PROBLEMAS ELECTORALES

LOS DIPUTADOS Y LAS PROVINCIAS

La ley de Reforma Política, en la forma como ha sido aprobada por las Cortes y que ha de ser sometida a

referéndum de la Nación, dice que el Gobierno regulará las primeras elecciones a Cortes para constituir

un Congreso de 350 diputados y que Ja circunscripción electoral será la provincia, fijándose un numero

mínimo inicial de diputados para cada una de ellas.

Puestos en relación los 350 diputados con los 35 millones de habitantes del último censo corregido de

población, corresponden a un diputado poicada 100.000 habitantes, lo que, en principio, parece claro. De

hecho, surgen algunos problemas en razón a que la distribución de la población por provincias no es

exactamente múltiplo de 100.000. y a que hay que reservar un mínimo inicial de diputados para cada, una

de las provincias.

A nuestro juicio, los criterios que podrían servir de base a una distribución racional de los diputados

podrían ser los siguientes:

Primero.—El punto de partida debe ser que toda provincia tenga un diputado por cada 100.000 habitantes,

que es la proporción aritmética. De esta forma los diputados serán elegidos no solamente por sufragio uni-

versal, directo y secreto, sino también igual. Teniendo en cuenta las fracciones de población que no se

contabilizarían, la cifra total ascendería a 320 diputados.

Segundo. — Habría que asignar un diputado más a las provincias con fracciones superiores .a 60.000

habitantes, dado que en el censo rectificado para 1973 se encontraban en esta situación 21 provincias; esto

supondría otros tantos diputados más.

Tercero.—De ios nueve diputados restantes podrían consignarse uno a cada una de las ciudades de Ceuta

y Melilla, que tienen, respectivamente, 64.576 y 59.529 habitantes, y otros dos a Guadalajara. y Soria,

que, con arreglo a los anteriores repartos se habrían quedado con un solo diputado. Aún quedarían cinco

para distribuir entre aquellas provincias que en el censo de 1975 hubieren rebasado la fracción de 60.000

habitantes.

Los términos en que está concebido el precepto —«fijándose un número mínimo inicial de diputados para

cada una de ellas» (las provincias)— consienten esta interpretación, que consideremos la más lógica,

nvtosto que las provincias pequeñas, que, con la versión inicial del proyecto de ley se hubieran quedado

sin representación, ya tienen cuatro senadores, lo mismo que las grandes, y dos Ceuta y Melilla,

Si es racional que se procuré que las provincias pequeñas no queden s i n representación, no puede

olvidarse que en las elecciones a senadores ¡os españoles residentes en Soria tienen treinta y seis veces

más probabilidades que los españoles residentes en Barcelona, sin que se justifique esta flagrante dile-ren-

ia por el distinto carácter de la representación, pues la provincia no es una entidad miembro de ur estado

federal, si-L-O una mera circunscripción administrativa. Es mas, en Estados fedéralas como la República

Federal Alemana, se distingue la representación de los países en función de su población y en Italia, ya

regionalizada, los senadores guardan proporción con la población a razón de i por 200.000 habitantes,

cifra que propuse en una enmienda.

La elevación del mínimo inicial a tres diputado.os que propusimos en nuestra enmienda —una de las

pocas enmiendas— sólo hubiera sido posible aumentando el número de diputados lo que era aconsejable

por las mas variadas razones. Cambiadas las circunstancias al haberse mantenido inexplicablemente ei

número global de 350 no seria razonable señalar el mínimo de tres por provincias; aun en este caso la

distribución podría basarse en un diputado por 100.000, lo que haría 322; 17 diputados para completar los

tres y 11 diputados más para la» fracciones de restos.

Insistimos: e] sufragio debe ser no solamente universal, directo y secreto, sino también igual. Puesto que,

por razones distintas —y, en todo caso, poco convincentes— se h a n equiparado 1» s provincias a efectos

de la representación en el Senado —lo que supone un trato desigual para las provincias con importantes

núcleos de población y para las medidas— no debiera aumentarse más la desigualdad, reduciendo con

carácter general el número de diputados de todas por debajo de lo que exige un diputado poicada 100.000

habitantes o fracción superior a 60.000. Con ello, por beneficiar a unas pocas provincias se h a r i & un

gran perjuicio a la mayor parte de la población española.

No cabe pensar que los representantes o elementos caracterizados de las provincias con grandes núcleos

de población, que no reclamaron cuando se las equiparó a las pequeñas en el número de senadores, hagan

otro tanto ahora. En efecto, pueden correr el riesgo tía que, al amparo del precepto de la ley de Reforma

Política por el que se reconoce un mínimo inicial de diputados a cada provincia, se eleve de ma ñera

desproporcionada la representación de estas ultimas y con ello hacer imposible la distribución de los

diputados en la iorma indicada. Tampoco hay que olvidar que ésta es ia que cuenta con precedentes en

nuestro país, doüde tradicionalmente ei numero de diputados por provincia correspondió —hasta las

elecciones del año 1936, inclusive— a un diputado por cada 50.000 habitantes. Esta cifra, sin embargo,

con desacierto inexplicado todavía, se ha convertido ya en imposible por haberse fijado en 350 el número

de diputados.

Carlos IGLESIAS SELGAS