaguardar la

independencia de sistemas democráticos—, no podrían cultivar propósitos antagónicos a los

constitucionales. Lo que es certeza para minorías integristas se transpone en sospecha general que no

puede mantenerse en pie, sin contar además que los homónimos griegos y turcos de aquellas minorías, en

ciertas ocasiones, han desgarrado despiadadamente las sugestivas intenciones que manifiestan los Estados

partes del tratado en preámbulo del mismo, «determinados a salvaguardar la libertad de sus pueblos, su

herencia común y su civilización, basados en los principios de democracia y libertades individuales e

imperio del derecho».

De aquí se deriva que la garantía que nos da la OTAN en esta materia es la misma de una compañía de

seguros en suspensión de pagos. Desde la perspectiva de política exterior, un experto tan distinguido

como mister Kissinger, antiguo secretario de Estado norteamericano, en reciente visita a Madrid ha

declarado que la contribución española no reforzaría la capacidad ofensiva de la OTAN, lo que indica, a

sensu contrario, que sí modificaría su presente situación en el orden defensivo. Estos cambios ineludibles

del statu quo acarrearían evidentes perjuicios y no sólo por descompensar, consecuentemente, la relación

de fuerzas en toda Europa, lo que conduciría a provocar un nuevo equilibrio a través de peligrosas e

innecesarias tensiones, sino por su directa evidencia en nuestro propio suelo.

En la actualidad, y en virtud de la relación bilateral con Estados Unidos, existen bases militares utilizadas

por los servicios de este país, pero que se encuentran desnuclearizadas. ¿Cuánto durarían las promesas de

Calvo Sote-lo de que permanecerían en el mismo estado tras nuestro ingreso en la Alianza? Si no dan

resultado las negociaciones con la Unión Soviética para la retirada de los SS-20, y dentro de las

exigencias disuasorias se establecen los euro-misiles en naciones pertenecientes a la OTAN, como Italia,

Bélgica, Holanda, Dinamarca, ¿se podrá garantizar su no implantación en España? Y aun en el supuesto

de que las conversaciones de reducción de armamentos prosperaran temporalmente, ¿quién nos puede

asegurar en el mundo conflictivo que nos ha tocado vivir que vayamos a eximirnos del almacenamiento

nuclear?, y en el supuesto de una guerra mundial, con el riesgo de que no consigamos marginarnos, ¿no

sería mucho más proclive nuestro territorio a servir de blanco a los disparos atómicos que a

convencionales, si existieran depósitos del mismo tipo? La respuesta que se la haga cada uno, como se la

han hecho los ciudadanos que han respondido recientemente a un sondeo de opinión, adecuadamente

realizado, y que ha sido publicado por un semanario madrileño.

Consulta popular

Mientras el 27% de los encuestados se muestra partidario del ingreso en la OTAN, un 39% se expresa en

contra; mientras un 34% no responde. Existe, por consiguiente, en materia tan fundamental, implicando

incluso la supervivencia física de millones de españoles, una sensibilidad alerta que no se debe

desconocer y que implícitamente acusa a la prisa del Gobierno por destacar como prioritarias, materias

que en absoluto lo son y que pueden, por el contrario, crispar las razonables cooperaciones para sacar

adelante las grandes cuestiones que obligan a la convivencia de los españoles en paz y libertad.

En cualquier caso, parece lógico que, si el Gobierno quiere seguir adelante con sus propósitos, debiera

realizar una consulta popular, tanto más que no está mandatado, ni siquiera por su electorado, para

realizar esta dramática operación, tan frívolamente como se propone. No olvidemos que en las elecciones

generales de 1979, que convirtieron a UCD en la minoría mayoritaria, el tema no fue objeto de debate, ya

que, si lo hubiera sido, y dada su trascendencia, quizá los resultados se hubieran invertido. Por ello no

distorsiona la realidad tildar de fraude la implementación de unos votos para un destino que no fue

sacado, entonces, a colación.

El asunto es grave. Resulta evidente que los socialistas nos encontramos a gusto en el contexto

democrático del Occidente, y entendemos que de alguna forma defendemos valores queridos,

defendiéndolo. Lo mismo puede pensar, y de hecho es así, el Gobierno. Mas la diferencia es principal.

Mientras la actitud de éste parece dictada por el mero mantenimiento de intereses sectoriales y sectariales,

cuando no difícilmente individualizados, la nuestra apunta a fortalecer la seguridad con los menores

costes posibles.

Pedir a los ciudadanos que expresen su opinión en materia que tan agobiadoramente les afecta tanto en su

dimensión colectiva como personal, ¿parece exagerado? Hay ocasiones en que lo exagerado y lo

deformante procede de la moderada discreción de los conservadores.

Enrique Múgica es vicepresidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y secretario

de relaciones políticas del PSOE.